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Frente a la creciente centralización político-administrativa del Estado moderno, surgieron reflexiones tendientes a redimensionar el espacio local, propagando la defensa de su autonomía y el rol del municipio como un componente elemental del Estado democrático. En ese sentido, la obra de Fucili procura presentar un recorrido histórico al analizar la configuración de los poderes departamentales. Ello permite reflexionar sobre el complejo proceso de construcción del poder en la Argentina, atendiendo a los vaivenes de la política, sus protagonistas, redes y alianzas políticas.

Eliana Fucili nos lleva a navegar en el interior de la provincia de Mendoza durante la segunda mitad del siglo XIX al plantear algunas preguntas acerca de quiénes fueron los que ejercieron el poder en los departamentos mendocinos, qué rol cumplieron en el proceso de construcción del Estado argentino, cuáles fueron sus trayectorias en la vida pública provincial y departamental, y qué filiación tuvieron con la facción que ejercía el poder. La premisa de la cual parte la autora se centra en que las reformas administrativas y territoriales del período resultaron propicias para la ampliación de los elencos dirigentes departamentales a partir de la incorporación de una nueva jerarquía de funcionarios intermedios y menores que no necesariamente provenían de los grupos altos de la sociedad mendocina.

Para abordar el tema, la autora propone cuatro capítulos que no priorizan una narración cronológica, sino que brindan explicaciones sobre los comportamientos y las prácticas de los actores políticos. En primer lugar, presenta las características de las plantas de funcionarios departamentales mendocinos. Luego avanza sobre el ejercicio cotidiano del poder por parte de las autoridades departamentales respecto de las posiciones de obediencia/desobediencia al gobierno provincial, y de apoyo y oposición en las elecciones. En tercer lugar, analiza los ámbitos asociativos locales que dinamizaron la vida política, sociocultural y económica. Finalmente, indaga el papel que desempeñaron los dirigentes territoriales en el juego electoral provincial, sobre todo en la definición de candidaturas, a través del análisis de las elecciones practicadas en 1870.

En el primer capítulo, Fucili describe el abordaje de los elencos políticos territoriales de Mendoza. En ese sentido, conviene precisar que la sanción de la Constitución nacional en 1853 y de la Constitución provincial en 1854 sentó las bases para la construcción del Estado a escala nacional y provincial, y en función a ello se determinó qué rol ocuparía el municipio en ese concierto. Dentro del esquema, la figura del subdelegado encabezó el gobierno de los departamentos o villas durante casi todo el siglo XIX. Los representantes departamentales se presentaban como un instrumento de control en el espacio rural y un dispositivo clave para la construcción de redes de poder y relación con diferentes actores sociales. A lo largo del siglo XIX, a la luz de las diversas legislaciones, los subdelegados experimentaron aumentos o disminuciones de sus atribuciones. Finalmente, en 1895, con la reforma de la Constitución provincial, se les redujeron definitivamente sus facultades al determinar la conformación de las municipalidades por un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo. Por su parte, la autonomía de las intendencias quedó limitada, ya que la ley preveía una estrecha dependencia de estas a la Legislatura de la Provincia de Mendoza. Hacia 1872 se dictó una nueva ley de municipalidades que les otorgó cierta autonomía, al menos en su estructura tributaria, impidiendo que la Legislatura interfiriera en la elección de sus municipales y confiriéndole capacidad de hacer cumplir sus ordenanzas. Otros funcionarios que compusieron el plantel de autoridades departamentales fueron los comisarios y decuriones. Mientras que los primeros ejercían funciones en los departamentos, los segundos lo hacían en los cuarteles, que eran distritos administrativos en los que se dividían la ciudad y los departamentos. Ambos constituían piezas fundamentales del poder gubernamental, ya que eran las autoridades más cercanas a la población y podían mediar entre ella y el Gobierno. En 1872 se incorporó la figura del juez de paz, que era designado por las municipalidades o, en los departamentos en los que no hubiese intendencia, por el Gobierno provincial, con el acuerdo de la Legislatura. Su creación tuvo como principal objetivo reorganizar y equilibrar los poderes de los funcionarios territoriales. En ese sentido, este nuevo actor quitó atribuciones judiciales a comisarios y decuriones, así como también a los subdelegados.

Luego de describir el organigrama de la estructura política de los municipios, Fucili desarrolla un trabajo detallado de rastrillaje sobre fuentes oficiales, en el que identifica 994 funcionarios territoriales que ejercieron cargos departamentales. En relación con ello, la autora indica que una porción menor realizó carreras de mayor relieve, dado que el 87 % ejerció solo uno o dos cargos, por lo que hubo una amplia movilidad del personal político-administrativo departamental. Se trató de una planta de funcionarios relativamente joven que abarcó entre los 30 y los 50 años de edad, y que pertenecían a diferentes sectores socioeconómicos. En ese sentido, durante buena parte del siglo XIX el personal político-administrativo territorial debió combinar la actividad pública con el ejercicio de sus respectivos oficios o profesiones, dado que muchos de los cargos eran honoríficos o tenían una pequeña remuneración que, en muchos casos, no se efectivizaba. Respecto del lugar de procedencia, la gran mayoría eran argentinos nacidos en Mendoza. El resto eran extranjeros, mayormente de nacionalidad chilena. Conviene precisar que, de acuerdo a las disposiciones legales, los extranjeros no estaban autorizados a desempeñar cargos provinciales ni nacionales, aunque sí podían ejercer cargos públicos departamentales. En general, los funcionarios se desempeñaban en los lugares donde residían, es decir que eran vecinos del lugar, lo que les otorgaba la ventaja de conocer a los habitantes de la localidad que debían administrar y vigilar. En síntesis, la caracterización de los funcionarios territoriales permite sostener que provenían de sectores sociales heterogéneos y ejercían profesiones u oficios variados, por lo que su inserción en el entramado político local explica la continuidad del proceso de ampliación de los cuadros dirigentes mendocinos iniciado luego de la Revolución de Mayo.

En el segundo capítulo, la autora pone el foco en los funcionarios departamentales en acción para determinar el tipo de vínculo que tenían con el Gobierno provincial. Analiza la conservación del orden o la propagación de la insubordinación en las jurisdicciones que estaban a su cargo, y en qué medida los desafíos a la autoridad fueron potenciados por las limitaciones del Estado para controlar y disciplinar a los individuos que consideraba bajo su autoridad. Si bien tras la batalla de Pavón quedó constituido el primer gobierno con jurisdicción nacional, en el caso de Mendoza no consagró el orden político deseado, dado que se desarrollaron una serie de levantamientos armados que pusieron en evidencia la fragilidad institucional nacional y provincial en construcción. Fucili analiza casos que surgen a partir de los levantamientos en los que se pone en evidencia esa tensa relación entre autoridades municipales y provinciales. Los mismos permiten ilustrar la complejidad del sistema de mando/obediencia en el interior provincial. Si bien a los funcionarios territoriales les correspondía un rol político fundamental en el proceso de centralización y consolidación del poder, se advierte que apelaron a la coacción de voluntades tanto a través de redes de intercambios/favores como también por medio del uso de la fuerza. La autora ha demostrado que, además de ser agentes del orden, han sido figuras protagonistas de movimientos de desobediencia e insubordinación hacia la autoridad de turno que desembocaron en levantamiento y revoluciones.

En el tercer capítulo, se procura desarrollar la participación de los funcionarios departamentales en el mundo asociativo local. Para ello, interesa averiguar si existió alguna relación entre la participación en esas instituciones y el acceso a los cargos. La prensa visibilizó el espíritu de agrupación, presentándolo como un elemento que contribuía a la formación de un país republicano y moderno, ya que las asociaciones fueron entendidas como escuelas en las que la sociedad podía aprender y asimilar los valores democráticos e igualitarios. En la provincia, la mayoría de las asociaciones registradas por la prensa fueron clubes y sociedades dedicadas a realizar actividades políticas. Sin embargo, existieron algunas con fines culturales/educativos, deportivos, comerciales y de ocio/esparcimiento, estas últimas reservadas a los sectores altos de la sociedad local. Conviene precisar que las experiencias de esas entidades registradas en la prensa tuvieron un carácter efímero e inestable, y desaparecieron antes del año de vida o al cumplir los objetivos de creación. Una parte menor de los funcionarios analizados participó solo dentro de las asociaciones. De quienes lo hicieron, la gran mayoría fue en las de tipo político, dado que esos ámbitos constituían una vía de acceso a la esfera de poder donde podían posicionarse y consolidar sus redes.

Por otra parte, el cuarto capítulo estudia el rol de los funcionarios departamentales en el juego electoral. Tras la introducción del principio de representación política, las elecciones fueron una práctica corriente destinada a regular y legitimar el ejercicio político. Para ello, debían montarse organizaciones que articulaban a dirigentes de distintos niveles con sus bases, unidos entre sí por vínculos personales y grupales de variada índole, y conformar así los clubes electorales. Estas organizaciones jugaron un papel clave en la definición de candidaturas. Fucili analiza la composición del Club Electoral Independiente y del Club Constitucional. En relación con su conformación en general, se aprecia que tiene dos tipos de socios: por un lado, aquellos fuertemente insertos en distintas esferas de los poderes locales y, por el otro, un numeroso grupo de personas que no tuvieron ningún registro de notabilidad. El Club Electoral Independiente aglutinó a un grupo de distinguidos ciudadanos que tuvieron una intensa trayectoria política a nivel provincial y departamental, además de funcionarios departamentales intermedios, mientras que el Club Constitucional, en general, contó actores de estrato político más bajo. La conformación de este último estuvo basada en los protagonistas de la Revolución de los Colorados en 1866. El recorrido por los clubes electorales que plantea la autora permite detectar que la mayoría de los actores analizados que se vincularon con otras instituciones asociativas eran parte del entramado institucional de Mendoza. Por lo tanto, los ámbitos asociativos facilitaron recursos relacionales que permitieron vehiculizar ambiciones políticas e institucionales mediante el acceso a un cargo público.

A modo de conclusión, Fucili aborda la caracterización de las plantas político-administrativas departamentales mendocinas que actuaron durante el proceso de formación del Estado nacional y provincial. En función del análisis de las trayectorias, conviene advertir que no se trató de un grupo homogéneo ni estático, sino que incluyó a actores políticos y sociales que ingresaron a la arena política a través de distintas vías. Por ello, las dirigencias departamentales mendocinas atravesaron un proceso de formación marcado por experiencias, alianzas y redes que les permitieron afianzar y legitimar su poder territorial. En general, se trató de hombres jóvenes que continuaban ejerciendo su profesión u oficio, dado que los cargos eran honoríficos o con muy poca paga, cuando la había. Asimismo, hubo gran movilidad en los cargos, ya que la mayoría solo ocupó entre uno y dos cargos públicos. Al abordar la relación entre los dirigentes departamentales y los provinciales, los casos analizados ponen en evidencia la frágil línea divisoria presente en los vínculos de obediencia o rebeldía, y la vulnerabilidad del Gobierno provincial y nacional, al no contar con el manejo del monopolio de la fuerza. Es decir, si bien las autoridades departamentales fueron una pieza clave para dotar de legitimidad al Estado en construcción, también fueron ocasionalmente protagonistas en la propagación de la desobediencia y la insubordinación a la autoridad de turno. Además, las asociaciones constituyeron un escenario clave para la construcción de consensos políticos y alianzas entre las dirigencias locales y con otros sectores de la sociedad mendocina. Ejemplo de ello lo constituyen el Club Electoral Independiente y el Club Constitucional, que ilustran sus tejidos relacionales y contribuyen a descifrar las afinidades políticas, la injerencia en otros ámbitos asociativos y las vinculaciones con el andamiaje institucional local.