El campamento “Pitral Lauquen”:

ranqueles prisioneros de la 3a División Expedicionaria (1879)

Graciana Pérez Zavala*

* Universidad Nacional de Río Cuarto. Correo electrónico: gracianapz@gmail.com.

Introducción

Este artículo se inscribe en una investigación mayor en la que indagamos los itinerarios geográficos y sociales de los ranqueles sometidos (por presentación y/o prisión) durante la década de 1870 e instalados inicialmente en las provincias de Córdoba y San Luis. La misma se asienta en los aportes de enfoques históricos, antropológicos y etnohistóricos de las últimas cinco décadas, los cuales advierten sobre la complejidad de las relaciones entre hispano-criollos e indígenas desplegadas en la Frontera Sur Argentina. Esta se delimitó durante los siglos XVIII y XIX a través de fuertes y fortines extendidos desde Buenos Aires hasta Mendoza, que demarcaban las ocupaciones “cristianas” respecto de las sociedades indígenas soberanas. Entendemos la frontera como sede de relaciones interétnicas definidas por expediciones punitivas, malones, negociaciones de paz, vínculos comerciales, tránsito de hombres en calidad de refugiados y presencia de misioneros, entre otros sujetos sociales.

Partimos de abordajes que buscan otorgar historicidad a las poblaciones indígenas al recuperar su accionar político. Los estudios que analizan sus destinos luego de su sometimiento militar ante el Estado argentino son más recientes y buscan romper con aquella posición fuertemente cimentada en la historiografía argentina según la cual el desmantelamiento de la frontera militar implicó la desaparición (por muerte o asimilación) del colectivo indígena. Actualmente, esta presunción está siendo refutada por las discusiones que evidencian la pervivencia de indígenas en los territorios ocupados por los Estados argentino y chileno, desplegando sus propias estrategias de resistencia, tanto visibles como solapadas.

Entre abril y agosto de 1879, el ministro de Guerra y Marina Julio A. Roca dirigió la operación militar que modificó radicalmente las relaciones interétnicas, en razón de que con el avance de cinco columnas, provenientes de los fuertes de todos los tramos de la Frontera Sur, el Estado argentino estableció su límite en los ríos Negro y Neuquén, apropiándose del territorio indígena y de sus habitantes. Coincidiendo con otros autores, consideramos que esta política ofensiva trasciende este acontecimiento y debe ser inscripta en las discusiones sobre los alcances del concepto de genocidio en el abordaje de las relaciones entre Estado nacional y los pueblos indígenas (Delrio, 2015; Lenton y Nagy, 2019). Siguiendo a de Jong (2018: 233) y teniendo en cuenta los contextos de las guerras coloniales del siglo XIX, recuperamos el término “práctica social genocida” para dar cuenta de un proyecto de destrucción de ciertas relaciones sociales y, a su vez, de su reorganización, otorgando capacidad de decisión y resistencia a los indígenas.

Consideramos que los traslados compulsivos fueron medidas de disciplinamiento y, simultáneamente, “una manifestación del nuevo orden” (Lenton, 2014: 179). Por ello, la violencia fundante del Estado durante las expediciones “continuó reproduciéndose en el interior del territorio mediante diversas prácticas y mecanismos —burocráticos, territorializadores, represivos y sus correspondientes formas discursivas—”, que “habilitaron y condicionaron las trayectorias indígenas” (Pérez, 2016: 16). En ese sentido, distintos autores caracterizaron los puntos de aglomeración y reparto de prisioneros como “campos de concentración”. Lenton indica que, aunque en el siglo XIX ese término no poseía las connotaciones ligadas a Auschwitz, fue empleado “en la publicación de las memorias de George H. Newbery” (2011: 22). Por su parte, para Nagy y Papazian (2011), estos espacios pueden ser definidos de este modo porque su finalidad era hacer reconocible la asimetría de poder entre las sociedades interactuantes, buscando paralizar la oposición indígena. Por ello, resulta necesario focalizar en el estudio de su cotidianidad y en los mecanismos desplegados para lograr el control total del otro.

La documentación escrita y las memorias indígenas vinculan a estos lugares con una situación de concentración por un tiempo prolongado. Los sitios próximos a fuertes y fortines fueron descriptos como campos alambrados, tolderías o ranchos aledaños a campamentos militares o bien como “concentraciones” o “restos de tribus” (Delrio y Escolar, 2009: 1-2). Los grupos se encontraban encerrados y bajo vigilancia. Eran lugares de espera, en los que se repartían las familias, a la par que las muertes por hambre o falta de atención médica eran frecuentes. También suelen ser definidos como “cuarteles” en los que debían realizar trabajos forzados. Además, y ello marca la sistematicidad de la política estatal, se extendieron por todo el territorio argentino: Valcheta, Choele Choel, Chinchinales, Mendoza y Buenos Aires (Delrio y Ramos, 2011: 3).

De la mano de estas problemáticas, aquí nos centramos en el contexto de sometimiento de los ranqueles afectados por la 3a División Expedicionaria (abril-agosto de 1879) comandada por el coronel Eduardo Racedo. Específicamente, nos interesa reconstruir las condiciones de vida de los indígenas depositados transitoriamente en el campamento Pitral Lauquen1, el cual actuó como lugar de concentración y distribución de prisioneros en el marco de un diseño territorial que incluía fuertes y poblados de la frontera puntano-cordobesa (Villa Mercedes, Sarmiento Nuevo y Río Cuarto). La mayor parte de estos indígenas se identificaban como ranqueles.

Recurrimos a las publicaciones de Manuel Olascoaga (1940a; 1940b) y Racedo (1965), que compilan los partes militares e itinerarios de las columnas expedicionarias como también las instrucciones emitidas desde el Ministerio de Guerra y Marina a los distintos comandantes. La crónica de Racedo (1965) reseña los movimientos diarios de la 3a División e incluye los informes de los médicos (Dupont y Orlandini) y del capellán (Bentivoglio) que formaron parte de dicha columna. Complementamos el análisis con las cartas intercambiadas entre los franciscanos (depositadas en el Archivo Histórico Fray “José Luis Padrós” —AHCSF—y publicadas por Tamagnini, 2011) y sus registros de bautismo de indígenas (Archivo de la Catedral de Río Cuarto, ACRC). También recurrimos a documentos localizados en el Archivo General de la Nación (AGN), en Servicios Históricos del Ejército (SHE) y en el Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM). En paralelo, empleamos nuestros registros de trabajo etnográfico, con predominio de entrevistas, sobre pobladores que se definen como ranqueles y/o descendientes de estos o de cautivos cristianos, hoy residentes en las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa. Los relatos orales nos permiten contrastar y ampliar el universo documental decimonónico.

Políticas de sometimiento

Si bien aquí nos focalizamos en la “Campaña al Desierto” propiamente dicha, asumimos que el sometimiento y reparto de indígenas incluye una periodización que se distancia de la construida por la historiografía tradicional que reduce el dominio indígena al año 1879. En el caso del tramo puntano-cordobés, el adelantamiento de la frontera del río Cuarto al río Quinto en 1869 marcó un punto de inflexión en las relaciones entre el Estado argentino y los ranqueles. Esta modificación en el control territorial habilitó expediciones punitivas sobre el Mamüll Mapu que, entre 1871 y 1878, condicionaron las relaciones diplomáticas de la época y propiciaron la migración forzada (prisioneros) y por presentación de indígenas a las provincias de San Luis y Córdoba (Pérez Zavala, 2014).

Durante los gobiernos de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880), identificamos para con los ranqueles la conjunción de varias políticas: 1- diplomacia; 2- expediciones punitivas; 3- reclutamiento militar; 4- misiones religiosas; 5- colocación en ciudades tales como Río Cuarto; 6- envío de líderes indígenas (como trofeo) a la isla Martín García; 7- traslados compulsivos a centros agroindustriales (Tucumán) (Pérez Zavala, 2015).

Buena parte de los indígenas que permanecieron en la región puntano-cordobesa fueron instalados en los fuertes Villa Mercedes y Sarmiento, los cuales fueron militarizados y quedaron sujetos a las disposiciones del Ministerio de Guerra y Marina, y de los comandantes de la frontera. En la jurisdicción de San Luis estos grupos fueron nucleados en el “Piquete de Indios Amigos” (comandado por el capitanejo Simón Martín o Martínez, 1872-1882) y en la “3a División expedicionaria, indios de Cayupán” (1878-1880), con asiento en Villa Mercedes. En septiembre de 1880 ambos cuerpos quedaron bajo el liderazgo de Simón, y entre agosto de 1882 y junio de 1886 estuvieron apostados en la Guarnición Victorica (Territorio Nacional de La Pampa) con el nombre de “3era División, 2da Brigada”. En septiembre de 1886 parte de este grupo retornó a Villa Mercedes. Por su parte, los ranqueles instalados en la “Frontera sud y sud este de Córdoba” fueron organizados en la “Compañía Única de Indios Auxiliares”, liderada por Juan Villareal (1874-1884); el “Piquete de Indios de Santa Catalina”, encabezado por Linconao Cabral (1875-1884); y el “Escuadrón Ranqueles” (1877-1884), dividido en la 1a Compañía (cacique Ramón Cabral) y la 2a Compañía (cacique Francisco Aino). En noviembre de 1883, estos cuerpos fueron trasladados a Villa Mercedes y, un año después, fueron unificados en la “3era División, Escuadrón Ranqueles”. En mayo de 1886, fueron destinados al fortín General Acha, en el Territorio Nacional de La Pampa, donde se les dio de baja en junio de 18872.

Estos ranqueles, con sus familias retenidas en la frontera, participaron de las expediciones punitivas sobre la Tierra Adentro. En este marco, poco después de la firma del efímero tratado de paz de julio de 1878 y junto a la aprobación de la Ley nacional N° 947 (de adelanto de la frontera al río Negro), el ministro de Guerra y Marina Julio A. Roca ordenó a los comandantes de distintos fuertes (Patagones, Puán, Carhué, Guaminí, Trenque-Lauquen, Italó, Sarmiento, Villa Mercedes y San Rafael) avanzar sobre los indígenas de la pampa central. La Memoria de Guerra y Marina registra que las 35 expediciones grandes y pequeñas concretadas entre octubre de 1878 y marzo de 1879 “suprimieron” 8.305 indígenas: 1.250 fueron muertos y 7.055 quedaron bajo la potestad del gobierno argentino, entre ellos los caciques Epumer, Pincén, Catriel y Cayul3. Si sumamos las campañas de abril-agosto de 1879, la cifra final de indígenas sometidos rondaría en 14.172, sin incluir los “indios muertos en las persecuciones y a consecuencia del hambre en el seno mismo del desierto”4.

En base a la construcción de un corpus documental que considera la interrelación entre los registros de bautismos, matrimonios y defunciones del curato de Río Cuarto (1870-1900), las listas de revista de ranqueles militarizados (1872-1887), las cartillas del Segundo Censo de la República Argentina (1895) y los relatos orales, construimos un listado nominal (nombre y/o apellido) de alrededor de 1500 indígenas instalados en la provincia de Córdoba a fines del siglo XIX y cerca de 500 en el territorio de San Luis. En algunos casos pudimos reconstruir sus biografías, en otros las trayectorias del grupo y de muchos solo tenemos sus nombres (Pérez Zavala, 2018; 2019). A continuación, abordamos sucintamente la condición de los indígenas afectados por las operaciones de la 3a División porque su base de operaciones fue la frontera puntano-cordobesa. Pero también porque sus protagonistas fueron ranqueles en su doble condición: militarizados y presentados/aprisionados.

De las tolderías al campamento base de la 3a División

La 3a División Expedicionaria comandada por el coronel Racedo —que estaba secundado por los tenientes coroneles Rudecindo Roca (1a Brigada) y Benito Meana (2a Brigada)— asoló el territorio ranquel entre abril y agosto de 1879. Según Racedo (1965), su fuerza estuvo compuesta por 1.352 hombres y 16 familias. Dentro de este conjunto, 245 hombres (más 2 familias) eran ranqueles de Sarmiento y Villa Mercedes. A mediados de mayo, el campamento base fue instalado en la laguna de Pitral Lauquen, cercana a Poitagué. Desde allí salieron más de 10 expediciones generales, desprendiendo en su marcha partidas corredoras, que actuaron en un área comprendida, de norte a sur, entre los campos del Cuero y Traru-Lauquen. Por el suroeste hasta el río Colorado, por el este hasta Toay y por el oeste hasta el Chadileuvú (tabla 1 y figura 1 al final del escrito).

Oficialmente esta columna sometió a 6415 individuos (123 indios de lanza, 469 “chusma” y 49 cautivos cristianos) presentados y/o capturados en distintas fechas y lugares. Según los partes militares reproducidos por el jefe de la expedición, una vez apresados los indígenas quedaban bajo la custodia de una guardia especial dentro de la partida que los había tomado. En ocasiones permanecieron temporalmente en un acantonamiento mientras el resto de la fuerza seguía los rastros de otros indígenas. A su vez, al terminar sus operaciones cada expedición trasladaba a los prisioneros al campamento de Pitral Lauquen, aparentemente en caballos quitados a los indígenas. Este último aspecto contrasta con las referencias de los partes militares de la 4a División (liderada por Napoleón Uriburu), en los que se destacan las caminatas6.

Bajo una tónica compasiva, que refuerza el salvajismo indígena y deslinda el contexto de despojo generado por la política estatal, algunos diarios de marcha de la 3a División documentan la situación de los capturados. El informe de la comisión del mayor Sócrates Anaya (mayo de 1879) señala:

Los prisioneros se encuentran en el último estado de pobreza, completamente desnudos y sin más alimento que raíces y cueros viejos. (...) Están flacos, extenuados y hambrientos, a la vez que, según manifiestan sus semblantes al ver la carne que se les da y que la devoran casi cruda. Nuestros soldados, aun cuando pobres, no pueden ver otras necesidades que las que él pasa, así es que les dan carne y alguna pilcha para que se tapen7.

Luego de concentrarse unos meses en Pitral Lauquen, por consejo del médico Benjamín Dupont —fundado en las numerosas muertes de viruela— y seguramente para racionalizar los recursos de la división, el coronel Racedo remitió el 5 de agosto de 1879 a Villa Mercedes un primer contingente (170 prisioneros indígenas y 47 cautivos cristianos). El sargento mayor Juan Álvarez fue el responsable de su traslado junto a 2 oficiales y 45 de tropa. Según dice la crónica, partieron “convenientemente montados y racionados por 12 días”. Las familias fueron llevadas en carros de proveeduría “toldados”. Antes de marchar “el mayor Álvarez había hecho examinar y separar todos aquellos prisioneros que estaban enfermos o presentaban síntomas de tales, los que pasaron a atenderse en el lazareto”8. A su vez, el 25 de agosto de 1879, en momentos en que se levantaba el campamento, los enfermos fueron enviados a Sarmiento Nuevo en los carros de la proveeduría bajo el cuidado del Dr. Orlandini mientras que los sanos fueron movilizados junto a la tropa. Los indígenas tomados (118) por el comandante Sócrates Anaya entre agosto y septiembre de 1879 en la zona del río Chadileuvú habrían estado pocos días en Poitagué, porque al terminar la expedición la fuerza se dirigió a Sarmiento Nuevo y Río Cuarto9.

¿Dónde y cómo vivían los prisioneros en el campamento de Pitral Lauquen? El lugar de mayor concentración fue denominado “cuadro” o “depósito de prisioneros”, pero también existieron otros sitios de colocación de indígenas apresados: el lazareto, las carpas de los oficiales y las tolderías de los ranqueles militarizados. Los cautivos rescatados fueron situados en otro espacio. De ellos nos ocupamos seguidamente.

El cuadro de prisioneros y de cautivos rescatados

Entre abril y junio de 1879 los indígenas llegados a Pitral Lauquen fueron dispuestos en un lugar que carecía de leña y agua, por lo que el Batallón N° 10 de Línea (que los vigilaba) debió proveerles estos recursos10. El 8 de junio, con la intención de “hacer más llevadera la situación de los prisioneros”, el jefe de la 3a División buscó “la manera de asegurarlos, dándoles al mismo tiempo mayor holgura de que la que hasta entonces gozaran”. Para ello ordenó “formar un cuadrado de 100 varas, levantando en rededor un cerco de ramas” a la orilla de la laguna aledaña al campamento. Con esta medida se “evitaba gran trabajo a la guardia que los custodiaba” porque al ser escasas las “vasijas en que guardar el agua, había que llevarlos a cada instante para que bebiesen”. También se formó una “guardia de Depósito” (alternada diariamente) compuesta por un oficial, un sargento, dos cabos, un trompa y 30 soldados de los cuerpos de Infantería y Caballería que debía “dar cuenta directamente de todas sus novedades al jefe del Detall” y tenía que entregar y distribuir el racionamiento diario11.

Un pasaje de Racedo nos permite acceder parcialmente a las condiciones de vida de los indígenas. El militar anotó que la noche del 24 de junio fue “la más fría que se ha experimentado en toda la campaña” y, por tanto, el “llanto de los indios pequeños que había en el depósito de prisioneros era desolador. La completa desnudez en que se hallaban les hacía sentir con toda su horrible intensidad el rigor de la estación”. Siguiendo la lógica asistencialista naturalizada del pensamiento occidental y cristiano, añadió: “todos los jefes y oficiales de la División nos habíamos quedado con la ropa estrictamente indispensable, dándoles el restante para aliviar sus miserias”12.

La crónica no registra las posibles rogativas llevadas a cabo esa noche que marcaba, según las creencias indígenas, el inicio del nuevo año (We Tripantu). A la fecha tampoco tenemos relatos sobre esta dimensión. Igualmente, Delrio y Ramos apuntan que los relatos que anclan en la memoria social recuperan “este evento particular de la concentración y la deportación” (2011: 3), inscribiendo en los cuerpos femeninos y de los menores las experiencias compartidas de dolor.

A su vez, a medida que los prisioneros se iban concentrando en Pitral Lauquen, Racedo ordenó identificar a los cristianos cautivados. En junio de 1879 dispuso sacar del depósito a 17 de ellos, designándolos a “un lugar separado para todos, hasta tanto se presentara una ocasión oportuna para devolverlos al seno de sus familias”13. Al finalizar ese mes llegó al lugar un señor “llamado Vilches” buscando a su hermana. La muchacha estaba junto a los indígenas, siéndole “entregada”14. Por su parte, en julio de 1879, el franciscano Donati (residente en Villa Mercedes) estaba a la espera de los carros de la Proveeduría en los cuales el coronel Racedo le enviaría “todos los cautivos”15.

El tema de los cristianos cautivados es complejo, en razón de que está atravesado por las propias biografías de los involucrados. Si bien la intención de los militares y misioneros era distinguirlos de los indígenas, en los hechos habrían existido algunos condicionantes. El primero, con qué criterios se los identificaba: ¿los cautivos se presentaban como tales? ¿Los lenguaraces o indígenas auxiliares intervenían en su búsqueda? ¿Qué ocurría con aquellos que, por problemas con la justicia, por ser desertores u otras causas no querían darse a conocer? El segundo condicionante remite a la situación de los cautivos que permanecían entre los indígenas militarizados. En este artículo, por cuestiones de espacio, no desplegamos esta problemática.

Hospital y lazareto

En el campamento Pitral Lauquen también se dispuso un espacio para hospital militar y otro para lazareto. Sobre el primero, el franciscano Pío Bentivoglio apunta que levantó una capilla junto al mismo. Por los informes de los médicos Dupont y Orlandini pareciera que funcionó un hospital por brigada, en el que fueron atendidos los integrantes de la 3a División, más allá de su grado y pertenencia étnica.

El Dr. Dupont realizó dos reseñas sobre el estado sanitario, las enfermedades y muertes sucedidas en la 1ra Brigada (fuerzas de San Luis). El primero fue presentado a inicios de agosto de 1879 y el otro al término de la expedición16. El reporte del Dr. Orlandini trata sobre la 2a Brigada (fuerzas de Córdoba) y, al igual que el anterior, destaca como enfermedades predominantes en la tropa: diarrea, disentería, bronquitis catarral, gastritis, fiebre, etc. Comenta que entre los indígenas militarizados atendió a uno que tenía 15 lanzazos y otro, 17, añadiendo que el último había quedado “en el campo, casi exámine, durante una noche entera y un dia, y volvió después al campamento, donde sus compañeros lo creían muerto”17. Destaca así la capacidad de resistencia de los indígenas a las infecciones y recupera el caso de un prisionero que al intentar escapar fue herido en varios lugares, cicatrizando en un mes sin problemas. Más allá de la mirada clínica de los casos, lo visible es la violencia presente en los acontecimientos reseñados.

Entre los indígenas capturados, la viruela causó la mayor cantidad de muertes. El jefe de la 3a División las sintetiza en 15318. A lo largo de la década de 1870, la viruela afectó a los ranqueles, propagándose en paralelo a los movimientos de las fuerzas punitivas argentinas. Los partes de la 1a, 2a y 5a División referencian escuetamente la enfermedad, en cambio, los de la 3a y 4a aluden continuamente a ella porque gran parte de los prisioneros la padecían. Las partidas del coronel Racedo habrían tenido orden de apresar a todos los indígenas, inclusive los enfermos19. Actitud que ligamos, siguiendo a Lenton, a los principios “extractivos” (utilidad socioeconómica posterior) de las políticas argentinas para con los indígenas (Lenton, 2014: 85). En este sentido, y quizá porque la viruela también afectaba a los indígenas militarizados, y potencialmente a los soldados cristianos, desde el inicio de la expedición el coronel Racedo aceptó las sugerencias de los médicos higienistas (vacunación masiva y creación de un lazareto) y anotó la cantidad de enfermos20 enviados al lazareto.

El 22 de mayo de 1879 se anotaron los primeros casos de viruela en Pitre Lauquen por lo que el jefe de la división ordenó armar un lazareto, es decir “un ramadón de grandes dimensiones y retirado 15 cuadras del campamento”21. En este contexto, el franciscano Pío Bentivoglio empezó a “bautizar a los indígenas de menor edad, a fin de evitar que muriesen sin este signo de la redención cristiana”22. Un mes después el militar evaluaba trasladarse a otro paraje por el incremento de enfermos y aumentaba el personal afectado a su cuidado. También mandó “una india que ya había tenido y curado de esa enfermedad, para que les sirviera de enfermera”. Además, fray Bentivoglio “logra convertir tres chinos grandes que bautiza, lo mismo que 28 pequeños, que por su corta edad, estaban aptos para recibir este sacramento”23.

Pese a estas medidas, los casos continuaron, inclusive entre los cristianos. En la segunda quincena de julio se decidió que cada cuerpo formara su propia enfermería para aislar los infectados, quedando el lazareto “para uso exclusivo de los indígenas enfermos” (Racedo, 1965: 182). El jefe de la expedición decidió también enviar a los prisioneros a la frontera puntano-cordobesa porque allí los enfermos podrían ser atendidos y estarían al resguardo de las inclemencias del tiempo. Al comenzar agosto, el sargento mayor Álvarez partió hacia Villa Mercedes con buena parte de los prisioneros24.

En simultáneo se inmunizó “de brazo a brazo a todos los prisioneros y chusma”. Este método no impidió la propagación de la epidemia, pero sí generó la oposición de los indígenas, “pues tanto ellos [los niños] como los de mayor edad suponían que aquello era gualicho y se negaban tenazmente, dando gritos descompasados”25. Según el Dr. Orlandini la falta de higiene y alimento entre los indígenas incrementaba el desarrollo de la enfermedad. A ello se sumaba el miedo que les generaba, siendo práctica corriente entre ellos “abandonar al enfermo”, dejándole “una vasija de agua, algo con que taparse y el abrigo que pudiera prestarle algun monte en caso de existir o sino el desierto mismo le sirve de habitación”26.

Esta enfermedad no era nueva entre las poblaciones indígenas. A lo largo de varios siglos de relaciones interétnicas, estas la reinterpretaron según su universo de creencias muchas veces ligadas al “gualicho”. Pero también, recuperando el planteo de Jiménez y Alioto en su análisis de una epidemia de viruela en la Araucanía a fines del siglo XVIII, debemos mirar las fuentes de producción cristiana considerando los mecanismos de reapropiación y decisión racional de los indígenas para tratar la enfermedad. Por ejemplo, algunas de las agrupaciones procuraban evitar la propagación de la viruela separando a los enfermos, dejándoles alimentos y bebidas, con hierbas especialmente seleccionadas (Jiménez y Alioto, 2014: 182). Aquello que a la vista de los médicos higienistas era un criterio antihumanitario, para los indígenas habría sido una modalidad de supervivencia.

De manera paralela a la intromisión sobre los cuerpos indígenas a partir de la vacunación, las almas de los prisioneros buscaron ser salvadas según los principios cristianos. Los bautismos in articulo mortis a ١٥ indígenas adultos realizados en el campamento respondieron a esta lógica. El capellán Bentivoglio indica que en una ocasión le avisaron que en el lazareto había una moribunda a la que bautizó. Para ello llamó al “indio cristiano Bustos”27 para que le “sirviera de lenguaraz”, pero, cuando este “oyó de que se trataba, se apoderó de el un miedo tal”28 que ni sus razones ni las del médico Orlandini sirvieron para convencerlo de ir al lazareto. Después de la “intervención del Coronel Racedo”, Bustos acompañó al franciscano decidiendo no ingresar a la carpa donde estaban los enfermos. “Desde el otro lado” dicho indígena escuchaba las preguntas del misionero, “las traducia á los enfermos, tomaba las contestaciones de estos y me las transmitía”29. La anécdota sintetiza las imposiciones cotidianas sobre los indígenas (aun los militarizados) y también las acciones de estos para evitarlas.

Di Liscia (2009: 3 y siguientes) resume lo expresado indicando que, mientras para los indígenas la viruela era “gualicho”, los misioneros la concebían como “castigo divino”, en tanto que los médicos la consideraban una enfermedad providencial, indicativa de su extinción natural ante la incapacidad adaptativa de los nativos. Más allá de su interpretación, esta fue una de las principales causas de mortalidad en los lugares en donde se concentró a la población sometida bajo una política sanitaria (autoritaria). La vacunación masiva fue su mejor ejemplo porque aun cuando buscaba evitar nuevos contagios, su finalidad era conservar la fuerza de trabajo. Además, se efectuó sin el consentimiento de los involucrados a partir del principio de nacionalización forzada.

Por último, si asumimos como válidos los registros de la 3a División, más del 25% de los indígenas apresados murieron por viruela. En contraste, son escasas las referencias a muertos en combate. Esta proporción, más que indicarnos la ausencia de violencia durante las expediciones de conquista, nos remite a ella, a sus formas no bélicas, pero igualmente letales: el ultraje, el hambre, la falta de abrigo y la separación de las familias. A su vez, la política estatal hacia los sobrevivientes se impuso en un doble sentido: a través de medidas sanitarias y de los sacramentos cristianos. Por ello, el campamento Pitral Lauquen puede ser considerado un espacio no solo de concentración de indígenas sino también de transformación (de los cuerpos y de las “almas”) en el sentido esperado por los agentes estatales.

Carpas de los oficiales y soldados

En el campamento Pitral Lauquen, además del depósito de prisioneros y el lazareto, los indígenas pequeños y algunas mujeres fueron colocados en las carpas de los batallones y regimientos siguiendo la práctica de servidumbre naturalizada y justificada con principios civilizatorios y cristianos. Según Racedo, 51 menores fueron “dados a diversos jefes y oficiales de la División”30, aunque su número sería mayor a juzgar por los registros del franciscano Pío Bentivoglio.

Con el justificativo de que por el frío, la viruela y otras causas morían sin bautismo, el capellán de la 3a División sacramentó a más de 300 ranqueles. Bentivoglio señala que al principio los parientes de los menores se presentaron espontáneamente por ver su accionar como “un remedio corporal” (para la viruela). Pero, ante los resultados adversos empezó a circular la creencia de que les “echaba gualiche y asi causado su muerte”. El 5 de julio efectuó el primer bautismo colectivo de indígenas de menos de siete años que, de sobrevivir, “estaban destinados a ser colocados en familias cristianas”. El Ayudante Mayor del 10° de Infantería, Luis Correa, apuntó su género y “el nombre indio y cristiano” de los 81 sacramentados. Con el correr de los días, fue sumando oficios, esta vez individuales, porque buena cantidad de indiecitos estaban entre los oficiales de la columna. El último listado incluye 134 individuos: a diferencia del primero, no explicita el género, pero agrega la fecha del bautismo (entre el 5 de julio y el 8 de agosto de 1879). El sacerdote aclara que, por la carencia de agua santificada y de óleos, no los asentó en las partidas de bautismo31. Los niños muertos no habrían sido incluidos en el registro32.

La lectura de estas listas nos permite identificar algunas características del proceso de renombramiento de los niños indígenas en el contexto de las expediciones punitivas: por un lado, todos los nombres en lengua nativa fueron sustituidos por términos en español y, por otro, cuando el sacramentado poseía nombre “cristiano” se le mantuvo, a veces con la incorporación de un segundo. No podemos precisar quién o quiénes y con qué criterios eligieron esas designaciones, ya que en estas nóminas no se registran “apellidos cristianos” como tampoco datos de los progenitores (que tal vez estaban en el depósito de presos) ni de los padrinos y/o madrinas. En el caso de los niños dados a oficiales, quizá la elección de los nombres recayó en ellos. Las autoridades de la división ordenaron que quienes poseían indígenas debían llevarlos a la carpa del misionero para que este averiguara si estaba o no bautizado porque “habia una especie de fanatismo para tener criaturas indias”33.

Recuperando el planteo de Lenton, a diferencia del lakutun, que daba lugar a nuevas relaciones parentales, en la situación descripta este acto ritual implicaba el ingreso a una estructura diferente, en la que no existían alianzas ni horizontalidad (Lenton, 2011: 30). La imposición de nombres, además de evidenciar la intención de erradicar los signos de la etnicidad (visible en el uso del mapuzungun), tenía por finalidad borrar las huellas parentales de los niños indígenas y, en especial, dificultar el proceso de su búsqueda posterior. Así, la conquista militar se complementaba con la invasión simbólica, al bloquear la profundidad histórica de la sociedad dominada y limitar los procesos de reproducción de la descendencia biológica y socio-cultural. En adelante perdemos los rastros de tales indígenas porque sus nombres resultan muy frecuentes (María, Petrona, Pedro o Juan), pero también por la carencia de referencias de contexto (apellido, padres, padrinos o lugar de destino). Solo localizamos algunos casos en las partidas de bautismo de Río Cuarto34, donde se les completó el sacramento con óleos y se les asignó apellido.

En su memoria, fray Bentivoglio aclara que intentó en vano catequizar a los bautizados porque desconocía el idioma nativo. Aporta este ejemplo: un teniente del Batallón 3° de Infantería de Línea, que “había sacado dos indiecitos”, le pidió que les enseñase a rezar. Por tres semanas el franciscano intentó explicarles “la señal de la Santa Cruz”, pero “no pudieron aprender las palabras, mas ni siquiera los movimientos de la mano, que con las dichas palabras constituían el acto religioso”. En adelante, el misionero sólo buscó catequizar a los adultos, valiéndose de un lenguaraz, que no teniendo “sino una escasa comprensión de lo que le tocaba interpretar, necesariamente llenaba su contenido de una manera harto defectuosa”35.

Según las fuentes, también algunas mujeres habrían sido destinadas a las carpas de los cuerpos de soldados y de indígenas auxiliares. Al iniciarse las operaciones de conquista, el ministro de Guerra y Marina Julio A. Roca instruyó a los jefes que tuvieran “indios a su cargo, ya sea en servicio, en calidad de amigos o prisioneros” a tomar las medidas necesarias para que estos no “se casen con dos o más mujeres”, en “ceremonias que se aparten de la buena moral y decencia”36. El coronel Racedo delegó esta tarea en fray Bentivoglio, que debió atender las peticiones que los “indios amigos” hacían de mujeres. En sus respuestas debían “prevalecer los principios de la moral que prescriben la poligamia” y atender a las órdenes del ministro Roca que “prohibía dejar a los indios amigos mas de una mujer, pero todo esto sin chocar abiertamente con las animalescas exigencias de los auxiliares”. Bentivoglio apunta que resolvió este dilema tomando al pie de la letra sus dichos: como los indígenas las solicitaban para “la limpieza de la ropa y la preparación de la comida”, este les daba “mujeres ya ancianas y de las mas feas; exigiendo de unos y de otros la promesa de no tener entre si mas relaciones que la de amos y sirvientes”. De no cumplir las partes, “la mujer iria al cuadro de los prisioneros, y el hombre no tendria ya ni la esperanza de que se le concediera sirviente”37.

No contamos con relatos de indígenas sobre este punto. Aun así, pensamos que las peticiones de los ranqueles militarizados fueron parte de su estrategia de negociar los destinos de los capturados38. Luego de la llegada a Pitral Lauquen de los prisioneros de la laguna Chicalcó (junio de 1879), el coronel Racedo apuntó:

Se encuentra una hermana del capitán Ambrosio Carri-pilan, de los indios auxiliares de Sarmiento, quien al saberlo me pidió se la mandara entregar, a lo que accedí sin dificultad, pues los relevantes servicios que ha prestado este bravo capitán a ésta como en las expediciones anteriores lo hacen acreedor de cualquier consideración (Racedo, 1965: 120).

Ambrosio Carripilon comenzó a vivir en Sarmiento Nuevo a partir de noviembre de 1877, siendo parte del grupo inicial del cacique Ramón Cabral y secundándolo en el Escuadrón Ranqueles, 1a Compañía. Además, en octubre de 1878, una decena de lanceros (varios anotados como Carripilon) se presentaron a “la fuerza expedicionaria al desierto” para incorporarse al “Cacique Ramon Cabral Teniente Coronel a quien pertenecían”39. Esta situación es central si tenemos en cuenta que la documentación intercambiada entre los jefes del ejército menciona la coerción ejercida sobre los indígenas militarizados a partir de la prisión de sus conocidos y parientes. En ese contexto, se concretaron distintas expediciones sobre el Mamüll Mapu en las que participaron ranqueles instalados en los fuertes Sarmiento y Villa Mercedes. En una de ellas, a mediados de diciembre de 1878, las fuerzas del coronel Racedo apresaron al cacique Epumer Rosas más unos 400 individuos entre indígenas y cautivos cristianos. La versión inicial sostiene que la prisión del cacique de Lebucó fue producto de la agencia del “comandante Amaya”40. Sin embargo, mientras registraba su muerte por viruela (22/08/1879), Racedo aclaró que la rendición de Epumer fue posible por el “bravo capitán Ambrosio”41.

La frontera puntano-cordobesa

A lo largo de la década de 1870, los fuertes Villa Mercedes y Sarmiento receptaron a buena parte de los ranqueles llegados, voluntaria o compulsivamente, a la frontera del río Quinto. Pero, durante las expediciones punitivas de 1878-1879, Villa Mercedes concentró a la mayoría de los indígenas apresados en Tierra Adentro. Si bien los tomados por las fuerzas cordobesas fueron primero destinados a Sarmiento Nuevo, lo predominante fue su traslado al fuerte puntano, para luego movilizarlos a Río Cuarto (a través del ferrocarril Andino) y de ahí a su próximo destino.

Al igual que el campamento de Pitral Lauquen de la 3a División, en las fuentes sobre Villa Mercedes, Sarmiento Nuevo y Río Cuarto encontramos expresiones (reducción, cuartel, refugio) que permitirían pensar a estos lugares como campos de concentración, en el sentido asignado por los autores citados. Sin embargo, no estamos en condiciones de describir los sitios en que fueron depositados los indígenas sometidos. Por referencias orales sabemos que habrían existido otros espacios de reunión compulsiva de indígenas. Uno de nuestros entrevistados nos dijo en relación a lo que su abuela le contó:

Es mi tatarabuela [la india] por parte de mi abuelo paterno. Ellos son de Laboulaye [provincia de Córdoba], y el apellido de mi tatarabuelo es Maltauro. Parece ser que este tatarabuelo (de apellido Maltauro) sacó a mi tatarabuela de una suerte de “refugio” (me dijo esto pero la verdad es que no se acordaba como se llamaba el lugar, y yo tampoco sé qué nombre tenían esos lugares donde los tenían todos juntos) y se casó con ella42.

Al analizar el proceso de distribución de indígenas presentados y aprisionados nos preguntamos por la legislación que habilitaba a ciertos agentes estatales a efectuar los repartos y, junto a ello, su grado de correlación con las decisiones tomadas en cada tramo de la frontera. Entre 1871 y 1898, el ministro de Guerra y Marina fue el responsable de definir la distribución de los indígenas, en la que se establecieron dos etapas: una inicial, donde eran los comandantes de frontera los que tenían la facultad de definir el reparto de los indígenas, y otra, que comienza con el decreto n° 11.316 del 22 de agosto de 1879, donde las colocaciones pasaron a depender de los defensores de pobres e incapaces (Levaggi, 1990: 454; Mases, 2002: 95; Lenton, 2014: 160). Entonces, si ponemos el foco en cómo se efectivizó la distribución de los ranqueles en la frontera puntano-cordobesa, apreciamos ciertas particularidades: para agosto de 1879 la mayor parte de los indígenas destinados a este tramo ya había sido asignada a particulares y a los cuerpos del ejército. Quizá por esta razón, a la fecha no encontramos referencias sobre procedimientos a cargo del defensor de incapaces en las provincias de Córdoba y San Luis43. Por el contrario, los jefes castrenses, en consonancia con las instrucciones del ministro de Guerra y Marina, decidieron los repartos. El decreto N° 11.316 también establecía que los civiles que receptaran indígenas debían cumplir con un contrato, tipo de fuente que tampoco localizamos. Desconocemos si ello se debe a la falta de confección o si se trata de un problema de conservación.

Otra especificidad de la frontera puntano-cordobesa remite al rol de la Iglesia Católica Apostólica Romana a través de los franciscanos. Muchas veces, fray Marcos Donati ofició de intermediario entre los indígenas presos, los jefes militares y los particulares que los solicitaban. Además, junto con la Sociedad de Beneficencia, propició el canje y/o recuperación de cautivos cristianos. Por último, incluimos las gestiones efectuadas por los indígenas militarizados en Sarmiento y Villa Mercedes antes de las expediciones punitivas de 1878-1879 en torno al destino de los nuevos grupos arribados a la frontera. Por cierto, esta capacidad de agencia de misioneros e indígenas impactó generalmente en las trayectorias individuales, siempre supeditadas a la decisión de la máxima autoridad castrense.

Solo a modo de ejemplo, traemos a colación algunas misivas que dan cuenta de la dinámica que habría existido en la frontera que nos ocupa ante el reparto de indígenas y su cadena de mando. A mediados de octubre de 1878, fray Moisés Álvarez afirmaba que los ranqueles tomados por el coronel Racedo, concentrados en Sarmiento Nuevo, eran custodiados por el mayor Sócrates Anaya, quien “sin orden” no entregaba a “nadie”. Para acceder a las cautivas cristianas que estaban con estos y “mandarlas á sus casas”, el misionero tenía que pedírselas al ministro de Guerra y Marina. Un mes después, Álvarez comentaba que aún “no se ha recibido orden del Gobº respecto al destino que se hade dar a estos indios”. En enero de 1879, el franciscano seguía quejándose y concluía que cuando el coronel Racedo tenía “indios prisioneros” era “como la leona44 parida no quiere que nadie se le acerque y mucho menos que le hable al respecto y si alguno le dice algo promete mucho para no cumplir en nada”. Donati también había intentado recoger en Río Cuarto una cautiva mezclada en el grupo destinado a Tucumán, pero el oficial no quiso entregársela porque “llevaba por escrito el número de presos”45. No disponemos de estas listas46.

Para finalizar

A través de estas líneas buscamos contribuir a los estudios sobre los contextos y entramados de las políticas del Estado argentino para con las poblaciones indígenas del área pampeana, en momentos en que las relaciones de fuerza se volvieron plenamente asimétricas. En la medida en que conozcamos los lugares de depósito de prisioneros y reconstruyamos sus entornos de circulación podremos aportar, empíricamente, a los debates sobre las prácticas genocidas impulsadas por el Estado argentino decimonónico. Y, en paralelo, al discernimiento de las trayectorias de contingentes e individuos afectados por este proceso.

Puntualmente, tratamos de identificar los detalles de algunas situaciones vivenciadas por los indígenas nucleados en el campamento Pitral Lauquen de la 3a División Expedicionaria (abril-agosto 1879) para dar cuenta de los eventos específicos que ponen de relieve el modo en que la “política del pasado” operó sobre las poblaciones indígenas (Rocchietti, 2008: 16). Las mismas, a veces de manera directa y otras, mucho más sutilmente, nos advierten que para el Estado argentino todos los indígenas estaban sometidos, más allá de su condición de presentados o presos. Por ello, el pasaje de militarizado a deportado y viceversa fue constante, como también el disciplinamiento sobre los cuerpos, creencias y prácticas.

Bibliografía

Fuentes

ACRC, Libro 17, Folio 225, bautismo 321, Río Cuarto, 6/08/1880.

ACRC, Libro 17, Folio 281, bautismo 531, Río Cuarto, 17/12/1880.

AGPM, Época Independiente, sección: indios, Doc. N° 59: carta de René Maldonado al ministro de gobierno (sin nombre), Mendoza, 16/03/1889.

AGN, Fondo General Julio Argentino Roca, Legajo 6. Sigla 234, Correspondencia recibida, octubre-diciembre 1878, Doc. N° 1622: Miguel Molina a Julio A. Roca, Río Cuarto, 18/11/1878.

Mansilla, Lucio (1993), Una excursión a los indios ranqueles, Buenos Aires, Espasa Calpe.

Memoria del Departamento de Guerra presentada al Honorable Congreso por el Ministro de Guerra y Marina Jeneral D. Julio A. Roca (1879), Buenos Aires, Imprenta El Porteño.

Olascoaga, Manuel (1940a), La conquista del Desierto. Estudio topográfico de La Pampa y Río Negro Tomo I, Buenos Aires, Comisión Nacional Monumento al Teniente General Roca, [1881].

----- (1940b), La conquista del Desierto. Estudio topográfico de La Pampa y Río Negro Tomo II, Buenos Aires, Comisión Nacional Monumento al Teniente General Roca, [1881].

Racedo, Eduardo (1965), La conquista del desierto. Memoria militar y descriptiva de la 3º División expedicionaria, Buenos Aires, Ediciones Pampa y Cielo, [1881].

SHE, Libro de Revista N° 889, Frontera Sud y Sud Este de Córdoba, Escuadrón ranqueles, 1a Compañía, Sarmiento Nuevo, 1/12/1878, firma: Wenceslao Adan, visto: Racedo.

SHE, Libro de Revista Nº 863, lista de revista CUIA, Sarmiento Nuevo, 1/1/1883, firma: Juan A. Álvarez, visto: Miguel Molina.

SHE, Libro de Revista N° 889, Frontera Sud y Sud Este de Córdoba, Escuadrón Ranqueles, 1a Compañía, Sarmiento Nuevo, 1/10/1879, firma: Wenceslao Adan, visto: Miguel Molina.

SHE, Libro de Revista N° 889, lista de revista CUIA, Río Cuarto, 1/07/1874, firma: Octavio Moreno, visto: Julio A. Roca.

Tamagnini, Marcela (2011), Cartas de frontera. Los documentos del conflicto interétnico, Río Cuarto, Unirío.

Bibliografía referida

de Jong, Ingrid (2018), “Guerra, genocidio y resistencia: apuntes para discutir el fin de las fronteras en Pampa y Norpatagonia, siglo XIX”, Habitus, vol. 12, n° 2, pp. 229-254.

Delrio, Walter (2015), “El sometimiento de los pueblos originarios y los debates historiográficos en torno a la guerra, el genocidio y las políticas de estado”, Aletheia, vol. 5, n° 10, pp. 1-10.

Delrio, Walter y Escolar, Diego (2009), “Trayectorias y memorias de la diáspora forzosa de prisioneros indígenas entre Patagonia y Cuyo Siglos XIX-XX”, XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, [disponible en http://cdsa.aacademica.org/000-008/315.pdf].

Delrio, Walter y Ramos, Ana (2011), “Genocidio como categoría analítica: Memoria Social y marcos alternativos”, Corpus. Archivos virtuales de la alteridad, vol. 1, n° 2, pp. 1-7.

Di Liscia, María Silvia (2009), “Desde fuera y desde dentro. Enfermedades, etnias y nación (Argentina, 1880-1940)”, International Congress Latin American Studies Association- Rethintkin Inequalities, Río de Janeiro.

Jiménez, Juan Francisco y Alioto, Sebastián (2014), “Enfermedad y daño. Etiología y tratamiento de la viruela entre las sociedades nativas de Araucanía (fines del siglo XVIII)”, Revista Complutense de Historia de América, vol. 40, pp. 179-202.

Lenton, Diana (2011), “Debate. Genocidio y política indigenista: debates sobre la potencia explicativa de una categoría polémica”, Corpus, vol. 1, n° 2, [disponible en https://journals.openedition.org/corpusarchivos/1148].

----- (2014), “De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880 – 1970)”, Corpus, vol. 4, n° 2, [disponible en: https://journals.openedition.org/corpusarchivos/1290].

Lenton, Diana y Nagy, Mariano (2019), “A 70 años de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio (CONUG): actualización del debate en torno al genocidio de los pueblos indígenas”, Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, vol. 27, n° 2, pp. 6-9.

Levaggi, Abelardo (1990), “La protección de los naturales por el estado argentino (1810-1950): el problema de la capacidad”, Revista Historia del Derecho, vol. 16, pp. 445-469.

Mases, Enrique (2002), Estado y cuestión indígena. El destino final de los indios sometidos en el sur del territorio (1878-1910), Buenos Aires, Prometeo.

Nagy, Mariano y Papazian, Alexis (2011), “El campo de concentración de Martín García. Entre el control estatal dentro de la isla y las prácticas de distribución de indígenas (1871-1886)”, Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, vol. 1, n° 2, [disponible en https://journals.openedition.org/corpusarchivos/1176].

Pérez, Pilar (2016), Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en la Patagonia Central 1878-1941, Buenos Aires, Prometeo.

Pérez Zavala, Graciana (2014), Tratados de paz en las pampas. El devenir político de los ranqueles, Buenos Aires, Ediciones Aspha.

----- (2015), “Trayectoria de indígenas sometidos en el sur de Córdoba y San Luis (1870-1900)”, en Austral, Antonio et al. (comps.), Arqueología y etnohistoria del Centro - Oeste argentino. Publicación de las X Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro – Oeste del País, Río Cuarto, Unirío, pp. 224-237.

---- (2018), “Indígenas en Argentina (provincia de Córdoba): registro e identificación en la documentación de la segunda mitad del siglo XIX”, Revista Cunfluências Culturais, vol. 7, n° 1, pp. 79-93.

----- (2019), “Algunas consideraciones en torno a la asignación de nombres a indígenas de la pampa central (siglo XIX)”, en Michelini, Dorando et al. (eds.), Convivir en un mundo de fronteras, Río Cuarto, ICALA, pp. 56-58.

Rocchietti, Ana María (2008), Bajo Fuego. Sociedad y Cultura en la frontera del Sur, Río Cuarto, Departamento de imprenta y publicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

---

Tabla 1. Itinerario sintético de las principales expediciones de la 3a División desde el campamento Pitral Lauquen

Fuente: elaboración propia en base a Racedo (1965).

Figura 1. Itinerarios de las expediciones de la 3a División desde el campamento de Pitral Lauque

Fuente: diseño Mollo (2020).