Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA): intervención política y corporativa en la Argentina, 1957-1976°

Gonzalo Sanz Cerbino*

° https://doi.org/10.52292/csh5220234476

* CEUR - CONICET. Correo electrónico: camilogx@yahoo.com.

Introducción

Las transformaciones recientes en el agro pampeano y el rol cada vez más importante que desempeña en él la innovación tecnológica han llevado a la proliferación de investigaciones sobre un “nuevo modelo de agricultura”, denominado agribusiness. Muchos de estos trabajos se han centrado en el estudio de una organización pionera en la difusión de una agricultura de base tecnológica, los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). Estos núcleos han mostrado desde sus orígenes una preocupación por transformar las bases de la actividad agropecuaria mediante la incorporación de los últimos avances técnicos en las explotaciones. En consonancia con estos propósitos, su principal actividad en sus primeros años de existencia fue la difusión de innovaciones entre los productores. Este perfil técnico ha sido resaltado por su dirigencia, que buscó, de esta manera, diferenciarse de las corporaciones agropecuarias tradicionales. Trabajos de investigación recientes no han puesto en cuestión la imagen que la propia dirigencia de los Grupos CREA ha construido de sí misma. Son presentados como organizaciones “técnicas”, que no solo tendrían una propuesta diferente a la de las entidades gremiales tradicionales para solucionar los problemas del agro pampeano, sino que incluso se diferenciarían por su accionar. Mientras que en las corporaciones tradicionales predominaba la presión sobre el Estado para obtener políticas que beneficiaran al sector, los CREA se caracterizarían por promover una transformación de la actividad productiva, que debía partir de los propios productores.

Carla Gras, por ejemplo, ha señalado que en su “construcción identitaria” los Grupos CREA buscaron diferenciarse tanto de la identidad “terrateniente”, asociada al rentista que no tiene interés en aumentar su producción, como de la identidad “chacarera”, en cuanto sinónimo de atraso técnico (Gras, 2009). Esto se extiende al ámbito gremial: quienes conformaron los Grupos CREA, a diferencia de los “agraristas” de la Federación Agraria Argentina (FAA) o los “liberales” de la Sociedad Rural Argentina (SRA), buscarían “predicar con el ejemplo”, sin inmiscuirse en la acción corporativa como forma de presión al poder político. En palabras de Gras:

El modo en que pensaban tales soluciones es planteado como novedoso y en ello se desmarcan de los modos en que ‘otros’ abordaban estas cuestiones: se trataba de buscar las propias soluciones, basadas en la técnica y en una organización racional de los recursos para aumentar la eficacia, y no en presionar políticamente para obtener beneficios a expensas de otros sectores económicos y sociales (Gras, 2009: 218).

Trabajos posteriores refuerzan esta idea (Gras, 2012; Gras y Hernández, 2014; 2016). Aunque la actividad de quienes pusieron en pie los CREA era, en un sentido general, eminentemente política, como acción destinada a dar solución a los problemas del agro pampeano (y del país), “quedaba sustraída de la lucha política”: “no declinaba políticamente, es decir, en una vocación de integrarse a la actividad gremial o partidaria, o en desarrollar plataformas de acción política” (Gras y Hernández, 2014: 39). Así, “la técnica, y ya no la política, fue la arena escogida” para poner en marcha sus soluciones a los problemas del agro (Gras y Hernández, 2014: 62).

Esta idea también fue desarrollada por Balsa, quien señaló que de la mano de los CREA emergía un nuevo “discurso tecnologizante”, que postulaba que la adopción de los avances técnicos sería la solución a los déficits de la producción agropecuaria. Estos planteos disputaban su lugar al “discurso liberal clásico” (encarnado sobre todo en las posiciones de la SRA), que ubicaba el problema en la intervención del Estado, y al “discurso agrarista” (representado por la FAA), que demandaba la intervención del Estado para corregir los defectos estructurales que afectaban el desempeño de la burguesía rural (Balsa, 2008a; 2008b). Aunque la existencia de tales construcciones discursivas es verificable (quizás con ciertos matices en las posiciones de algunas corporaciones), el autor plantea una contraposición entre el lugar que los partidarios del “discurso tecnologizante” le asignan a la intervención política y corporativa y el que tiene en las posiciones de agraristas y liberales. Así, los mejores representantes del “discurso tenologizante”, quienes pusieron en pie los Grupos CREA, “soslayaba[n] las cuestiones políticas (tanto las de denuncia de la estructura de propiedad como las de rechazo a la intervención estatal)”, desplegando una actitud “empresarial, racionalista e independiente de las pujas corporativas que caracterizaban los discursos liberal-conservador y agrarista” (Balsa, 2010: 15-16). Trabajos más recientes asumen esta dicotomía entre las organizaciones tradicionales, caracterizadas por sus demandas corporativas, y las “entidades técnicas” portadoras de una vía alternativa para transformar la producción (Liaudat, 2015). En algunos casos, aunque se reconoce que el núcleo fundador de los Grupos CREA solía tomar posición pública respecto a las políticas estatales al igual que las corporaciones tradicionales (arrendamientos, precios, impuestos), se señala que estos optaban por “invisibilizar” tales posiciones en pos de limitar sus propuestas a la “revolución técnica” en los propios establecimientos (Ivickas Magallán, 2017).

De esta manera, se tiende a construir la imagen de una oposición tajante entre los CREA y las corporaciones tradicionales. Mientras los primeros no parecen inmiscuirse en política, no realizan reclamos corporativos ni apelan al Estado para transformar la política agropecuaria, las segundas parecen no prestar atención a la importancia de la técnica. La revolución técnica y la presión político-corporativa transitarían por caminos separados. Sin embargo, esta oposición debería ser matizada. Ya se ha señalado que muchos de los dirigentes de los CREA han sido también directivos de entidades ruralistas como CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y SRA, e incluso que han asumido posiciones públicas relevantes respecto de la política agropecuaria (Lattuada, 1992). Pero estos señalamientos no han derivado en una profundización de las investigaciones acerca de este aspecto de la intervención de los CREA. ¿Por qué los dirigentes de los CREA participaban de la dirección de entidades corporativas tradicionales? ¿Resultaban compatibles ambas actividades? ¿Qué política impulsaban los “técnicos” en las entidades corporativas?

En este trabajo pretendemos avanzar por esta senda, contribuyendo al conocimiento de uno de los aspectos menos investigados del núcleo fundador de los Grupos CREA: su intervención en el terreno corporativo y político. Intentaremos matizar una oposición tajante entre el discurso y la intervención de dos tipos de entidades que fueron complementarias. Para ello, es necesario, en primer lugar, colocar la “respuesta tecnológica” de los CREA en un marco más amplio, el debate acerca del desarrollo agropecuario, para calibrar su originalidad y ver en qué medida se diferenciaba de las propuestas promovidas por otras organizaciones del agro. En el primer apartado, entonces, abordaremos someramente los términos de ese debate y ubicaremos en él la propuesta de los CREA, recuperando las ideas y propuestas de Pablo Hary, su fundador y principal dirigente. Luego nos abocaremos a analizar la intervención en la arena político-corporativa de un grupo de dirigentes de peso dentro de los Grupos CREA, reconstruyendo las acciones concretas con que buscaron llevar a la práctica las propuestas delineadas por Pablo Hary, que iban mucho más allá de la difusión de un saber técnico. Para ello, analizaremos el paso de estos dirigentes por la función pública, la formación de agrupamientos como el Movimiento Cultivar y Servir, y también su relación con las corporaciones agropecuarias tradicionales, donde intervinieron con un perfil propio y lograron importantes niveles de influencia.

Para avanzar en esta reconstrucción se empleará un método inductivo-deductivo, recurriendo a una reelaboración propia a partir de fuentes primarias y secundarias. Buscamos trascender el análisis discursivo, que suele predominar en el estudio de corporaciones empresarias y lleva a una reproducción acrítica de ciertas construcciones forjadas por la propia dirigencia corporativa. Para ello, intentaremos verificar la correspondencia entre discurso y acción, recurriendo a un registro documental que permita captar ambas dimensiones (artículos y documentos elaborados por dirigentes de los Grupos CREA, entrevistas y memorias de diferentes actores, documentos de las corporaciones tradicionales y crónicas periodísticas de época que dan cuenta de la vida interna de las corporaciones rurales y su relación con los funcionarios públicos). En términos teóricos, recuperamos elementos de las distintas tradiciones que analizan la acción colectiva empresaria, en particular los de la corriente estructuralista, en tanto consideramos que las corporaciones empresarias son, ante todo, vehículo de intereses de clase. Nuestro abordaje, a su vez, articula esta dimensión con el análisis de las determinaciones económico-estructurales y políticas, contemplando también la dinámica de enfrentamientos sociales en que se inserta la intervención corporativa (Marx, 1985; Gramsci, 2003).

El debate sobre el desarrollo agropecuario pampeano y la propuesta de los CREA

La irrupción de una crisis económica que se extendió entre las décadas de 1950 y 1970, expresada en recurrentes déficits de balanza de pagos y brotes inflacionarios, puso las miradas sobre los supuestos problemas del agro pampeano, histórico proveedor de divisas para el sector industrial (O’Donnell, 2008; Sartelli, 2011; Sanz Cerbino, 2016). Se reactualizó entonces un viejo debate sobre el problema del desarrollo agropecuario en el país, donde se observan fundamentalmente dos posiciones. En primer lugar, una corriente que atribuyó los déficits en la acumulación de capital en el país a una estructura agraria dominada por grandes terratenientes (oligarquía) renuentes a la inversión, que además vedaban el acceso a la tierra de los productores capitalistas e impedían su desarrollo. Esta sería la causa de un supuesto estancamiento de la producción rural, que al limitar el ingreso de divisas daría lugar a la crisis. En respuesta a ello, las corrientes liberales han opuesto su propia interpretación de una supuesta baja dinámica del agro pampeano y, por extensión, del capitalismo argentino. Según sus postulados, la escasa acumulación en el sector no se debería a características intrínsecas a la burguesía agraria, sino a elementos externos a ella: la intervención del Estado. La expoliación sufrida por esta fracción, cuyos ingresos serían apropiados mediante distintos mecanismos, habría cercenado los excedentes que podrían haberse destinado a la inversión. Eso habría determinado un retraso permanente en el agro, con una inversión que, si no fue inexistente, sí era mucho menor que la implementada en otros países1. Nótese que ambas posiciones no desdeñan la inversión que posibilitaría la incorporación de tecnología para elevar la producción agropecuaria; al contrario, apuntan a supuestos problemas más generales que impedirían realizarla.

En el terreno corporativo, la SRA y la CRA tendieron a coincidir con el diagnóstico liberal, caracterizando que el supuesto “retraso agropecuario” no era resultado ni de una estructura agraria dominada por el latifundio ni de una burguesía terrateniente reacia a la inversión, sino de una intervención estatal que, con políticas de exacción de renta (impuestos, retenciones, bajos precios por la producción), “ahogaba” a los productores primarios restando recursos a la inversión. Así, la solución al estancamiento agropecuario pasaba por erradicar una intervención estatal que resultaba negativa para el sector. Debían eliminarse los mecanismos impositivos, comerciales y cambiarios que permitían la transferencia de ingresos del agro a la industria. Las retenciones, impuestos “discriminatorios” que solo se aplicaban al campo, los controles de precios y los tipos de cambio que perjudicaban a los exportadores eran los instrumentos que habían ocasionado el deterioro de la producción, y debían desterrarse. La clave se encontraba en los precios, esto es, en la diferencia entre el precio percibido por el productor y los precios de exportación, sea cual fuere el mecanismo por el que se establecía la disparidad entre uno y otro. Eso tenía dos implicancias más generales, a saber: la necesidad de “sanear” los gastos estatales (que se financiarían con “mayores cargas” hacia el agro) y la eliminación del proteccionismo que permitía la supervivencia de “industrias artificiales”.

En el otro extremo del arco político-corporativo, la solución radicaba en una mayor intervención estatal, que avanzara en una reforma de la estructura agropecuaria para permitir el arribo de “verdaderos” productores capitalistas al medio rural, que elevaría la producción y los saldos exportables. Esa fue la posición en el debate de la Confederación General Económica (CGE) y, eventualmente, de la FAA, que osciló según la coyuntura entre este tipo de planteos y la defensa de las soluciones liberales. La clave aquí era una “reforma agraria”, que podía ser radical o gradual, y la instrumentación de políticas que permitieran alcanzar ese objetivo. Estas corporaciones promovieron, entonces, distintos instrumentos para asegurar el acceso a la propiedad de la tierra a los pequeños productores (que eran considerados los “más eficientes”), tales como: planes de colonización, crédito, intervención sobre el mercado de arriendos o reformas impositivas. El más popular y controvertido de ellos fue el impuesto a la renta potencial de la tierra, que apuntaba a gravar la producción potencial de las explotaciones para atacar la supuesta baja productividad de los latifundios y la tenencia ociosa de tierras, lo que obligaría a los grandes terratenientes a desprenderse de propiedades que no ponían en producción o a explotarlas “racionalmente”.

En el marco de este debate, surgieron los CREA, que intervinieron promoviendo la incorporación de tecnología en el medio agrario para remontar el supuesto “estancamiento” de la producción rural. El primer Grupo CREA se fundó en 1957, a instancias de un productor de la localidad bonaerense de Henderson, Pablo Hary. Hacia 1959 la experiencia se había replicado: ya existían otros tres grupos CREA funcionando en distintas localidades. Hacia mediados de los años 60, había cerca de treinta grupos funcionando, y para mediados de los 70, ya existían más de 100 en todo el país. Los grupos funcionaban articuladamente. Para ello, se fundó, en 1960, la Federación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (FACREA), que en 1967 cambió su denominación a Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

Estos núcleos tienen su origen en una preocupación común a los productores agropecuarios por aquellos años: el supuesto retraso de la producción agraria pampeana, que, como vimos, era motivo de debate en los círculos corporativos, intelectuales y políticos. Frente al problema, los Grupos CREA enfatizaron la necesidad de elevar los rendimientos de las explotaciones agropecuarias mediante la incorporación de las más modernas innovaciones tecnológicas. Como señaló en 1962 su fundador y principal vocero, Pablo Hary:

Permanecer al margen de la revolución técnica, indiferente, es condenarse a desaparecer. Y esto no podemos admitirlo. (…) Teniendo presente que quienes tienen poder de resolver son los jefes de empresa, es decir, nosotros, y vista la responsabilidad que ello implica conviene meditar lo que sigue: el dilema es o permanecemos estáticos, rutinarios, sobreviviendo en una mediocridad gris, a la zaga del progreso, en el furgón de cola de las naciones, o bien atacamos resueltamente por el camino de la técnica. (…) Trabajar y producir con métodos subdesarrollados, y pretender, al mismo tiempo, gozar de los beneficios de las naciones de primera línea, es imposible. Y si fuera posible, sería inmoral (citado en Gras, 2009: 219).

A su vez, por lo menos a nivel discursivo, estos núcleos buscaban diferenciarse de otras entidades agropecuarias planteando que las soluciones a una supuesta crisis agraria provendrían de los propios productores, que debían encabezar una revolución técnica en sus explotaciones, y no de una puja por ingresos, como aquella que se expresaba en la demanda de mejores precios para los productos agropecuarios. Nuevamente, fue Pablo Hary quien mejor expresó esta posición:

Frente al hecho de la degradación del poder adquisitivo de los productos de la tierra, se nos ofrecían dos caminos: o recurrir al Estado, esgrimiendo el eslogan de una imposible paridad de precios, o bien atacar, resueltamente y por nuestra cuenta por el camino de la productividad, de la calidad, de la producción eficiente. Elegimos esta última solución (citado en Gras y Hernández, 2014: 40-41).

Por eso,

la manera de servir al bien común es, precisamente, que nuestras explotaciones sean rentables. Entiendo, claro está, que se trata de prosperidad o de rentabilidad hija de la eficiencia y no fruto de alguna forma de transferencia o drenaje desde otros sectores (citado en Gras, 2009: 225-226).

En sus conferencias y escritos, Hary insistía una y otra vez en la necesidad de un “cambio de estructuras mentales” por parte de los productores, a fin de asumir una actitud “empresarial” frente a sus explotaciones (Hary, 1996: 102, 108, 163). Esa era la misión de los CREA.

En consonancia con estos planteos, los Grupos CREA combinaron las tareas organizativas con la investigación, la experimentación y la difusión de soluciones técnicas que buscaban elevar la productividad de los suelos. Así fueron adquiriendo rápidamente el perfil de núcleos difusores de las innovaciones tecnológicas aplicadas al agro, que buscaron propagar a través de publicaciones, cursos y congresos. Ello no significaba que los problemas del agro pampeano pudieran reducirse solamente a cuestiones técnicas o al “cambio de mentalidades”. En una conferencia brindada por Pablo Hary en el Banco de la Provincia de Córdoba (y reproducida en la Revista de los CREA) se dejaba claro que “tranqueras adentro” solo se podía resolver una parte de los problemas. Allí, luego de repasar los aumentos de productividad conseguidos gracias a las técnicas difundidas por los CREA, Hary se preguntaba por qué esos logros no se generalizaban. Muchas eran las razones, y la mayoría tenían que ver con factores externos a la “empresa rural”:

Muchos años sin planes estables y respetados, un inepto manejo del comercio exterior y de los mercados, un sistema impositivo que castiga al eficiente y apaña al ineficiente, una desastrosa conducción de los servicios públicos, una mentalidad de vencidos, explican el desinterés y el retroceso de la producción. Las técnicas se conocen pero la gente no las pone en práctica2.

Este tipo de referencias no eran comunes en la Revista de los CREA, reservada casi exclusivamente a la difusión de informes técnicos y planteos organizativos internos. Sin embargo, no debemos derivar de ello la ausencia de posiciones claras acerca de los debates sobre el desarrollo agropecuario y las políticas gubernamentales. Estos planteos se difundían a través de otros medios, como las columnas de Pablo Hary en el periódico La Nación o sus artículos en Anales de la Sociedad Rural. Allí podemos encontrar posiciones (más o menos explícitas) acerca de diferentes cuestiones vinculadas al desarrollo agropecuario.

Un tema que preocupaba a Hary eran los coqueteos de ciertas organizaciones con la reforma agraria, lo que consideraba un retroceso. Ya en 1956 había publicado un artículo en La Nación en el que se pronunciaba respecto a las distintas alternativas en danza para resolver el “estancamiento agropecuario”. Allí fustigaba contra quienes proponían la “distribución de la tierra”, una propuesta útil para captar votos, pero inviable si a lo que se aspiraba era a elevar la producción. Para elevar la productividad era necesario alcanzar las escalas óptimas para el aprovechamiento de la tecnología, lo que suponía en muchos casos concentrar la tierra antes que subdividirla (Hary, 1996: 217 y siguientes). En 1957, en otra columna en La Nación, se refirió al problema de los arrendamientos. Allí cuestionaba las sucesivas intervenciones que apuntaban a convertir en propietarios a quienes alquilaban la tierra, porque el verdadero problema de la producción no pasaba por la propiedad de la tierra. De lo que se trataba era de asegurar, antes que la posesión de la tierra, la del capital que permitiera elevar los rendimientos. Sin embargo, ello no lo llevaba a la típica posición liberal que reducía el problema del aumento de la producción a la voluntad individual del propietario, cuyo derecho era incuestionable. El propietario tenía una “responsabilidad social”: cultivar la tierra de la forma más eficiente (Hary, 1996: 225 y siguientes).

En respuesta a la nacionalización del debate sobre la reforma agraria tras el triunfo de Frondizi, que llevaba la propuesta en su plataforma electoral (Lázzaro, 2012), Pablo Hary publicó un libro titulado Reforma agraria o promoción rural (Hary, 1961). Allí recogía los argumentos de un curso dictado para el Ejército, en el que cuestionaba la reforma agraria y oponía una política que apuntara hacia la promoción rural. A lo largo del texto, repasaba distintas experiencias de reforma agraria y exponía lo que consideraba su “fracaso”. El principal problema que encontraba en estas experiencias era que la fragmentación de la tierra en pequeñas unidades atentaba contra el objetivo de obtener del agro una mayor productividad, dado que para el máximo aprovechamiento de las mejoras tecnológicas se necesitaban escalas que estaban lejos de los minifundios que dejaría cualquier tipo de subdivisión de las parcelas. Así, una reforma agraria no tenía sentido en términos económicos: no servía ni al “bien común” ni a los eventuales beneficiarios del reparto de la tierra (Hary, 1961: 51 y siguientes). En términos políticos solo podía servir a un fin: la propagación de la revolución socialista. De esta forma, el texto adquiría el carácter de un panfleto anticomunista, plagado de referencias al pensamiento católico, cuyo objetivo parecía ser alertar a los “ingenuos” que propiciaban este tipo de reformas pensando que de esa manera se podrían resolver los problemas del agro. De allí no se derivaba, como solía pasar con la crítica liberal a las iniciativas reformistas, una defensa irrestricta de la propiedad de la tierra. La existencia de “latifundios improductivos” era un problema tan importante como los minifundios igualmente improductivos que sobrevendrían como resultado de una reforma agraria (Hary, 1961: 53). ¿Qué debía hacerse, entonces, para resolver los problemas de la producción agropecuaria y superar el estancamiento agrícola? Debía garantizarse cierta estabilidad en la política agropecuaria, tanto a nivel de los precios (que debían ser compensatorios) como en relación con la posesión de tierra (debía regularizarse, por ejemplo, la situación de los arriendos). En eso consistía la política de “promoción rural” que impulsaba el autor, que permitiría que se generalicen las mejoras técnicas que ya se estaban implementando en los CREA, de forma de multiplicar la producción agropecuaria (Hary, 1961: 62 y siguientes).

Como se observa, Pablo Hary fue un vehemente opositor a la reforma agraria. Sin embargo, ello no lo ubicaba automáticamente en el extremo contrario: nunca recurrió a los tradicionales argumentos del liberalismo (como los utilizados por aquellos años por la dirigencia de la SRA y la CRA) para poner en cuestión cualquier tipo de injerencia estatal como opuesta al derecho de propiedad. Fueron recurrentes sus apelaciones a la “responsabilidad social” de productores y propietarios, e incluso llegó a defender una idea alentada por el peronismo durante el tercer gobierno: la “función social” de la tierra. Despejando al concepto de cualquier acepción que lo vincule a una reforma en la estructura de tenencia de la tierra, hacia 1974 sostenía que era necesario impulsar una “política concertada” entre la dirigencia agropecuaria y el Gobierno para que la tierra sirviera a su verdadera “función social”: producir a su mayor capacidad (Hary, 1996: 249 y siguientes). En ese sentido, a diferencia de los dirigentes rurales liberales, Hary defendía cierto grado de intervención estatal en relación con la política agropecuaria, compatible con los postulados de la Doctrina Social de la Iglesia en la que se había formado. En una charla organizada por la SRA, Hary fustigó contra quienes se limitaban a exigir del Estado mejores precios y mayores márgenes de comercialización, algo que asimilaba a un intento egoísta de “sacar ventaja” sobre otros sectores (Hary, 1996: 164-165). En su lugar, proponía una política estatal que “oriente” la producción, surgida de la “concertación” entre funcionarios y empresarios (Hary, 1996: 164 y siguientes). En materia de precios, Hary insistió una y otra vez en la necesaria estabilidad de los ingresos del productor y en que los mismos sean compensatorios (Hary, 1996: 242 y siguientes). La estabilidad también debía operar en relación con los arriendos y con la disponibilidad de su tierra por parte de los propietarios. En materia de impuestos, se inclinaba por defender herramientas como el impuesto a la renta potencial de la tierra: en más de una oportunidad se refirió a la necesidad de impulsar “una política impositiva que premie al productor más eficiente” (Hary, 1996: 249, 253).

Como se ve, Pablo Hary, alma mater de los Grupos CREA, tenía una serie de propuestas de política agropecuaria que excedía la difusión de mejoras técnicas. Es más, aunque el eje de la intervención de los Grupos CREA pasaba por la revolución de la técnica “tranqueras adentro”, ello no significaba que su fundador considerara innecesario intervenir en el ámbito político o corporativo para imponer sus propuestas. Como veremos en los siguientes apartados, esta premisa puede hacerse extensiva a un conjunto de dirigentes que tuvieron un rol relevante en los CREA, su núcleo fundador, que impulsaron, tanto a través de la intervención en las organizaciones corporativas tradicionales como de la función pública, una orientación en materia de política agropecuaria coherente con los lineamientos trazados por Pablo Hary.

La editorial de la Revista de los CREA de febrero de 1970 insistía en que “nuestras empresas no son islas”, y que “nadie puede tener una (…) empresa próspera en un país fundido”. Por eso se preguntaban, retóricamente, si era “posible que CREA (…) se mantenga ajena a la Nación” (Hary, 1996: 98-99). Pocos meses después de esta editorial, un grupo de dirigentes ligado a los CREA puso en pie un agrupamiento, el Movimiento Cultivar y Servir, que iba a intervenir con una propuesta propia en las tradicionales corporaciones agropecuarias. La función de difusión técnica asumida por los CREA se revela, así, como parte de una propuesta de política agropecuaria que iba más allá de los cambios “tranqueras adentro”. Los CREA y las corporaciones agropecuarias se complementaban. Pablo Hary tenía una larga trayectoria como dirigente corporativo con actividad en CARBAP, que integraba CRA, y en la SRA. Había sido presidente de la Sociedad Rural de Henderson en los períodos 1939-1945 y 1954-1958. También había sido dirigente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). En un discurso en Henderson, en 1942, había afirmado que el único medio que tenían a su alcance los productores rurales para hacerse oír y cambiar la orientación de las políticas públicas era la agremiación rural (Hary, 1996: 148-149). Ya al frente de los CREA, sus fundadores no dejaron de tener espacio en los medios y actividades de la Sociedad Rural, o de invitar a dirigentes corporativos (de SRA, CRA o FAA) a sus congresos. A su vez, muchos dirigentes corporativos de renombre participaron de los CREA.

Ello no significaba que compartieran con la dirigencia de las corporaciones agropecuarias las mismas propuestas ante los problemas de desarrollo rural. Como vimos, las propuestas de quienes erigieron los Grupos CREA eran originales y, en muchos sentidos, iban a contramano de las orientaciones dominantes en cada una de las corporaciones tradicionales. ¿Hicieron estos dirigentes algún esfuerzo por imponer sus propuestas a la dirigencia corporativa y a los funcionarios públicos? Como veremos, la respuesta es afirmativa.

Entre la función pública y la acción gremial-corporativa

Durante el convulsionado período que se extendió entre 1966 y 1976, un núcleo de dirigentes ligados a los grupos CREA tuvo una destacada actuación en la vida política y gremial que no ha sido estudiada en profundidad. Su irrupción en la vida pública nacional se produjo en julio de 1966, cuando Lorenzo Raggio fue designado secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación. Raggio, un productor con campos en Buenos Aires y Córdoba, no solo había tenido una destacada actuación gremial en la SRA, donde integró la Comisión Directiva de la Asociación de Criadores de Hereford, y en CRA, donde fue miembro del Comité Ejecutivo, sino que era uno de los fundadores del movimiento CREA. A fines de los años 50 presidía el CREA Nº 4, de Laboulaye-Mackenna, uno de los cuatro grupos que fundó FACREA. Fue el primer secretario de la Federación y uno de los encargados de redactar sus estatutos. La Secretaría de Agricultura de la Nación no fue el primer cargo público que ocupó Raggio: fue vocal de la Junta Nacional de Carnes entre 1956 y 1958, y presidente de la Junta Nacional de Granos entre 1962 y 1963; fue delegado por la SRA a la Convención Internacional del Trabajo de Ginebra en 1965, miembro desde ese año del Comité Ejecutivo del Banco Ganadero Argentino, y subsecretario de Economía de la Nación en 19633. Sin embargo, recién con el cargo asumido en 1966 se convertiría en una figura pública nacional. Llegó allí de la mano de Néstor Salimei, primer ministro de Economía del presidente de facto Juan Carlos Onganía. Salimei era un empresario con actuación gremial en la ACDE, que también integraba el fundador de los CREA, Pablo Hary.

La influencia de los CREA en la gestión de Raggio se hizo sentir. Según una crónica periodística, Raggio armó su equipo con cuadros provenientes de los grupos CREA, entre ellos Gastón Bordelois, Pablo Hary y Pedro Laclau (h)4. Ello anticipaba una orientación novedosa para el área: Raggio se había manifestado públicamente por la necesidad de realizar una “revolución agraria” en el país, consistente en la transformación de las explotaciones en “empresas agrarias”, en la que la ganancia fuera reinvertida para elevar la productividad de los campos y el productor actuara buscando la “maximización del beneficio”5. De hecho, se contaba a Raggio entre los partidarios del impuesto a la renta potencial de la tierra, lo que le granjeaba simpatías dentro de la Federación Agraria y odios dentro de la Sociedad Rural. Una de las primeras medidas que tomó como secretario de Agricultura y Ganadería fue poner en marcha la Comisión de Estudio del Sistema Impositivo, cuya principal función sería estudiar la viabilidad del impuesto a la renta potencial. Dicha comisión, de la que participaron Bordelois y Lacau (h.), llegó a elaborar un proyecto de impuesto a la renta potencial, que no fue implementado (Bordelois, 1974; Ramírez, 2011: 373 y siguientes). Sin embargo, la medida de mayor trascendencia tomada durante la gestión de Raggio no fue esa. En 1966, el secretario emprendió la liberación del mercado de arriendos intervenido desde principios de los 40, una medida que, como el impuesto a la renta potencial, coincidía con las propuestas de Pablo Hary para resolver los problemas del agro pampeano. La medida fue saludada por la dirigencia de la SRA y cuestionada en graves términos por los miembros de la FAA, para quienes redundaría en la expulsión de miles de arrendatarios. El secretario, sin embargo, no pudo avanzar en reformas más profundas: a fines de 1966 los problemas fiscales y las presiones de la gran burguesía industrial obligaron a renunciar a Néstor Salimei, su principal apoyo en el gabinete. Raggio renunció pocos meses después, descontento con una de las medidas aplicadas por el nuevo ministro de Economía, Krieger Vasena: las retenciones a la exportación de productos agropecuarios6.

Los dos años de gestión de Krieger Vasena recibieron la crítica unánime de las corporaciones agropecuarias pampeanas, que objetaron la creciente presión fiscal sobre el agro. En particular, se cuestionó la aplicación de retenciones y nuevos gravámenes, como el impuesto a las tierras aptas de 1968. La crítica fue seguida por la movilización de todas las corporaciones contra la política agropecuaria oficial, proceso en el que se fue soldando una convergencia entre entidades otrora enfrentadas, como la SRA y la FAA (Sanz Cerbino, 2014). La dirigencia ligada a los grupos CREA mantuvo durante esta etapa un bajo perfil, para volver al redil tras la renuncia de Krieger Vasena. Lorenzo Raggio volvió a asumir como secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación a mediados de 1969, acompañado por otro dirigente de los grupos CREA, Tomás de Anchorena7, que asumió como subsecretario. Desde ese lugar enfrentó, en consonancia con el planteo de las corporaciones agropecuarias, la “política fiscalista” hacia el agro, lo que generó fricciones con el equipo económico comandado por José María Dagnino Pastore. La propuesta de medidas para contener el ascenso de los precios de la carne llevó a Raggio a cuestionar públicamente la política económica del gobierno que integraba. En su discurso en la Fiesta Nacional del Trigo de Leones, en marzo de 1970, señaló que la concepción imperante en el Gobierno, que apuntaba a deprimir los precios agrarios para controlar la inflación, solo había producido “frustración de esperanzas, producción estancada y pérdida de posiciones en los mercados” (Giapparelli, 1993: 41-42). Esta política “de corto plazo” no solo no había logrado contener la inflación, sino que detenía la producción, por la retracción de la oferta debido a los bajos precios. Responsabilizando al Gobierno por la crisis de las carnes, reclamó medidas de “largo plazo” para el agro, como las que se estaban elaborando en su secretaría, cuya base debían ser los “precios razonables y elásticos en el corto plazo, [que] conducen a precios estables en el largo plazo” (Giapparelli, 1993: 41-42).

Con su crítica, Raggio buscaba movilizar a los productores agropecuarios en su favor y conseguir un elemento de presión en su disputa con Economía, pero no obtuvo los resultados esperados. Un mes más tarde, el Gobierno decidió imponer una veda al consumo de carne vacuna para frenar la escalada de precios. Su implementación se demoró por la reticencia de Raggio y Anchorena a firmar los decretos correspondientes. Ambos funcionarios intentaron frenar la medida: convocaron a reuniones con las corporaciones rurales para que la repudiaran públicamente, denunciaron una maniobra de los frigoríficos a la prensa y solicitaron una reunión con el presidente que no fue concedida. La crisis de gabinete se extendió durante cuatro días y culminó con la renuncia de Raggio y Anchorena a sus cargos8.

El escándalo suscitado por la renuncia de Raggio fue un llamado de atención para las corporaciones rurales pampeanas. Era evidente que el Gobierno no estaba dispuesto a reducir la presión fiscal sobre el agro, y que ni siquiera con un secretario de Agricultura que compartiera el criterio de las organizaciones gremiales se le podría torcer el brazo. Esto aceleró las gestiones de los dirigentes corporativos para alcanzar la “unidad del campo”, es decir, la conformación de un frente entre las cuatro corporaciones pampeanas (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO) para enfrentar la política agropecuaria oficial. A nivel dirigencial, desde 1967 se venía avanzando en el proceso de unificación, con reuniones periódicas y pronunciamientos comunes que objetaban las medidas oficiales. Hacia 1970 el movimiento se intensificó, y comenzaron a realizarse asambleas en distintos puntos del país que buscaban generar un consenso en torno a la confluencia de las corporaciones agropecuarias. El grupo de dirigentes ligado a los grupos CREA, luego de ver frustrada la posibilidad de incidir en la política agropecuaria desde la gestión pública, se volcó al llano y comenzó a operar desde allí a favor de la “unidad” corporativa, buscando una base para desplegar su política. Raggio y Anchorena activaron fuertemente en uno de los grupos organizados para presionar en pos de la unificación, el Movimiento de Opinión Campo Unido. En los meses que siguieron a su renuncia insistieron, desde Campo Unido, con el llamado a la unidad de todas las corporaciones gremiales del agro, impulsando y participando activamente de las asambleas en las que la unificación finalmente se selló, al conformarse en 1971 la Comisión de Enlace, integrada por SRA, FAA, CRA y CONINAGRO (Sanz Cerbino, 2014).

El Movimiento Cultivar y Servir

La “unidad del campo”, sin embargo, no duró. Luego de un período de agitación intensa contra la política agropecuaria nacional, que obligó al presidente Lanusse a hacer concesiones, las diferencias entre la SRA y la FAA volvieron a aflorar. La crisis del gobierno dictatorial y la convocatoria a elecciones con la participación del peronismo (que hasta ese momento se encontraba proscripto) trazaron una línea divisoria. La Federación Agraria visualizó en el retorno del peronismo la oportunidad de conquistar una segmentación de las cargas fiscales que favoreciera a las pequeñas explotaciones. De la mano del peronismo (y del Gobierno de Lanusse, que pretendía distanciarse de la imagen liberal) se instaló nuevamente la discusión sobre el régimen de tenencia y el impuesto a la renta potencial de la tierra, que dividió aguas en el frente agropecuario y llevó a un impasse a la Comisión de Enlace. El grupo de dirigentes ligado a los grupos CREA aprovechó la coyuntura para insistir en promover instrumentos fiscales que fomentaran la inversión y la mayor productividad del suelo, entre ellos, el impuesto a la renta potencial de la tierra. Acercaron sus propuestas a distintos dirigentes políticos, desde Lanusse a Perón, e impulsaron este tipo de posiciones en corporaciones que históricamente habían sido reacias a esta clase de reformas.

Dentro de la Sociedad Rural, el núcleo fundador de los CREA intervino armando una lista opositora a la conducción, que se denominó Cultivar y Servir. Se trataba de un hecho con escasos precedentes históricos, dado que, normalmente, las elecciones en la SRA se hacían con lista única, y solo en coyunturas muy particulares se observaba este tipo de divisiones. En 1971, los opositores se presentaron a las elecciones en las que se renovaría la comisión directiva de la entidad, llevando como primer candidato a Tomás de Anchorena. Este obtuvo 1200 votos, frente a los 2200 que recogió la lista oficialista. Cultivar y Servir volvió a presentarse a elecciones en 1972, en los comicios en los que se dirimiría quién sería el próximo presidente de la entidad. La lista estaba encabezada por Eduardo Pereda y Alberto Pereyra Iraola, candidatos a presidente y vice, respectivamente. Como Anchorena, el candidato opositor estaba vinculado a los CREA, donde tuvo una destacada trayectoria como dirigente: por aquellos años, Eduardo Pereda había sucedido a Pablo Hary en la presidencia de AACREA. A principios de los 60 había presidido el CREA Nº 7 de Treinta de Agosto. Entre 1965 y 1967 fue protesorero de FACREA, entre 1966 y 1969 presidió la Comisión de Gestión y Análisis Económico en la Federación. También fue vocal de AACREA entre 1968 y 1969, para llegar a la presidencia de la asociación en 1969. Tras dejar el cargo de presidente, se mantuvo como miembro del Consejo Consultivo de AACREA, cargo reservado para los ex dirigentes que ya no tenían cargos formales en la asociación, como Pablo Hary9.

La contienda electoral no pudo escapar a los términos del debate instalado a nivel nacional: la necesidad de una reforma de la estructura agropecuaria y el vínculo que debía asumir la SRA con el peronismo en el poder. Diferenciándose claramente de la lista oficialista, y tendiendo puentes con los planteos de la FAA y el peronismo, Cultivar y Servir planteó, en solicitadas y actos públicos, la necesidad de que los productores asumieran “mayor responsabilidad social” para dar respuesta a las necesidades de las masas y satisfacer los reclamos de “justicia social” (Palomino, 1988: 67). Las entidades gremiales empresarias y obreras debían comportarse “no como grupos de poder para lograr beneficios sectoriales sino como armonizadoras del esfuerzo al servicio del interés general” (Palomino, 1988: 67). Un punto que no solo era coherente con el discurso de los CREA respecto a la “responsabilidad social”, sino que sintonizaba bien con la “política concertada” obrero-patronal promovida por el peronismo: “concertación entre todos los sectores y regiones de la comunidad nacional con el Estado, para la elaboración de planes de política económica y social aceptados y luego apoyados por todos” (Solicitada de Cultivar y Servir, citada en Palomino, 1988: 67). A su vez, la lista opositora cuestionaba la defensa incondicional de la propiedad de la tierra: señalaba la necesidad de anteponer su “función social”, haciendo propia una bandera que tanto la FAA como el peronismo venían utilizando como argumento a favor de la necesidad de reformas estructurales10. Como se observa, los planteos de Cultivar y Servir empalmaban claramente con las propuestas de política agropecuaria que venía promoviendo Pablo Hary, y que lo llevaron a impulsar el Movimiento CREA. Aunque no había asumido posiciones relevantes en las listas de Cultivar y Servir, Hary era no solo adherente, sino una influencia decisiva para el nuevo agrupamiento.

El candidato a presidente por la lista oficialista (Unión Rural), Celedonio Pereda, cuestionó duramente los planteos opositores, de los que lo separaban, a su entender, “profundas diferencias ideológicas”. En primer lugar, defendió sin miramientos la propiedad privada de la tierra: “Para nosotros la propiedad de la tierra es la garantía fundamental para dar seguridad al productor a fin de que pueda realizar sus inversiones e incorporar nueva tecnología a las explotaciones”. Cuestionó también la necesidad de una “política concertada”, que terminaría necesariamente en el “dirigismo”. Defendió, a su vez, el sistema de precios, elemento esencial para estimular la inversión y la capitalización de las producciones, y se mostró partidario de la total eliminación de las retenciones, que deprimían los precios internos. Se posicionó explícitamente contra el impuesto a la renta potencial, iniciativa caracterizada como un “látigo incentivante” que no serviría para elevar la producción, ya que el problema residiría en otro lado. La única forma de estimular la producción, sostuvo, sería disminuir “la presión tributaria (…) desmesurada e inequitativa sobre el sector agropecuario”. Por último, señaló que en ese momento era necesaria una “acción decidida” de parte de la SRA para esclarecer los verdaderos alcances de los problemas del sector, “sobre todo ante los intentos de entidades y partidos políticos de agitar banderas de reforma agraria”, algo que, a su juicio, no hacía Cultivar y Servir.

En los comicios se impuso, finalmente, la lista oficial. Sin embargo, eso no restaba importancia a la formalización de una oposición “reformista” a la dirección de la SRA, ligada a los grupos CREA, que obtuvo tres vocalías suplentes en la comisión directiva (Palomino, 1988: 68). El grupo no se disolvió tras las elecciones, sino que mantuvo su actividad como Movimiento Cultivar y Servir, del que, además de Eduardo Pereda y Tomás de Anchorena, participaban: Pablo Hary, Lorenzo Raggio, Carlos Grondona, Jorge Pereda y René Delpech11.

En paralelo a su intervención en la SRA, este grupo de dirigentes lanzó una iniciativa de la mano de la CRA y el Movimiento de Opinión Campo Unido: la convocatoria a un “Congreso del Campo” con encuentros periódicos a lo largo de 1972. La actividad, que tuvo como vocero a Tomás de Anchorena, consistiría en una serie de reuniones y asambleas zonales en las que se pondría a discusión la situación agropecuaria y una política para el sector. Allí esperaban elaborar una propuesta con soluciones para los problemas del agro, como medio para contribuir a la “normalización del país”, que se entregaría tanto a las autoridades nacionales como a los candidatos a las elecciones presidenciales de 1973. La convocatoria contó con un amplio apoyo del presidente Lanusse, ya que contribuía a desmovilizar a los productores agropecuarios en momentos en los que entidades como la FAA se mostraban dispuestas a combatir la política económica oficial12.

La influencia del grupo liderado por Anchorena en la CRA llevó a esta entidad a ser, en 1973, uno de los principales apoyos con los que contó el Gobierno peronista para su política agropecuaria. El nuevo secretario de Agricultura, Horacio Giberti, impulsó una política que combinaba altos niveles de exacción al agro con reformas que apuntaban a sancionar, mediante distintas herramientas (entre ellas, el impuesto a la renta potencial), la baja productividad de las explotaciones agropecuarias (Lázzaro, 2013). Por estas razones, la relación del Gobierno con la SRA se mantuvo tensa. En cambio, la relación con la FAA fue cambiante. Mientras que las iniciativas reformistas atraían a un sector de los pequeños productores, el aumento de la carga impositiva generaba tensiones. El núcleo de dirigentes ligado a los CREA, por el contrario, parece haber mantenido su apoyo al Gobierno hasta al menos 1974. Según sostuvo Bordelois en una publicación vinculada con los CREA (la revista Empresa, de la ACDE), “una corriente interna de la Sociedad Rural Argentina, denominada Cultivar y Servir, explicitó su apoyo a una reforma fiscal para el agro que tendría coincidencia con el régimen después sancionado [el impuesto a la renta potencial promovido por Giberti]” (Bordelois, 1974: 34). De hecho, por su actitud hacia las iniciativas reformistas, algunos medios de prensa caracterizaron el Movimiento Cultivar y Servir como representante del “ala más progresista del movimiento rural”13. A la influencia del núcleo fundador de los CREA sobre las corporaciones tradicionales ligadas al liberalismo se le atribuye también un giro en la forma que pasaron a considerar un instrumento, como el impuesto a la renta potencial de la tierra, que históricamente habían rechazado por entender que atentaba contra la propiedad privada y llevaba a la descapitalización de las explotaciones. No solo tendrían influencia en la SRA, sino también en la CRA, y a ello se atribuye que el Congreso de CARBAP que sesionó en Trenque Lauquen en agosto de 1973 se pronunciara a favor de “un impuesto único al agro que grave la rentabilidad de la tierra de acuerdo con su actitud productiva” (Bordelois, 1974: 34). Es más, el proyecto de ley para la creación del impuesto a la renta potencial de Giberti se basó en el trabajo elaborado por la comisión para el estudio del sistema impositivo que funcionó durante la gestión de Raggio en el gobierno de Onganía, de la que participaron varios dirigentes de los CREA14, y fue sancionado por las cámaras legislativas “incluso con la aprobación entusiasta de Confederaciones Rurales”, según comenta Giberti en sus memorias (Ramírez, 2011: 333).

La buena relación del grupo con Giberti se manifestó de muchas otras formas: en noviembre de 1973, por ejemplo, se le ofreció a Eduardo Pereda el puesto de interventor de la Junta Nacional de Carnes, que finalmente terminó recayendo en otro integrante de Cultivar y Servir, Jorge Pereda. Pedro Lacau (h.), dirigente de los Grupos CREA que había integrado el gabinete de Raggio en 1966, se sumó al equipo de Giberti, primero como subsecretario de Agricultura y, posteriormente, como subsecretario de Ganadería. Al pasar Laclau de la subsecretaría de Agricultura a la de Ganadería, fue reemplazado en la primera cartera por Armando Palau, que como Laclau, venía de presidir el CREA N° 3 de Guanaco-Las Toscas (Ramírez, 2011: 373-376). El momento de mayor acercamiento entre el grupo de dirigentes provenientes de CREA y Giberti se produjo en la crisis que derivó en la firma del “Acta de concertación” entre el campo y el Gobierno. Hacia mediados de 1973, cuando la relación entre Giberti y las corporaciones agropecuarias estuvo a punto de romperse, fueron los dirigentes de CREA los que intercedieron para evitar el quiebre. A comienzos de septiembre de 1973, el Gobierno convocó a una reunión a representantes de todas las entidades agropecuarias, buscando mejorar la relación. La reunión fue motorizada por los contactos informales de algunos funcionarios públicos con dirigentes agropecuarios que, según La Nación, “coincidieron en la necesidad de buscar mecanismos que permitieran superar el distanciamiento a cuyo amparo parecían prosperar las posiciones más radicalizadas”15. El Gobierno se mostraba dispuesto a embarcarse en un diálogo en el que podrían revisarse ciertas iniciativas en marcha, pero “en un marco más general que admita la necesidad de introducir serias reformas”. Desde el gremialismo agropecuario, uno de los sectores que habría propiciado el restablecimiento del diálogo era el Movimiento Cultivar y Servir. Un comunicado emitido por este nucleamiento en medio de la crisis señalaba que “no hay derechos exigibles sin obligaciones cumplidas”, en clara referencia a que los reclamos del “campo” solo serían válidos sobre la base de una contribución al proceso en marcha. Pero ese aporte demandaba del Gobierno, a su vez, clarificar las “reglas del juego” y garantizar la “seguridad jurídica”. El comunicado cerraba poniendo límites a las exigencias de ambos extremos: “nadie que pretenda una Argentina plena, está en condiciones de afirmar que el país puede vivir sin su campo, ni que éste significa algo si no se encuentra insertado en el quehacer nacional”. Sobre este comunicado observaba La Nación: “la reunión que habrá de efectuarse esta tarde”, en la que finalmente se firmó un acta de compromiso y se resolvió crear una Comisión de Política Concertada, “parece animada por esos principios”. Esto fue confirmado por el propio Giberti en sus memorias, en las que comenta que el acercamiento que derivó en la conformación de la Comisión de Política Concertada se produjo por iniciativa del Movimiento Cultivar y Servir, que acercó esta propuesta a Orlando D’Adamo, secretario de Programación y Coordinación Económica del Ministerio de Economía de la Nación:

La idea de este esquema de trabajo la tomó D’Adamo de un grupo de esa “derecha progresista”, digamos: en particular de un grupo que se había formado —“Cultivar y Servir”— que era una especie de ala izquierda dentro de la Sociedad Rural. Muchos de ellos eran gente de los CREA, que tenían un enfoque progresista pero tecnicista; se olvidaban un poco de la cuestión social, pero no dejaban de apuntar hacia adelante. Ese grupo lo había ido a ver a D’Adamo para ofrecerle colaboración, y a él se le ocurrió que con ellos podía desarmar un poco la oposición de derecha de la Sociedad Rural (Ramírez, 2011: 384).

Entre 1973 y 1974, tanto Pablo Hary como otros dirigentes vinculados a los CREA publicaron notas en las que mostraban su apoyo a las medidas oficiales, al tiempo que apuntaban a orientar la política agropecuaria que se implementaría. En abril de 1973, Hary publicó en La Nación un artículo titulado “Política agropecuaria y ‘liberación nacional’”. Allí defendía el objetivo de la “liberación nacional” planteado por el peronismo, si se entendía por ello “zafar de la varadura que significa nuestra imponente deuda externa” (Hary, 1996: 245). En este objetivo, el agro tenía un rol que cumplir, siempre que se aplicara una política tendiente a multiplicar los rendimientos y no, como parecían insinuar ciertos sectores del futuro Gobierno peronista, “una ‘Reforma Agraria’, generadora de miseria y sometimiento al extranjero” (Hary, 1996: 245). En 1974, Hary publicó un artículo en la revista de la Bolsa de Cereales, en el que se refirió a la función social de la tierra, un tópico al que apelaban los funcionarios oficiales para justificar sus reformas. Hary, nuevamente, aclaró en qué sentido apoyaba una política que partiera de considerar que la tierra tenía una “función social”: siempre que se entendiera por ello la responsabilidad de los productores de alcanzar su máximo nivel productivo para proveer al conjunto de la población de los recursos necesarios para poner en marcha el país, y no una ineficiente reforma agraria. Para poder hacerlo, y acabar con la ineficiencia en los grandes latifundios tanto como en los minifundios improductivos, tendría una “importancia determinante (…) la puesta en marcha de una ‘política concertada’, seria y lealmente manejada” (Hary, 1996: 249 y siguientes). A comienzos de 1974, Gastón Bordelois publicó un artículo (ya citado) en la revista Empresa de la ACDE, defendiendo el proyectado impuesto a la renta potencial de la tierra. Allí señalaba:

Se impone la necesidad de mejorar los niveles de producción de las tierras ya afectadas a la actividad agropecuaria. Es decir, debe actuarse sobre el productor de manera de cambiar su actitud frente al problema de la producción, lo que exige transformar el panorama que habitualmente se presentó: romper el esquema según el cual muchas veces la mayor producción no era necesariamente sinónimo de mayores ingresos. (…) Es necesario que la política impositiva pase a ser una herramienta efectiva dentro de una política agropecuaria de cambio, y no un simple recurso de recaudación de fondos para el estado (Bordelois, 1974: 36).

Las iniciativas reformistas impulsadas por Giberti se apoyaron en un clima político muy particular, condicionado por la exacerbación de la lucha de clases, que había permitido a las corrientes reformistas ganar espacio en las corporaciones rurales tradicionales. Pero ese clima pronto se desvaneció, el ala derecha del peronismo ganó posiciones dentro del Gobierno y las conducciones rurales tradicionales encontraron espacio para avanzar contra ciertas políticas que, a regañadientes, habían aceptado. El blanco de esta ofensiva fue el anteproyecto de Ley Agraria elaborado por Giberti, que reunía en un único instrumento varias iniciativas que apuntaban a transformar la estructura agraria, bajo el precepto de que la tierra debía cumplir una “función social”. Cuando el anteproyecto se hizo público, se desató una verdadera ofensiva para evitar que fuera sancionado, encabezada por la SRA y la CRA, que, junto con la derecha peronista y sectores de la prensa, cuestionaron esta ley por “colectivista” y tildaron a su autor de poco menos que “comunista” (Lázzaro, 2013; Sanz Cerbino, 2023). Esta iniciativa, aunque coincidía con principios otrora defendidos por el núcleo fundador de los CREA, como la función social de la tierra o la necesidad de sancionar la baja productividad, no fue acompañada por estos. En una entrevista concedida a La Nación en octubre de 1974, Pablo Hary caracterizó el proyecto de Giberti como un intento de reforma agraria y tomó distancia señalando que su contenido no coincidía con el sentido que él le daba al concepto de “función social”: “El principio de función social de la tierra está siendo usado para justificar esta operación política que llaman ‘reforma agraria’”16. Como había sostenido en otras oportunidades, reiteró que una reforma agraria generaría una retracción de la producción y la productividad agropecuaria, y con ella de las exportaciones y el ingreso de divisas, y afectaría a la economía en general, produciendo desocupación e inflación, problemas “no anunciados ni en las plataformas electorales ni en las ‘pautas programáticas’”. Según Hary, el proyecto promovía la subdivisión de parcelas en pequeñas propiedades poco eficientes, y por tanto antieconómicas, además de contener vicios jurídicos y promover una excesiva injerencia del Estado en el ordenamiento de la actividad productiva, comparable a la de regímenes comunistas. De aprobarse tal proyecto, concluía, se “cerraría definitivamente el camino a cualquier intento de ‘reconstrucción nacional’”.

El anteproyecto de Ley Agraria claramente marcó un límite en el apoyo del Movimiento Cultivar y Servir a las iniciativas reformistas impulsadas por Giberti. Coincidió, a su vez, con un cambio de clima político y económico. Poco después del posicionamiento de Hary, Giberti renunció a su cargo y la Ley Agraria no llegó siquiera a ser presentada ante las cámaras legislativas. El ministro de Economía que cobijó a Giberti, José Ber Gelbard, fue desplazado de su cargo y la derecha peronista acaparó posiciones en el Gobierno. Ello fue resultado tanto de las disputas internas en el peronismo como de la aceleración de la crisis económica, producida por la caída de los precios internacionales de granos y carnes que se derrumbaron entre 1974 y 1975 y pusieron en jaque el Pacto Social. En este esquema, la presión fiscal sobre el agro se intensificó, permitiendo a las corrientes antirreformistas ganar terreno dentro de las corporaciones rurales. La campaña contra la Ley Agraria fue el primer mojón de una ofensiva que colocó a la burguesía rural y sus asociaciones en la primera línea de enfrentamiento contra el Gobierno, dando lugar a un proceso de movilización que se intensificó hacia 1975, cuando convocaron a cinco paros agropecuarios nacionales exigiendo una mejora en los precios percibidos por el sector. En consonancia con los planteos de Pablo Hary, otros integrantes de Cultivar y Servir, como Tomás de Anchorena, impulsaron en las asambleas de productores, que se multiplicaron desde fines de 1974, la ofensiva de las corporaciones rurales contra la política agropecuaria oficial17. Se cerraba, de esta manera, una etapa en la que un grupo de dirigentes ligado a los Grupos CREA intervino, con un perfil propio, en cada una de las batallas políticas y corporativas emprendidas por la burguesía agropecuaria pampeana.

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo hemos avanzado en una reconstrucción de la intervención del núcleo fundador de los Grupos CREA durante las décadas de 1960 y 1970. En la creencia de que esta intervención no puede entenderse en abstracción del contexto en el que se produce, hemos reconstruido los grandes lineamientos del debate sobre el desarrollo agropecuario que se produjo por aquellos años. Esto nos permitió comprobar que la propuesta de multiplicar la productividad de las explotaciones agropecuarias mediante una revolución técnica era una respuesta a un debate más general sobre el problema del supuesto “estancamiento agropecuario”, que se visualizaba como causa central de las dificultades económicas que atravesaba el país. De este debate participó la dirigencia agropecuaria tradicional, con posiciones que presentan puntos de contacto con la de los fundadores del Movimiento CREA. En primer lugar, porque ninguna de las soluciones propuestas al problema del estancamiento agropecuario minimizaba la importancia de la incorporación de los últimos avances de la técnica a la producción agropecuaria, aunque sí ponían el énfasis en las condiciones previas que permitirían la inversión. Para los liberales, entre los que se cuenta a la dirigencia de la SRA, el presupuesto para la inversión sería el fin de la intromisión estatal que quitaba recursos al agro mediante “distorsiones” que afectaban los precios percibidos por los productores. Para los reformistas, con los que en ciertas coyunturas coincidió la dirigencia de la FAA, el presupuesto para la inversión era la liquidación de los latifundios improductivos y el acceso a la tierra de productores verdaderamente capitalistas. Aunque con un énfasis mayor en la necesidad de difundir las mejores técnicas y de un cambio en la mentalidad de los productores, la dirigencia de los CREA no desdeñó aquellas precondiciones que la dirigencia tradicional percibía como prioritarias para permitir la capitalización y la inversión en las explotaciones agropecuarias. Así, la propuesta de los CREA, asentada en la revolución tecnológica, se complementaba con otras políticas promovidas por sus dirigentes en otras instancias.

Las medidas concretas promovidas por la dirigencia de los CREA, tanto desde la función pública como desde su intervención en la prensa especializada y dentro de las corporaciones rurales, presentaban un perfil propio que las diferenciaba de las que tradicionalmente se barajaban en las organizaciones corporativas. Fueron firmes partidarios de instrumentos que sancionaran la baja productividad de la tierra, como el impuesto a la renta potencial. Ese instrumento era visualizado como una herramienta para forzar a los productores a incorporar tecnología y modernizar sus explotaciones. En este punto, coincidieron con la FAA. La tierra tenía una “función social”, producir a su máxima capacidad, y cualquier política que estimulara este objetivo estaba lejos de ser considerada una intromisión excesiva del Estado que atentara contra el derecho de propiedad, como postulaba la dirigencia de la SRA. Sin embargo, no consideraron provechosa una reforma en la estructura de tenencia para permitir el acceso a la tierra de pequeños productores ni la eliminación del arriendo, que iría contra la necesidad de producir en escalas que permitieran el máximo aprovechamiento de la tecnología. En relación con el reclamo encabezado por la SRA y la CRA (ocasionalmente también por la FAA) respecto a la mejora de los precios relativos como incentivo a la inversión, no consideraron que fuera determinante para mejorar el desempeño del agro, aunque sí intervinieron para demandar precios que aseguraran la rentabilidad de las explotaciones. Por último, no comulgaron con la lectura que hacían las corporaciones liberales respecto a la intervención del Estado: defendieron la necesidad de que el Estado propiciara una política que orientara la producción y brindara la necesaria estabilidad para introducir las mejoras técnicas, “concertada” con los productores.

De esta manera, la propuesta del núcleo de dirigentes que puso en pie los Grupos CREA se visualiza en toda su dimensión. La clave para multiplicar la productividad del agro se encontraba en la revolución técnica de las explotaciones, pero no alcanzaba solo con ello. Así, además de la difusión de los últimos avances técnicos a través de los Grupos CREA, los dirigentes que terminarían conformando el Movimiento Cultivar y Servir procuraron impulsar políticas que generaran las precondiciones y los incentivos para que los productores pudieran capitalizarse e invertir. Con estas propuestas, intervinieron en la esfera política y corporativa. Convocados a la función pública, intentaron poner en práctica una política agropecuaria que contemplara estos puntos. Frente a las limitaciones encontradas, ante un Estado que no podía prescindir de las transferencias de renta ni reducir la presión fiscal sobre el agro tanto como el sector demandaba, se volcaron al llano. Participaron de las organizaciones que promovieron la “unidad del campo” en torno a la defensa de los precios agropecuarios a fines de los 60, como el Movimiento de Opinión Campo Unido o la Comisión de Enlace, en las que confluyeron con las corporaciones tradicionales. A su vez, aprovecharon coyunturas como la abierta en 1972 para promover la necesidad de instrumentos fiscales que atacaran los “latifundios improductivos”. Tanto con la estructuración del Movimiento Cultivar y Servir, que actuaba dentro de la SRA, como con el Congreso del Campo, que pusieron en marcha de la mano de CRA, impulsaron estas iniciativas. A su vez, dieron su apoyo a las gestiones que fomentaron este tipo de reformas, como la de Horacio Giberti al frente de la Secretaría de Agricultura (al menos hasta que su política puso en cuestión principios que defendían, como sucedió con la Ley Agraria, que leyeron como un intento de reforma agraria, o el aumento de la presión fiscal sobre el agro). Con estas propuestas, llegaron incluso a disputar la conducción de la SRA, poniendo en pie una lista con la que participaron de dos elecciones internas, con resultados nada desdeñables.

Bibliografía

Fuentes

“AACREA - 10 años de vida” (abril de 1970), Revista de los CREA, nº 22, pp. 12-24.

Bordelois, Gastón (1974), “El impuesto a la renta potencial de la tierra”, Empresa, n° 33, pp. 33-43.

“Búscase un acuerdo con el sector rural” (5 de septiembre de 1973), La Nación, pp. 1 y 7.

“Congreso de Confederaciones Rurales” (20 de octubre de 1972), La Opinión, p. 13.

Del Campo, Laureano (11 de julio de 1966), “Los programas”, Cronista Comercial, pp. 1 y 8.

----- (25 de julio de 1966), “Hombres y discursos”, Cronista Comercial, pp. 1 y 3.

“Designóse titular de Agricultura” (6 de mayo de 1970), La Nación, pp. 1 y 15.

“El Congreso del Campo concluyó” (5 de noviembre de 1972), La Nación, pp. 1 y 6.

“En el sector agropecuario” (29 de abril de 1972), La Nación, segunda sección, p. 1.

“Estrategia de CRA para la movilización” (19 de abril de 1972), La Nación, p. 10.

“Exige CARBAP la unidad del campo” (6 de octubre de 1974), La Nación, pp. 1 y 15.

“Expuso su plataforma la lista Unión Rural” (1 de septiembre de 1972), La Nación, p. 6.

“Fue designado el nuevo secretario” (7 de julio de 1966), Cronista Comercial, pp. 1 y 3.

Hary, Pablo (1961), Reforma agraria o promoción rural, Buenos Aires, Edición Rural.

------ (1968), “Conferencia del señor Pablo Hary, dicha en la sede del Banco de la Provincia de Córdoba, el 19 de junio de 1968”, Revista de los CREA, nº 12, pp. 13-18.

------ (1996), Pensamiento y obra, Buenos Aires, Editorial AACREA.

“Inauguróse ayer el Congreso del Campo” (31 de mayo de 1972), La Nación, p. 7.

“La lista oficial se impuso en la Rural” (24 de septiembre de 1971), La Nación, p. 18.

“La preparación del Congreso del Campo” (7 de mayo de 1972), La Nación, p. 7.

“Ley Agraria y función social de la tierra” (5 de octubre de 1974), La Nación, segunda sección, pp. 1 y 3.

“Opónese la Sociedad Rural a la veda al consumo de carne” (12 de abril de 1970), La Nación, p. 7.

“Oposición a la veda de carnes” (11 de abril de 1970), La Nación, pp. 1 y 5.

Ramírez, Diego (2011), Horacio Giberti: Memorias de un imprescindible, Buenos Aires, Ediciones del CCC.

“Un ganadero sería designado interventor en la Junta de Carnes” (10 de noviembre de 1973), Cronista Comercial, p. 1.

Bibliografía referida

Ascolani, Adrián y Catalá, Miguel (2017), Humberto Volando. El líder agrario, Buenos Aires, Ediciones Ciccus.

Balsa, Javier (2008a), “Transformaciones en la agricultura pampeana en las últimas décadas y su relación con el conflicto agrario”, X Jornadas de Investigación del Centro de Investigaciones Geográficas y del Departamento de Geografía, La Plata, [disponible en https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.794/ev.794.pdf].

----- (2008b), “La ideología de los productores rurales pampeanos. Su análisis en términos de disputas hegemónicas”, Realidad económica, n° 247, pp. 55-79.

----- (2010), “La cuestión agraria y la emergencia del discurso tecnologizante: el posicionamiento de las entidades agropecuarias argentinas en los años cincuenta y sesenta”, VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galhinas, Pernambuco.

Barsky, Osvaldo y Puccirelli, Alfredo (eds.) (1997), El agro pampeano. El fin de un período, Buenos Aires, FLACSO-Oficina de Publicaciones del CBC-UBA.

Giapparelli, Raúl (1993), El sector agropecuario argentino y la caída del gobierno del General Juan Carlos Onganía, Buenos Aires, mimeo.

Gramsci, Antonio (2003), Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión.

Gras, Carla (2009), “El nuevo empresariado agrario: la construcción y los dilemas de sus organizaciones”, en Gras, Carla y Hernández, Valeria (coords.), La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios, Buenos Aires, Biblos, pp. 215-236.

----- (2012), “Empresarios rurales y acción política en Argentina”, Estudios sociológicos, vol. 30, n° 89, pp. 459-487.

Gras, Carla y Hernández, Valeria (2014), “Asociatividad del empresariado agrícola en Argentina: AACREA y AAPRESID en perspectiva”, en Muzlera, José y Salomón, Alejandra (coords.), Sujetos sociales del agro argentino, Rosario, Prohistoria, pp. 35-67.

----- (2016), “Modelos de desarrollo e innovación tecnológica: una revolución conservadora”, Mundo agrario, vol. 17, n° 36, pp. 1-27.

Ivickas Magallán, Maximiliano (2017), “Desarrollo y organizaciones en el agro argentino. Los orígenes de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). 1957-1970”, en Cerdá, Juan Manuel y Salomón, Alejandra (comps.), Experiencias asociativas y representaciones agrarias en un agro en transformación, Buenos Aires, Ediciones Ciccus, pp. 102-123.

Lattuada, Mario (1992), “Notas sobre corporaciones agropecuarias y Estado. Tendencias históricas y cursos de acción posibles en la experiencia democrática contemporánea”, Estudios Sociales, n° 2, pp. 123-147.

Lázzaro, Silvia (2005), “El Estado y las políticas agrarias: concepciones y estrategias en el contexto de la crisis hegemónica de la clase dominante (1955-1969)”, en Lázzaro, Silvia y Galafassi, Guido (coords.), Sujetos, política y representaciones del mundo rural. Argentina 1930-1975, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 165-235.

----- (2012), “El desarrollismo y el problema agrario durante las décadas de 1950 y 1960”, Secuencia, n° 84, pp. 125-160.

----- (2013), “Acuerdos y confrontaciones: la política agraria peronista en el marco del Pacto Social”, Historia Crítica, n° 51, pp. 145-168.

Liaudat, María Dolores (2015), “La construcción hegemónica de las entidades técnicas en el agro argentino: análisis de los discursos de AAPRESID y AACREA en la última década”, Mundo agrario, vol. 16, n° 32, pp. 1-32.

Marx, Karl (1985), Trabajo asalariado y capital, Barcelona, Planeta-De Agostini.

O’Donnell, Guillermo (2008), Catacumbas, Buenos Aires, Prometeo.

Palomino, Mirta (1988), Tradición y poder: La Sociedad Rural Argentina (1955 – 1983), Buenos Aires, CISEA-Imago Mundi.

Sanz Cerbino, Gonzalo (2014), “Antecedentes históricos de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas: La formación de la Comisión de Enlace y la disputa por la renta (1966-1973)”, Mundo agrario, vol. 15, n° 29, pp. 1-33.

----- (2016), “La lógica del enemigo. Los programas de la burguesía argentina y sus límites, 1955-1976”, Razón y Revolución, n° 29, pp. 151-198.

----- (2017), “Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola frente al debate sobre el desarrollo agropecuario en las décadas de 1960 y 1970: propuesta programática e intervención política”, Actas del XI Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales, Paraná, pp. 113-126, [disponible en http://www.ceur-conicet.gov.ar/archivos/transferencia/acta_con_indice_2017.pdf].

----- (2023, en prensa), Los golpistas. Las disputas interburguesas y el ascenso de los “capitanes de la industria”, 1955-1983, Buenos Aires, Ediciones ryr.

Sartelli, Eduardo (comp.) (2011), La crisis orgánica de la sociedad argentina, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras UBA.

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