El conflicto del Bajo de Véliz (San Luis, Argentina), laboratorio de la territorialidad del turismo rural

Nicolás A. Trivi*

Resumen

El Bajo de Véliz es un paraje rural cercano a Santa Rosa del Conlara (provincia de San Luis) que presenta características naturales muy particulares, así como un proceso socioterritorial reciente de gran riqueza para el análisis de la práctica turística. En el año 2002 el gobierno provincial decide asfaltar la ruta hasta el paraje, y convertirlo en un área natural protegida, lo cual implicaba la expropiación de las tierras en detrimento de la población local, familias campesinas que resistieron la expropiación organizándose y reconvirtiéndose parcialmente al turismo. El objetivo de este trabajo es caracterizar el proceso de conversión del Bajo de Véliz en un atractivo turístico a partir del accionar del Estado provincial, de los empresarios turísticos y de la población local, desde un punto de vista territorial, planteando que se trata de un “laboratorio” de la territorialidad del turismo, y un caso llamativo para el debate sobre el turismo rural. Se recurrió al análisis de fuentes periodísticas y oficiales, así como a la realización de un trabajo de campo que incluyó la observación directa en el terreno, el registro fotográfico y entrevistas a diferentes actores.

Palabras clave: Bajo de Véliz, Turismo rural, Territorialidad, Neodesarrollismo, Campesinado.

The conflict of Bajo de Véliz (San Luis, Argentina), laboratory of the territoriality of rural tourism

Abstract

Bajo de Véliz is a rural area near Santa Rosa del Conlara (province of San Luis) that has very particular natural characteristics, and has recently gone through a socio-territorial process of great richness for the analysis of tourism. In 2002, the provincial government decided to pave the route to the area, and turn it into a protected natural area. This decision had a detrimental effect on the local population since it involved expropriation of lands. As a consequence, peasant families against these measures formed organizations that favored tourism. The aim of this work is to analyze the process undergone by the Bajo de Véliz to become a tourist attraction based on the joint action of the provincial government, tourist entrepreneurs, and the local population. Likewise, from a territorial point of view, this process is considered to be a “laboratory” of the territoriality of tourism, i.e. a striking case for the debate on rural tourism. Different press and official sources were analyzed, and field work was carried out including direct observation, photographic records and interviews to different actors.

Key words: Bajo de Véliz, Rural tourism, Territoriality, Neodevelopmentalism, Peasantry.

Introducción

El Bajo de Véliz es un paraje rural ubicado en el límite entre los departamentos de Junín y Libertador General San Martín de la provincia de San Luis, distante a 24 kilómetros de la localidad de Santa Rosa del Conlara y a 41 kilómetros de la Villa de Merlo (Fig. 1). Desde el punto de vista físico, es un valle tectónico de doce kilómetros de largo y dos kilómetros de ancho que corre en sentido norte-sur, con yacimientos paleontológicos del Carbónico superior y una vegetación propia del bosque serrano chaqueño (Del Vitto, Petenatti, Nellar y Petenatti, 1994). Es además una zona de antiguo poblamiento comechingón, como lo demuestra la presencia de morteros para la molienda de algarroba y otros granos en varios puntos próximos al arroyo Cautana, que surca el conjunto del valle.

Su historia reciente, que va desde la crisis y final de la actividad minera no metalífera hacia una reconversión al turismo inducida por el Estado provincial, atravesada por la persistencia de formas de economía campesina, constituye un caso particularmente interesante para discutir la territorialidad del turismo rural. Desde el momento en que concentra numerosos elementos en juego, de índole natural y social, así como un conflicto político muy rico para el análisis, pone sobre el tapete varios de los rasgos de la territorialidad del turismo, así como las características de la conflictividad social del período neodesarrollista. El objetivo de este trabajo es caracterizar el proceso de conversión del Bajo de Véliz en un atractivo turístico a partir del accionar del Estado provincial, los empresarios turísticos y las familias campesinas que constituyen la población local, en el contexto de las transformaciones territoriales ocurridas en el Valle del Conlara y las Sierras de los Comechingones.

Desde el punto de vista metodológico, debe decirse que se trata de una investigación con un diseño flexible, que formó parte de la tesis doctoral sobre la territorialidad del turismo en el noreste de la provincia de San Luis (Trivi, 2018). Se combinaron procedimientos cuantitativos y cualitativos, con relevamiento de información primaria (entrevistas, observación, registro fotográfico) y secundaria (información estadística, documentos oficiales, noticias periodísticas). Se buscó la interacción entre el trabajo de campo (realizado en noviembre de 2016) y la reflexión sobre bibliografía especializada, para integrar ambas instancias en un único proceso de análisis y síntesis de conceptos y experiencias. Se recurrió a informantes clave para la realización de entrevistas en profundidad, fuentes para la recolección de testimonios que den cuenta del punto de vista de los sujetos intervinientes. Las opiniones, impresiones y puntos de vista recogidos se presentan en el mismo cuerpo del texto, con un registro más cercano al periodístico, para lograr una lectura más fluida y un efecto dialógico que dé cuenta de las diferentes voces que hacen al caso estudiado.

Figura 1. Ubicación del Bajo de Véliz en relación con Santa Rosa del Conlara. Fuente: elaborado por Trivi sobre la base de datos SIG IGN.

Marco teórico: la territorialidad del turismo en el marco del neodesarrollismo

Entre los múltiples puntos de vista que existen para analizar el turismo como práctica social y cultural, y como sector de producción económica, desde la geografía se puede aportar el enfoque que pone al territorio como categoría de análisis clave. Enfatizar la dimensión territorial del fenómeno turístico implica poner en primer plano las relaciones de poder y de producción como factores estructurantes del espacio social y su relación con los bienes naturales. Supone además trascender la visión del turismo como actividad explicable por el simple cruce de variables empíricas, inocua en términos culturales y ambientales, para captar la complejidad de los escenarios sociales y políticos que se generan a partir de su despliegue. Por último, permite sintetizar las dimensiones simbólicas y materiales del fenómeno en su interrelación constante y su mutua dependencia.

En este sentido, se propone aquí apelar al concepto de territorialidad del turismo, como modalidad de apropiación material y simbólica del espacio, para explicar las transformaciones desencadenadas por el avance (no exento de contradicciones y conflictos) de esta actividad económica en un determinado recorte espacial (que no es autosuficiente en términos explicativos, sino que requiere de un examen multiescalar), así como su articulación con las estrategias de reproducción y legitimación de los diferentes actores sociales (Lobato Correa, 1996). La idea de territorialidad se puede aplicar al estudio del turismo en la medida en que se tenga en cuenta el contexto económico, social y político en el que se inserta la problemática abordada, a nivel nacional y regional. De esta manera es posible calibrar la incidencia de factores externos e internos en la configuración de escenarios particulares de conflicto, partiendo de la base de que, como sostiene Sánchez (1991), el turismo instrumenta una determinada “funcionalización del territorio” que supone transformaciones materiales, principalmente en el ámbito de la creación de infraestructura para la generación de procesos productivos, pero también requiere de herramientas de legitimación en el plano simbólico y discursivo.

El elemento que completa este esquema interpretativo es la idea de paisaje. De las múltiples definiciones e interpretaciones que existen sobre este concepto, en este trabajo será entendido como una determinada forma de ver el mundo, en tanto realidad externa mediada por la experiencia humana subjetiva, surgida en el contexto específico del Renacimiento y la Modernidad europeas (Cosgrove, 1998). Perla Zusman (2008) sostiene que el paisaje “no es un dato. Se trata de una construcción resultado de una serie de prácticas sociales entre las cuales se identifican desde el viaje pasando por la producción de discursos científicos o literarios, hasta el desarrollo del paisaje como género pictórico o fotográfico” (p. 199). La idea de paisaje como forma de aprehender la realidad (desde un punto de vista externo, como totalidad armónica y coherente, en tanto híbrido natural y cultural) es ideológica y constitutiva de la modernidad, y del nacimiento y posterior expansión del modo de producción capitalista. El turismo en su desarrollo se apropia de formas espaciales, productos de procesos históricos y naturales previos, y los convierte en atractivos a ser consumidos. La idea de paisaje, que va a permear no solo la promoción privada de los atractivos, sino también las instancias de planificación estatal (como se verá en el análisis del Plan de Manejo Ambiental 2014), es en buena medida el vehículo para esta apropiación.

El caso trabajado aquí se abordó teniendo en cuenta el panorama económico y social a nivel nacional emergente de la crisis del 2001-2002, conceptualizado por algunos autores como neodesarrollismo (López, 2015; Katz, 2016), caracterizado por un nuevo ciclo de expansión del mercado interno y el consumo, con un protagonismo de la exportación de commodities en el mercado internacional, lo cual profundizó rasgos de primarización del aparato productivo, y generó un avance de la frontera extractiva (fundamentalmente agraria y minera, pero también hidrocarburífera, pesquera, forestal, y con rasgos comunes con el negocio inmobiliario). Fue un período particularmente complejo, dada la necesaria adaptación del aparato estatal a una correlación de fuerzas sociales distinta a la que expresaba en su momento el neoliberalismo, lo cual se tradujo en herramientas de intervención más proclives a representar los intereses populares, y menos inclinadas a la represión de la protesta social.

En el ámbito del turismo, este período se destacó por una expansión y diversificación de la actividad, amparada por un nuevo marco legal, y canalizada por nuevas herramientas como la planificación estratégica y los programas de desarrollo territorial rural. El estímulo dado al turismo a nivel nacional fue entendido como una forma de fortalecer el mercado interno y el consumo, y al mismo tiempo propiciar el ingreso de divisas mediante el posicionamiento del país en el contexto internacional. También es necesario tener en cuenta el panorama provincial, que presenta tendencias similares a las del ámbito nacional, pero al mismo tiempo cuenta con rasgos específicos que lo distinguen. En la provincia de San Luis se destaca la creación de carreteras como mascarón de proa de una gestión espectacularizada de la infraestructura pública, tendiente a sostener un proyecto político que se diferencie del gobierno nacional por su impronta de eficiencia, orden y prolijidad frente al público turístico nacional.

El caso estudiado aquí se explica en gran medida por el crecimiento que tuvieron Villa de Merlo y las localidades del faldeo occidental de la Sierra de los Comechingones como destinos turísticos de alcance nacional, a partir de la devaluación del peso con la que se dio fin a la convertibilidad. Se trató de un despegue en la cantidad y variedad de visitas, y en el crecimiento y diversificación de las plazas hoteleras y parahoteleras, que culminó un proceso de largo alcance de construcción de un destino turístico, encabezado por las élites políticas e intelectuales de la zona. Es en este marco que el asfaltado de la ruta en el paraje rural se convirtió en la condición necesaria para la llegada de un flujo mayor de turistas.

Se entenderá al Bajo de Véliz como un territorio atravesado por una tensión territorial, generada a partir de la oposición entre diferentes intereses económicos y políticos, y horizontes de sentido para la vida opuestos. Es decir, como territorialidades en conflicto. Desde este punto de vista, se ponen en primer plano las relaciones de poder ejercidas por una serie de actores colectivos, individuales e institucionales en la disputa por el espacio. Se integran, en un único proceso de apropiación conflictiva del espacio, estrategias e intervenciones de carácter material, y elementos de carácter simbólico y discursivo. Se toma en cuenta la imbricación de múltiples escalas geográficas, que permite explicar la incidencia de ciertas estrategias de acción y de tendencias comunes a otros contextos. Por último, se conciben las obras de infraestructura carretera como intervenciones destinadas a acelerar los tiempos de circulación y la productividad global del capital, pero que pueden dar pie a otros usos y a otra valoración social en el ejercicio de la movilidad como derecho.

Lo fundamental aquí es comprender cómo una práctica social como el turismo desencadena una serie de transformaciones en el que “al mismo tiempo que en que el capital gana mayor fluidez en el espacio, en el encuentro/desencuentro con/contra las rugosidades de las territorialidades campesinas e indígenas se reinventan los territorios” (Porto Gonçalves y Betancourt Santiago, 2013, p. 34). Por ello vale la pena indagar en las especificidades del turismo como una práctica que, o bien puede estar comprometida con una dinámica de acumulación del capital, o bien ser parte de una estrategia de reproducción familiar, de resistencia y de reconstrucción identitaria.

En relación con esto último hay que tener en cuenta que, durante el neodesarrollismo, uno de los elementos que caracteriza a las políticas turísticas es la implementación de programas de desarrollo territorial rural que toman el turismo como uno de los instrumentos para imprimirle dinámica económica a los espacios rurales. En consonancia con el carácter que asume el Estado durante esta etapa, se trata de ampliar el negocio del turismo rural, haciéndose eco de los debates sobre la nueva ruralidad y la multifuncionalidad de los espacios rurales, en los que tienen cada vez más peso los usos recreativos y ligados al sector de servicios (Trivi, 2016).

Varios de estos programas, como el Programa Nacional de Turismo Rural (PRONATUR), presentan rasgos comunes con varias políticas focalizadas de la etapa neoliberal, lo cual marca la continuidad de ciertas formas de intervención estatal en la esfera civil y económica más allá de los cambios de etapa histórica. Estos programas de desarrollo se basan en una concepción del territorio en la que se enfatiza su componente identitario y su delimitación en términos regionales, pero donde las relaciones de poder que sostienen la desigualdad social son ignoradas; como si las situaciones de pobreza estructural que se pretenden combatir se pudieran resolver apelando a una idea difusa de consenso social, susceptible de ser alcanzado a través de mecanismos de participación social reglamentados por el Estado y las ONG o las empresas consultoras.

Este tipo de políticas están atravesadas por una perspectiva donde la riqueza natural y cultural del país debe convertirse en productos estandarizados a ser ofrecidos en el mercado internacional, con el objetivo de atraer inversiones y generar divisas, a nivel nacional, y generar un mayor nivel de actividad económica a nivel provincial. Son mecanismos a partir de los cuales buena parte de la riqueza cultural de comunidades rurales, tanto aborígenes como campesinas, son asimiladas como productos turísticos para la conformación de una red de destinos más compleja y diversificada. Si bien el accionar del Estado provincial sanluiseño no se asimila completamente al panorama nacional, ya que contiene rasgos más paternalistas y verticalistas, rescatar este contexto ayuda a comprender algunas de las respuestas del gobierno en el momento del estallido de la disputa.

Breve reseña del conflicto

El Bajo de Véliz comparte con otros parajes rurales de la región una historia de aislamiento del contexto provincial, dado por la tradicional falta de infraestructura carretera apropiada para la circulación de la población y de la producción, favoreciendo la pervivencia de lógicas productivas de tipo campesino y rasgos culturales mestizos y aborígenes. Para Alberto Trossero, docente de la Universidad Nacional de San Luis entrevistado durante el trabajo de campo, “el Bajo es como una Pompeya puntana. Es una cultura que se conservó por el encerramiento”. En el caso particular del Bajo, la presencia de una cantera de lajas y pizarras, la Cantera Santa Rosa, tuvo relevancia en el perfil productivo de la zona, empleando a numerosos pobladores hasta su cierre en la década de 1990.

En un panorama de declive económico dado por el cierre de la cantera, se da un quiebre fundamental con el anuncio del asfaltado del camino hasta el empalme con la Ruta Provincial No 5, que une al paraje con la localidad de Santa Rosa del Conlara, y del camino que atraviesa el Bajo siguiendo el recorrido del arroyo Cautana. Previamente, se había dado la visita de la por entonces gobernadora María Alicia Lemme, a quien se le había planteado la problemática del saqueo de los fósiles y el patrimonio local por parte de turistas visitantes furtivos. “Yo mismo de chicho vendía piedras y restos que iba encontrando a la gente que venía a conocer”, relata uno de los guías locales, consciente hoy de la necesidad de preservar el patrimonio fósil de la zona como atractivo turístico.

“Cuando la hicieron [la ruta], nos preguntamos ‘¿por qué a nosotros?’”, comenta una vecina de la zona, para dejar en claro lo llamativo de la envergadura de la intervención del Estado provincial. Apelando a fondos provenientes del Plan Mil (un programa provincial que preveía contar con mil millones de pesos para diversas obras), con los que también se realizaron obras en la escuela del paraje, la ruta se construyó en menos de un año, usando dinamita, y se inauguró en el año 2002. Esta obra puntual está en consonancia con la política provincial de gestión espectacularizada de las rutas, tendiente a asegurar una mayor movilidad para los distintos factores de producción, y al mismo tiempo poner a la obra pública de gran envergadura como rasgo distintivo del proyecto político del gobierno. En este caso, era clara la intencionalidad de incluir al paraje en el territorio turístico provincial y regional, dado que la ruta, que concluye en una rotonda cercana al árbol del Guayacán, no integra al paraje a ningún otro circuito más amplio con el norte de la provincia, pudiendo imprimirles una nueva dinámica a otras actividades productivas regionales.

En el momento en que la Villa de Merlo vivía un momento de gran crecimiento demográfico, luego de la crisis de la convertibilidad (del año 2001 en adelante), el Bajo sintió los ecos de este proceso con el aumento exponencial de las visitas turísticas, ampliándose más allá del segmento del turismo aventura en vehículos de tracción 4x4, que constituía el público habitual del paraje. Se trataba de un fenómeno totalmente desregulado que provocaba el saqueo del patrimonio fósil y florifaunístico de la zona. A partir del año 2003, las familias de la comunidad, alrededor de una veintena, se volcaron parcialmente al turismo, como guías, produciendo y vendiendo artesanías, en parte estimuladas por planes gubernamentales de desarrollo rural. Pero no abandonaron la producción agropecuaria tradicional, diversificándose. Alrededor de la escuela, el punto de ingreso al parque, se construyeron casillas y puestos para atender a los turistas, además de un museo informal de piedras y fósiles que contiene una réplica de “la araña gigante”, el exponente más importante del patrimonio fósil de la zona, que se ha convertido en uno de los símbolos del Bajo para el consumo turístico.

Los guías locales, todos de la comunidad, fueron encuadrados por el gobierno provincial como beneficiarios del Plan de Inclusión Social (PIS), un exponente de las modalidades de intervención estatal del período, que han buscado salvar las situaciones más graves de exclusión con la integración de la población a través del consumo manteniendo distintas variantes de precarización laboral. Según Mónica Páez, Mońica Bussetti, Mariana Saibene y María Celeste Fernández (2008), el PIS se lanzó en 2003 como respuesta al deterioro del mercado laboral, en parte dado el contexto de crisis a nivel nacional, y en buena medida por el agotamiento de las ventajas del régimen de promoción industrial de las décadas pasadas. Se planteó como “el plan social más ambicioso del país” (Páez, Bussetti, Saibene, Fernández, 2008, p. 1), ya que buscaba contener a la totalidad de la mano de obra desocupada de la provincia. Sin embargo, estas autoras sostienen lo siguiente sobre el PIS:

no implicó un incremento sustancial de los fondos que el Estado destina a mejorar o sostener la equidad social, sino que se nutrió de los fondos de otras partidas que también tienen el mismo objetivo. (…) [Por lo tanto,] la permanencia del Plan en el tiempo parece indicar que el mismo no ha posibilitado una salida de una situación de exclusión, sino más bien ha generado un escenario que posibilita el acceso al consumo, pero que no logra mejorar la distribución de los ingresos monetarios ni generar bienes públicos que redunden en el bienestar general y/o mejoren la equidad (p. 13).

No sorprende esta situación, dado que la inclusión de sectores desfavorecidos por las políticas neoliberales de las décadas previas a través del consumo, sin atacar las raíces estructurales de las situaciones de desigualdad social, es un rasgo típico del neodesarrollismo y de la forma Estado que lo caracteriza (Manzanal, 2013).

Cuando se crea el Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP) de la provincia en 2004, el Bajo de Veliz es incluido en la nómina de sitios a proteger y se convierte en Parque Provincial mediante la Ley IX-0333-2004, que establece su superficie en 5.956 hectáreas. Es en virtud de este reconocimiento que en el año 2010 se hacen en la zona los relevamientos correspondientes a la implementación de la Ley de Bosques.

El conflicto con la comunidad local estalla cuando se hace de público conocimiento que la creación del parque implicaba la expropiación de las tierras para su conservación. Había antecedentes, desde el año 2001, de reuniones del gobierno con las familias de la zona en las que se planteó la posibilidad de expropiación, que generaron dudas en la comunidad. Pero es luego del asfaltado de la ruta que la problemática se hace explícita, y se aclara el panorama. Se preveía que a cada familia le correspondería una hectárea para sus necesidades productivas y de vivienda, una propuesta inviable en un contexto de tenencia precaria de la tierra, donde es predominante la modalidad de “campo abierto” para la cría de ganado. La promesa de la entrega de los títulos de la tierra no resolvía el problema, dado que generaba conflictos al interior de las familias, entre los miembros que vivían en el Bajo y quienes se habían mudado a Santa Rosa u otras localidades.

La propuesta era coherente con una visión moderna y eurocéntrica de la protección de la naturaleza por fuera de las relaciones sociales, vertebrada por criterios estéticos que esconden su mercantilización (Madoery, 2012). Además de la expropiación, incluía la capacitación de la población local en el guiado turístico y en la fabricación de artesanías en madera, demostrando el perfil mercantilizador del accionar estatal. Así se apuntaba a forzar una reconversión hacia el turismo de las familias locales, que deje el panorama abierto para el ingreso del capital privado a través del negocio inmobiliario. “La idea original era hacer algo con piletas y salas de interpretación. Ellos querían un parque sin gente”, asevera Mario Godoy, director de la Escuela N.o 409 “Granadero Marcelino Rodríguez”, y una pieza clave para comprender la dinámica social del Bajo durante el conflicto.

Una posible explicación para el accionar del gobierno provincial que esgrime la dueña de uno de los puestos de la entrada al paraje (difícil de comprobar pero no descabellada), es que el parque del Bajo debía servir como ejemplo de gestión para avanzar en la recuperación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas para la órbita provincial. El argumento del gobierno para hacerse con el control de ese parque del noroeste provincial era el de la restitución de las tierras a los pueblos aborígenes, en este caso la comunidad huarpe de Guanacache1. Se trataría entonces de un accionar coherente con una política provincial de etnogénesis inducida por el Estado, con “patrones de autenticidad impuestos desde fuera de la comunidad”, como sostiene María Vanesa Giacomasso (2016, p. 156) en su trabajo sobre Pueblo Ranquel.

En este sentido se puede comprender el hecho de que en el año 2007 un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba realizara un estudio genético entre los pobladores del Bajo de Véliz para comprobar su filiación con el pueblo comechingón. Pese a los resultados positivos de dicho estudio, y a que la autopercepción como comunidad aborigen podía servir como argumento para obtener la intangibilidad de las tierras por su carácter comunitario, las familias del Bajo no se movilizaron en función de una identidad aborigen delimitada, sino a partir de la activación de una identidad ligada a la esfera productiva, escapando a un posible encasillamiento coherente con una estrategia de turistificación por parte del gobierno.

A partir del año 2005, la instancia de discusión abierta por el gobierno para comunicar las implicancias de la creación del parque, que tuvieron a la escuela como sede, sirvió para la conformación de un espacio asambleario de las familias, que se opusieron a la expropiación comenzando con un proceso de organización creciente. En primer lugar, realizaron protestas en Santa Rosa del Conlara y luego en la misma capital provincial, logrando ser recibidos por el gobernador. Al mismo tiempo, juntaron firmas contra la expropiación entre los propios visitantes, y realizando jornadas reivindicativas alrededor de efemérides como el Día Internacional de la Lucha Campesina. Es a partir de esta primera respuesta de las familias que se interrumpe el dictado de cursos de artesanía en madera por parte del gobierno. Luego, la comunidad siguió avanzando con otras exigencias como el acceso al agua, que se plasmó en la obra de perforación, realizada en 2009 con fondos de programas como el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (Proinder) y el Programa Social Agropecuario (PSA), además del dinero recolectado de propinas de los turistas. Y más tarde logrando una mayor diversificación a través de canales alternativos de comercialización para su producción ganadera, a partir de la participación en instancias como la Mesa Caprina, junto a productores de otros parajes de la región.

En este proceso organizativo fue clave la intervención de la Asociación Campesinos del Valle del Conlara (ACVC), una organización que acompañó a las familias en sus movilizaciones; brindó el contacto con otras experiencias de lucha, como la de la organización cordobesa APENOC (Asociación de Pequeños productores del Noreste de Córdoba); y aportó en la politización de la comunidad en el fortalecimiento de su identidad campesina. La ACVC se conforma oficialmente en 2005, producto de varios años de paciente organización y debate sobre problemáticas comunes entre familias campesinas de diferentes parajes del Valle del Conlara, con participación activa de militantes sociales, ingenieros agrónomos y profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Según consta en el trabajo de Nahuel Churín (2017) —uno de esos mal llamados “técnicos” que fue clave en el surgimiento de la Asociación—, el objetivo último de la entidad es la reconfiguración de las relaciones de poder en la región, mediante la defensa de la producción campesina. A partir de la gestación de emprendimientos productivos de carácter comunitario, de la articulación con otras organizaciones populares del país, del trabajo en conjunto con cátedras universitarias, y de la denuncia de las consecuencias más nefastas del agronegocio, se elaboró una concepción propia sobre la identidad campesina y la lucha por el territorio. En este proceso de organización se tomó como premisa al campesinado no como clase social, sino como “una construcción histórica en y desde la comunidad” (p. 16). Y se trabajó en la constitución de tres categorías básicas que dan forma a la vida campesina, “familia, comunidad y territorio” (p. 68), articuladas dialécticamente para darle un sentido político a lazos preexistentes de tipo consuetudinario. De esta manera, se planteó una territorialidad propia definida “como el modo de vida campesino que entiende a su territorio como el substrato básico de la economía familiar, que permite satisfacer las necesidades de alimentación, vivienda, educación, salud, vestuario” (p. 18). Y, por lo tanto, la comunidad se entiende como la “mínima escala necesaria para sostener la territorialidad”, dado que es el plafón imprescindible para mantener el “modo de vida campesino con sus valores y principios en el territorio” (p. 70).

El resultado de este trabajo ha sido una reconfiguración de las estrategias campesinas, desde una organización pragmática basada en el núcleo familiar hasta un arraigo en el territorio (primero en la escala de cada paraje, y luego en una escala regional), con una base doctrinaria coherente con planteos de movimientos campesinos del mundo y el continente. El rumbo encarado por la ACVC es coherente con lo que Domínguez (2012) llama la recampesinización de familias rurales argentinas, entendida como estrategia de permanencia y activación de una identidad política, ante la avanzada del esquema del agronegocio. Se trata de un proceso de reagrupamiento sobre la base de la respuesta ante una presión desterritorializadora (Barbetta, 2012), que tiene como fundamento una racionalidad económica propia, caracterizada por el control y reducción del riesgo, la concepción de la actividad productiva como totalidad articulada y la aceptación de innovaciones tecnológicas en función de parámetros propios ligados a un saber local (Landini, 2011).

Como se pudo saber a partir de las entrevistas a miembros de la Asociación, la defensa de las tierras de las familias del Bajo se trató de un derrotero signado por avances y retrocesos, y por momentos álgidos de resistencia al avance del accionar estatal mediante métodos como la represión policial, o la generación de conflictos adrede en el seno de la comunidad por parte de agentes encubiertos. Uno de los momentos críticos del proceso fue el de tomar la decisión consensuada en asamblea de no vender las tierras a pesar de la mejora que suponía la hipotética llegada del tendido eléctrico a la zona. Otro fue la resistencia a una intervención policial luego de un acto de la Asociación, a lo cual la comunidad respondió avanzando en mayores niveles de organización, y avalando las obras de perforación que se estaban llevando a cabo. La ofensiva más clara por parte de los agentes paraestatales fue la construcción de una casilla en las proximidades de la escuela, para comenzar un proceso de ocupación de facto del lugar, que encontró como respuesta la acción directa de la comunidad.

Lo destacable aquí es que la resistencia a la expropiación de las tierras implicó una profunda reflexividad sobre la defensa del territorio y de un estilo de vida, así como una apropiación particular de la práctica turística que pone en cuestión los parámetros de lo que normalmente se entiende (y se impone) por desarrollo. Fue también un proceso de autoreconocimiento y afirmación de una determinada manera de apropiarse del territorio, en un tenso diálogo con lo que se proponía desde el Estado. Machado Aráoz y Paz (2016) afirman que “la formación de la ACVC se inscribe dentro de las adaptaciones y transformaciones de sus históricas estrategias de reproducción ante estos nuevos procesos expropiatorios” (p. 161). Estos autores plantean la relevancia de la dimensión epistémica de este proceso, señalando que la recuperación de una identidad política revive determinadas matrices de racionalidad, en una instancia de reafirmación de un lugar geográfico y social, desde el momento en que “las re-existencias campesinas actúan en permanente tensión (y disputa) con la lógica del colonialismo, el capital trasnacional, el Estado, el progreso, el lucro y la modernidad impuesta a través de una maquinaria hegemónica de producción de subjetividades” (p. 166). El hecho de que se haya dictado una ley de expropiación que nunca se aplicó demuestra que se trata de un conflicto que no se resolvió plenamente, sino que se encuentra de alguna manera “congelado”, al menos en términos formales. Esto no quiere decir que se hayan agotado las estrategias ni accionares de los diferentes actores en pugna. Por el contrario, se sigue expresando en otros planos de producción de sentido sobre el territorio, como el de la elaboración de documentos de planificación del manejo del área protegida.

El paisaje en la planificación estatal: el Plan de Manejo Ambiental 2014

En relación con el papel cumplido por el Estado, vale la pena detenerse a analizar el Plan de Manejo Ambiental del Área Natural Protegida Bajo de Véliz y Quebrada de Cautana, editado por el Ministerio de Medio Ambiente provincial durante la gobernación de Claudio Poggi (2011-2015). Es un documento que aporta elementos para desentrañar la lógica que subyace a este tipo de intervenciones en el territorio, si nos damos a la tarea de leer entre líneas y no nos quedamos en el lenguaje superficial y el tono conciliador de este tipo de textos. El plan de manejo (de aquí en adelante, PMA2014) propone una planificación estratégica a diez años con control ciudadano, pese a que durante el trabajo de campo realizado se constató su escasa difusión entre la población interesada. A grandes rasgos, el PMA2014 realiza un diagnóstico ambiental y una zonificación en “unidades de paisaje”, para luego proponer un plan de acción compuesto por distintos proyectos, y un “Plan de monitoreo de la biodiversidad y de los recursos culturales”. Ante el diagnóstico de amenazas para los paisajes regionales que incluyen la especulación inmobiliaria, el turismo incontrolado y la minería extractiva (en un contexto regional y provincial de avance del agronegocio), en la zonificación se proponen zonas intangibles, de amortiguamiento, de uso extensivo y de uso intensivo.

En el ordenamiento territorial propuesto por esta zonificación, se prevé para la zona intangible la apertura de una nueva vía de acceso al parque desde el norte, que habilitaría la conformación de un circuito norte para un mayor aprovechamiento turístico: “allí podrían alquilarse, caballos o contratar la visita con camionetas del parque. También podrían ofrecerse productos artesanales realizadas por la comunidad de Bajo de Véliz” (p. 89). Para la zona de uso extensivo, que corresponde a la zona de viviendas, “se permitirá la actividad productiva preexistente” (p. 89). El eje de intervención propuesto apunta a implementar el plan de manejo con presencia del Estado y “generando acuerdos con los pobladores en temas como tenencia de la tierra, criterios constructivos, hábitos de uso, manejo del ganado, entre otros” (p. 93).

En cuanto a la idea de paisaje, se lo concibe como “una unidad [que] permite hacer una aproximación a los componentes del medio natural en forma holística y a su vez comprender las distintas alternativas de usos actuales y potenciales” (p. 81). El Plan toma como marco legal la creación del SANP, que comprende áreas destacadas “por sus condiciones ambientales, por su flora, fauna y bellezas escénicas” (p. 5). Entre sus objetivos se habla de “instalar al Parque como sitio de valor para el aprovechamiento turístico sostenible”, involucrando a “las comunidades locales en la conservación”, teniendo como una de las metas la “promoción del aprovechamiento sustentable de los ambientes y su belleza escénica” (p. 7).

Se toma como marco legal la propia constitución provincial, la cual establece que el Estado provincial debe “ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados. Crear y desarrollar reservas y parques naturales, así como clasificar y proteger paisajes, lugares y especies animales y la preservación de valores culturales de interés histórico o artístico” (Constitución de la Provincia de San Luis, art. 47. Citado en Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de San Luis, 2014, p. 9). Por lo tanto, se puede decir que es una concepción tradicional del paisaje, en términos físico-naturales y conservacionistas, que no es privativa de este plan de manejo, sino que atraviesa la legislación provincial en todos sus niveles.

En la caracterización que se hace del área se nota un sesgo orientado hacia el consumo turístico, dado que se destaca su conectividad carretera y su inclusión en una hipotética ruta turística de las eras geológicas, junto al Parque Nacional Sierra de las Quijadas y el Parque Nacional Quebrada del Condorito (en Córdoba), entre otros sitios. Sin embargo, lo más importante es cómo se realza la belleza escénica y las virtudes del lugar en términos de paisaje. Una constante del texto es la valoración estética de la zona a partir del factor visual, que implica una aprehensión del área en tanto una totalidad armónica desprovista de conflictos. El ejemplo más claro de cómo la mirada turística (Urry, 2004) orienta el abordaje del área es el siguiente, donde el relato es similar al de un material publicitario:

La vista panorámica a medida que nos acercamos al Parque Provincial Bajo de Véliz se manifiesta a través del relieve y la vegetación que presentan los cordones serranos. La particularidad de este paisaje está dada por la altura en que se accede al Bajo de Véliz (800 m.s.n.m.). Desde allí la geomorfología del área del parque se manifiesta en todo su esplendor y está dada por el relieve serrano, el valle tectónico atravesado por el Arroyo Cautana y la variedad de formas y dirección de las quebradas, que se pueden observar a medida que nos acercamos (p. 31).

Vale la pena realizar la comparación con un material de difusión como la revista de la Secretaría de Turismo merlina Paraísos del Turismo, que en un artículo dedicado al Bajo de Véliz presenta una perspectiva muy parecida en la descripción del paraje, en la que se simula la llegada de un visitante desde la principal vía de acceso:

Desde la Villa de Merlo hacia el poniente por la ruta provincial 5, después de atravesar la Autopista que recorre de Sur a Norte el territorio provincial arribamos a Santa Rosa de Conlara (…). Continuamos por una excelente ruta asfalta rumbo al Oeste bordeando el lado norte de la población. Más adelante cruzamos el puente construido sobre el cauce del Río Conlara y llegamos a un cruce donde se indica seguir al frente hacia el paisaje excepcional del Bajo de Véliz. Kilómetros de paisaje semidesértico, adornado de jarillas e iluminado por las amarillas flores del espinillo nos permiten descubrir un horizonte casi pampeano hasta el descenso que nos interna en una depresión del terreno rodeado de laderas pedregosas cubiertas por la clásica vegetación achaparrada del lugar. Comenzamos a ingresar a un paisaje casi escondido que nos produce asombro por no imaginarlo apenas pocos metros antes (Secretaría de Turismo de Villa de Merlo, 2015, p. 4).

En ambos textos se da cuenta de un punto de vista exterior que supone el de un visitante sorprendido por la belleza del lugar, dada la particular topografía de la zona, que además disfruta de las ventajas que ofrece la infraestructura de la carretera provincial. En este caso, la organización de la mirada implica una apropiación del espacio (Fig. 2).

Figura 2. Mirador en la entrada al Bajo de Véliz.

Fuente: fotografía propia, noviembre 2016.

Otro elemento en el que se detecta la fuerza del factor visual es en la prescripción para los “materiales a utilizarse en fachadas [que] deben respetar la impronta de la zona. En lo posible se utilizarán materiales autóctonos (piedra y madera del lugar)” (p. 92). La recomendación se hace extensiva a la provisión de nuevas redes de infraestructura de servicios, dado que se plantea la obligatoriedad del tendido eléctrico de carácter subterráneo, para no arruinar la vista del lugar. Evidentemente, hay una operación selectiva de cuáles elementos son aceptables desde una perspectiva estética y cuáles no, desde el momento en que la presencia de la cinta asfáltica no es cuestionada, y se incorpora sin problemas a lo que desde la práctica turística supone que es un paraje rural que vale la pena ser visitado.

El correlato de esta perspectiva es la asimilación de la comunidad local al entorno natural, como uno de sus atributos, o incluso sugiriendo su inexistencia, como sucede con la Ley IX-0333-2004 de creación del Parque, que habla de “conservar áreas con representatividad biogeográfica, no afectada por la actividad humana, que contienen ecosistemas y especies de flora y fauna y/o paisajes naturales de belleza excepcional, con fines científicos, educativos y recreativos” (p. 9. Las cursivas son nuestras). En este sentido, se denota también una actitud paternalista para con las familias del paraje, que son presentadas como un objeto pasivo que debe recibir recomendaciones por parte del Estado para poder mejorar su calidad de vida y adaptarse a la nueva orientación productiva de índole turística que propone el Plan de Manejo.

Se proponen acciones como la expansión de la apicultura y la introducción de ganado camélido (llamas), sin arraigo ni presencia previa en la zona, para atacar necesidades como la de diversificar la economía familiar y problemas reales como el sobrepastoreo que genera el ganado caprino. Esta última iniciativa, que ha encontrado poca repercusión entre la población local, producto del apego a la producción caprina, puede interpretarse también como un intento de incorporar a la zona un elemento propio de regiones de marcado desarrollo turístico como lo es el Noroeste argentino, para generar un efecto de asociación en el visitante con otros destinos del país. Como se verá más adelante, ese efecto ya se puede notar en la venta de artículos regionales en los puestos del Bajo. Por otro lado, se plantean estrategias para fortalecer la atractividad turística del Parque, como el desarrollo del ecoturismo, la capacitación continua del personal, la producción y venta de artesanías y la construcción de nuevas infraestructuras, más allá de que varias de las infraestructuras básicas del puesto de ingreso, como los sanitarios, fueron construidas por los guías con recursos propios.

La cultura y costumbres locales son folclorizadas para hacerlas permeables a una pedagogía ambientalista, ignorando el propio rol de esas familias en la conservación del ambiente a lo largo de la historia. Es lo que se puede leer en la descripción del Guayacán, particular ejemplar arbóreo de la especie Caesalpinia paraguariensis, uno de los principales atractivos turísticos del parque:

Los pobladores lo llaman ‘el Árbol de la Vida’ y éste es un caso en que se reconoce y se valora una especie vegetal considerando este hecho cultural como importante y de alguna manera indicador de que es posible sensibilizar a los pobladores sobre la importancia del cuidado de otros árboles y de la flora en general como base de la biodiversidad de la zona (Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de San Luis, 2014, p. 58).

Desde este punto de vista, se niega u oculta la relación de las familias campesinas con el monte nativo a lo largo de generaciones, y la sabiduría construida al respecto.

El PMA2014 debe entenderse como un producto de la correlación de fuerzas emergente del conflicto por la expropiación de las tierras, cuando el Bajo ya había transitado el momento de expansión de las visitas turísticas y entraba en una fase de amesetamiento. El propio plan lo refleja cuando habla de impulsar el ordenamiento territorial para:

Mejorar las condiciones de seguridad de la tenencia de la tierra, tanto hacia el Estado en función de ejercer sus derechos y obligaciones, como para los habitantes del Parque a fines de ver resguardados los derechos obtenidos a lo largo del tiempo, asumiendo un compromiso con la conservación del sitio (p. 94).

Siendo parte de las políticas de una gestión, la de Claudio Poggi, que construyó un centro de interpretación unos kilómetros antes de llegar al Bajo, para quitarle peso específico al puesto de ingreso que manejan los guías locales, se puede interpretar como una táctica para recuperar iniciativa.

En este sentido debe emplearse la idea de territorialidad del turismo propuesta aquí, como imbricación de estrategias discursivas y materiales para la apropiación del espacio. Aquí la valoración del lugar en términos visuales es la que sostiene la intervención para lograr una reorientación productiva. La idea de “belleza escénica”, una relación con el espacio de índole estética que implica apelar a valores que se pretenden ahistóricos y se ponen por encima de las contradicciones sociales, es la justificación para la territorialización de determinados intereses económicos y políticos. La finalidad de la creación del parque, y el peso que tiene en ella la concepción del paisaje que se pretende conservacionista pero no puede evitar sus rasgos mercantilizadores, se denota en el párrafo final del texto, que además le da un contexto provincial y un sentido en el marco de una determinada política turística:

El Parque Provincial Bajo de Véliz, junto a otras áreas naturales protegidas de la provincia de San Luis, permitirá mostrar a propios y ajenos, la gran diversidad de paisajes existentes entre las Sierras de los Comechingones y el parque Nacional Sierra de las Quijadas, y constituye una oportunidad de vincular a la sociedad con los valores de lo diverso, de aquello que a pesar de sus grandes diferencias, y tanto en la abundancia como en la escasez, puede albergar formas de vida de alto valor para nuestro planeta, y por sobre todas las cosas, darnos la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y sus valiosos recursos (p. 110).

Por eso llama la atención que, a la hora de proponer ese mismo ordenamiento territorial para el parque, se hable de “obtener información útil para evaluar la posibilidad de llevar adelante futuras acciones sobre los terrenos en aquellos sitios que por su excepcional valor patrimonial requieran la tutela directa del Estado” (p. 94). El “excepcional valor patrimonial” es un criterio común a las políticas de patrimonialización emanados de la UNESCO, que se ampara en un discurso científico supuestamente neutral (Almirón, Bertoncello y Troncoso, 2006). Pero en este contexto particular, en el que la ley de expropiación nunca fue derogada, ¿qué implica esta idea en términos políticos concretos? ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de planteos en la evolución futura del paraje? Lejos de ser preguntas retóricas, se trata de interrogantes válidos a ser respondidos mediante el análisis de las estrategias concretas de territorialización del Estado y los diferentes actores que intervienen en el territorio.

Estrategias de reproducción familiar en la conformación de un territorio “híbrido”

El Bajo de Véliz se presenta hoy como un territorio complejo, donde se entrelazan diferentes territorialidades. Una primera territorialidad está regida por la forma de vida campesina de las familias del paraje. Una segunda territorialidad, ligada directamente a la actividad comercial orientada al turismo, detectable a través de los puestos de venta de productos y otros establecimientos privados. Una tercera territorialidad, de carácter estatal, representada por la presencia de la escuela (otrora la única institución pública del lugar) y por las herramientas de intervención que hacen al Parque Provincial, entre las que se destaca la ruta asfaltada y la cartelería. Y una cuarta, de índole extractiva, de la que solo quedan huellas en el territorio, dada por la presencia de la cantera abandonada. La antigua explotación minera hoy es objeto de interés científico, lo cual se puede interpretar como anclaje de una última territorialidad, tendiente a una valoración universalizante de las características del área protegida.

Se propone la idea de un territorio “híbrido” porque aquí la preponderancia de la territorialidad del turismo está cuestionada por la presencia de otras territorialidades, a diferencia de lo que sucede en la Villa de Merlo y el Camino de la Costa (la Ruta Provincial N.o 1, que recorre el faldeo de la Sierra de los Comechingones). Estas otras localidades pueden caracterizarse como territorios turísticos, dado que se trata de destinos consolidados de alcance nacional. Allí la predominancia del turismo como actividad económica principal no está discutida, y es sostenida por el ejercicio de relaciones de poder por parte de las élites políticas locales a lo largo de su historia reciente. Asimismo, se recurre a la metáfora del laboratorio debido a que concentra, en una superficie y en un arco temporal acotados, una gran variedad de elementos de interés, los cuales permiten dilucidar los mecanismos concretos a partir de los cuales se despliega la territorialidad del turismo, nutriéndose de elementos propios de otras lógicas de apropiación del espacio, y siendo condicionada por los avatares de un proceso conflictivo.

La ruta asfaltada es el eje estructurador del paseo turístico, y materializa la superposición del espacio concebido del parque sobre el espacio previamente producido del paraje campesino, apoyándose en las vías de comunicación dejadas por la actividad minera. La centralidad de la ruta asfaltada como desencadenante del proceso de transformación pone en primer plano la cuestión de la movilidad como factor de la construcción del destino turístico, y ejemplifica la importancia, en la política turística provincial, de la creación de infraestructura carretera para la conformación de un territorio turístico acorde a una estrategia de desarrollo. Como se dijo previamente, el parque cuenta con un centro de recepción antes de llegar al Bajo propiamente dicho, que funciona de oficina para los guardaparques, y donde se ofrecen servicios como el alquiler de bicicletas. Pero desde la creación del parque y la expansión del turismo en el lugar, el ingreso propiamente dicho está en el puesto ubicado en las cercanías de la escuela, donde los guías locales reciben a los vehículos para acompañar su visita, una compañía que es obligatoria (excepto para contingentes encabezados por guías autorizados), y constituye un mecanismo de control por parte de la comunidad sobre el acceso a la zona.

Figura 3. Huellas del conflicto: entrada (arriba) y paredón de la cantera (abajo). Fuente: fotografías propias, noviembre 2016.

La cinta asfáltica finaliza en una rotonda, de la que parten dos de los senderos marcados por la administración del parque. El primero va hacia uno de los sectores con presencia de morteros comechingones sobre el arroyo, y pasa por las inmediaciones de una de las casas. El segundo va hacia el Guayacán descripto en el plan de manejo. El tercer sendero es el que recorre la cantera abandonada, epicentro de los hallazgos paleontológicos de la zona. Su ingreso está sobre la ruta, poco antes de llegar a su final. Está delimitado por una tranquera, sobre la que, además de la cartelería turística, se encuentran carteles elaborados por la comunidad reclamando la propiedad de la tierra, como testimonios del conflicto por la expropiación (Fig. 3). Frente a la tranquera, del otro lado de la ruta, un descampado oficia de playa de estacionamiento. A la izquierda del ingreso al parque, se halla una vivienda con un pequeño huerto con distintos cultivos, cuyo límite es una lomada de varios metros de altura. “Son todos escombros de la cantera”, afirma el dueño de la casa, que trabajó en ella hasta su cierre, y para quien “está bien que haya turismo, deja algo de plata”. Además, sostiene que está “contento con la ruta, porque el camino era muy jodido. Igual, seguimos complicados con las crecidas. Necesitamos levantar los badenes. Eso es más importante que traer la luz, porque acá ya tenemos pantalla solar”.

El sendero lleva hasta un paredón de 10 a 15 metros sobre el arroyo, donde hay algunos fósiles demarcados para su observación, así como rastros de la actividad extractiva, como un playón de maniobras para la remoción del material (Fig. 3). La cantera y sus alrededores es el punto donde se concentran y expresan con mayor claridad los elementos puestos en juego en nuestro análisis: a la superposición de usos productivos del territorio, debemos agregarle la no menos sugerente integración del conflicto social a la construcción del atractivo turístico. La presencia de casas, algunas abandonadas, de campos cultivados diseminados, de ganado caprino y bovino, que puede estar ocupando el asfalto, marca que se trata de un territorio configurado por la actividad campesina, luego atravesado por la ruta como eje estructurante de la territorialidad turística. La tensión entre estas territorialidades se detecta al prestarle atención a los matices que presenta un paisaje rural en principio armónico. Hay una parrilla que tiene una estética criollista muy cuidada (en franco contraste con las humildes viviendas de las familias), la cual trabaja con contingentes y trae la mercadería y la mano de obra desde otras localidades por fuera del Bajo (Fig. 4). Por otro lado, el discurso visual de la práctica turística no logra asimilar o reconocer como válidas ciertas prácticas del estilo de vida campesino. La cartelería del parque que propone el avistaje de aves, enumerando una serie de especies autóctonas de indudable interés ornitológico, no contempla que la especie más común y más fácil de ver en el paraje es la gallina doméstica (Gallus gallus domesticus) de las viviendas familiares (Fig. 5).

Un ámbito en el que se manifiestan estos matices es en el de la venta de artesanías y recuerdos. Al inicio de sendero del Guayacán se encuentra un puesto que ofrece productos artesanales (dulces y conservas de un plan de producción local impulsado por el INTA), y productos genéricos que resumen buena parte de los imaginarios turísticos asociados a este tipo de destinos: alfarería supuestamente aborigen que reproduce estereotipos indigenistas, entre los que se destaca la imagen de una llama con una vegetación xerófita típica del Noroeste argentino; artículos ornamentales y piedras semipreciosas con impronta new age; y adornos con unos inexplicables pájaros tropicales, entre otros objetos (Fig. 5). Así se denota cómo las características de otros destinos turísticos del país, ya sea norteños o del litoral, se traducen en una estética con rasgos predeterminados, que se replica en el Bajo para fortalecer su condición de atractivo. El puesto está atendido por una familia del paraje, que además de recolectar y empaquetar hierbas medicinales para su venta, le compra los otros productos a una revendedora merlina, que siempre les promete que hay movimiento de turistas en la villa. Se venden también semillas del Guayacán, “que no se tendrían que vender” dado su carácter sagrado, sostiene uno de los guías.

Figura 4. Contraste entre viviendas campesinas y parrilla orientada al turismo. Fuente: fotografías propias, noviembre 2016.

El otro lugar donde los habitantes del paraje ofrecen productos a la venta es en el ingreso al Bajo, en las proximidades de la escuela. Allí se venden cueros, dulces y conservas, además de artículos varios como golosinas y bebidas. Los puestos están gestionados por familias de la zona, al igual que el museo de interpretación. El mismo es un emprendimiento informal que cuenta como principal atractivo una réplica del fósil de la “araña gigante”, símbolo del Bajo a pesar de su ya larga ausencia. La cuestión de la araña es particularmente interesante, dado que permite discutir la autenticidad y el carácter móvil de los atractivos turísticos, y cómo estos se pueden convertir en un signo representativo de un lugar, involucrando la industria del entretenimiento, la producción académica y el circuito de los museos de ciencias naturales.

Figura 5. Cartelería oficial del Parque. Enumeración de especies ornitológicas autóctonas, que ignora las gallinas domésticas de las familias (izquierda) y productos a la venta en el puesto de recuerdos cercano al Guayacán (derecha). Fuente: fotografías propias, noviembre de 2016.

Como se dijo previamente, el fósil es el más importante de los hallados en la cantera, descubierto durante los años setenta por la familia que explotaba el yacimiento. En 1980, el geólogo Mario Hünicken publica un trabajo en el que determina que el fósil, a la sazón trasladado a la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, corresponde al del arácnido más grande jamás encontrado, y lo bautiza como Megarachne servinei2. El impacto del hallazgo provoca que se realicen diversas copias del fósil, distribuidas en instituciones científicas de todo el mundo. Años después, un equipo liderado por el británico Paul Selden (2005), a raíz del hallazgo de otro fósil similar, determina que no se trataba de un arácnido, sino de un euriptérido o escorpión de mar. La confusión había llegado hasta la producción de la cadena británica BBC, que había decidido retratar a la supuesta araña en su serie Before The Dinosaurs: Walking With Monsters como si se tratara de Aracnofobia (Frank Marshall, 1990) u otras películas de terror3. Ante la comprobación del error, la cadena televisiva debió recategorizarlo como un espécimen del género Mesothelae.

En el lugar, a los efectos del consumo turístico, resulta secundario si se trata de una araña o no, ya que así es promocionada, demostrando la penetración de una cultura visual (Mirzoeff, 2003) donde los arácnidos deben ser parecidos a sus versiones cinematográficas para ser considerados como tales. De todos modos, sobrevuela la inquietud por sobre su posible restitución, y la incomodidad de saber que no se cuenta con el fósil original para su exhibición. “Lo del parque es una boludez. Si al gobierno le interesara realmente traería la araña para acá, armaría un buen museo. Pero así uno se siente que está verseando, que es todo mentira”, sentencia uno de los miembros de la comunidad, consciente del grado de artificialidad de la propia práctica. Hoy el fósil es motivo de reclamo por parte del gobierno provincial, con el objetivo de reactivar el turismo en la zona4 (Fig. 6).

Figura 6. Fotografía del fósil original (izquierda) y su representación (derecha). Fuente: fotografía obtenida por Trivi y El Diario de la República.

En los alrededores de la escuela se encuentra también una capilla y un salón comunitario (construido con fondos del programa provincial “Pueblos Puntanos”) que son visita casi obligada para los contingentes de turistas. Cuando llega un grupo desde Merlo o Santa Rosa, el paso previo a franquear la entrada es la comprobación de que haya algún guía habilitado para la visita. Mientras tanto, los turistas visitan la iglesia, y recorren los puestos y el pequeño museo, que funciona como lugar de venta de diversos recuerdos fabricados con piedras semipreciosas, similares a los que se pueden conseguir en destinos más conocidos a nivel nacional como las Minas de Wanda, en la provincia de Misiones.

Además, en las cercanías se pueden encontrar vestigios de antiguas viviendas ya derruidas, y restos de una construcción más reciente: es lo que quedó de una casilla construida por quienes buscaban amedrentar a las familias locales para favorecer la expropiación de las tierras, y que fueron expulsados por el accionar organizado de la comunidad. Son marcas en el territorio del antiguo poblamiento de la zona, y del conflicto fundiario más reciente, que escapan a las miradas más desprevenidas.

El Bajo hoy reúne un conjunto variado de atractivos que incluye la belleza paisajística propiamente dicha, el pasado ancestral del que los morteros comechingones son la principal referencia, las costumbres de sus habitantes que puede atraer al público del turismo rural, el patrimonio paleontológico y florifaunístico, entre otros. Cada uno de estos atractivos es un elemento complejo y contradictorio, que da cuenta del cruce entre la práctica turística y la forma de vida campesina, dado que todos suponen la incorporación de la primera estrategia entre aquellas de reproducción familiar para mantenerse en el territorio. Sobre la repercusión de la expansión del turismo en la economía de las familias, el director de la escuela sostiene que “cambió el nivel de vida. Ninguno vive del turismo, hacen una mezcla de todo”, por lo que podría pensarse en la actividad turística como aporte a la economía de tipo campesino de las familias de la comunidad (Thomé Ortiz, 2008).

Las estrategias de reproducción implican una reflexión sobre las repercusiones que trae el despliegue del turismo en el paraje. Por un lado, se vislumbra la necesidad de fortalecer el parque como destino turístico, diversificando su oferta, para que genere mayores ingresos para las familias. “Hay que hacerle más cosas para que haya más para hacer en el lugar”, sostiene uno de los guías apostados en la entrada del parque. Pero por otro, la reticencia a permitir que se extienda el servicio de luz eléctrica habla del grado de conciencia existente alrededor de las consecuencias de lo que generalmente es presentado como vehículo del progreso, principalmente en cuanto a la valorización inmobiliaria de las tierras que habitan. “No se llena porque no viene la luz… dejá que venga la luz y vas a ver…”, comenta la dueña del puesto de artesanías cercano a la escuela.

La posible llegada del servicio de luz eléctrica es una cuestión difícil de resolver, ya que sin duda ayudaría a que se valoricen los terrenos, una posible amenaza para la permanencia de las familias en la zona, y atraería posibles inversiones para apuntalar el desarrollo del destino turístico. A esto debe agregarse que, dado el reconocimiento como área protegida del Bajo, en función de sus virtudes paisajísticas (es decir, visuales), toda extensión del cableado debe ser subterránea y no aérea, lo que significa una inversión sustancialmente mayor para las cuentas públicas. Está claro que el factor visual no es un dato menor circunscripto a un plano simbólico, al incidir directamente en las transformaciones materiales del territorio. Asimismo, demuestra que no se trata de una resistencia ciega por parte de la comunidad a todo tipo de progreso, como se podría aseverar desde una óptica desarrollista y lineal, ya que son esas mismas familias las que se han organizado para lograr que se extienda la provisión de agua potable gracias a la perforación, solventada con fondos estatales y comunitarios (Álvarez Rivera, 2013).

Las dificultades del Bajo de Véliz para consolidarse como destino turístico expresan una relación compleja con la Villa de Merlo como principal polo emisor de turistas en la región. Si en un momento acompañó su despegue, con el furor de visitantes en los primeros años de la creación del parque (y cuando el conflicto por las tierras estaba en un punto crítico), su posterior amesetamiento (por no hablar de declive) se relaciona con la evolución y madurez de Merlo como destino, desde el momento en que la generación de atractivos más cercanos a la Villa le quitó peso específico. Además, el peso que tiene la fluctuación del precio del combustible en las posibilidades de usufructo por parte de las agencias de viaje merlinas muestra la incidencia de factores económicos de alcance nacional. Existe una debilidad estructural como destino dado los costos de transporte, que no se supera con la obra de asfaltado. La construcción y promoción de la bodega Viñas Puntanas, ubicada en la salida desde Santa Rosa hacia el Bajo, puede ayudar a consolidar un circuito más amplio, dada la gran difusión que tienen sus vinos en los comercios de Villa de Merlo. Se trataría de una combinación entre diferentes productos dentro del turismo rural, que a priori apuntan a públicos distintos, pero que se necesitan mutuamente para atraer visitantes.

En resumen, el Bajo de Véliz se constituye hoy como un territorio “híbrido” entre un destino turístico y un paraje campesino, producto de las tensiones y disputas desencadenadas por el asfaltado de la ruta y la consecuente transformación productiva que indujo el Estado provincial, que encontró resistencia y un abanico de estrategias de adaptación por parte de la población local. Demuestra, entre otras cosas, que el conflicto social también puede integrarse a la construcción del atractivo turístico, abriendo la posibilidad de involucrar al visitante en tanto sujeto político “comprometido con los ideales de los campesinos” (Cáceres, 2015, p. 189), y no meramente como espectador.

Conclusiones

El caso trabajado aquí resulta interesante para el análisis de la territorialidad del turismo rural, dada la riqueza de elementos que concentra en un recorte espacial acotado, y en un período relativamente corto de tiempo, teniendo en cuenta que el grueso de las transformaciones territoriales abordadas transcurrió en un lapso menor a las dos décadas. Es un muestrario de las lógicas de intervención estatal para la conformación de un territorio turístico, que operan tanto a nivel material como simbólico: la creación de infraestructura para la movilidad; la patrimonialización a partir de la creación del área protegida; el intento de expropiación de las tierras a los pobladores; la torpe pedagogía para forzar la reconversión de los campesinos en guías locales a través de cursos de carpintería; diversos programas de desarrollo territorial y de inclusión social; las presiones y otras metodologías represivas al borde de la ley. Por otro lado, las contradicciones resultantes de las disputas por el espacio entre estas diferentes territorialidades no son completamente incompatibles con la práctica turística, cuestionando el imaginario de tranquilidad y evasión que le es inherente a los espacios turísticos. La experiencia de las familias del Bajo, que buscaron la solidaridad de los turistas para detener la expropiación, indica que la dimensión conflictiva de la producción de los territorios puede convertirse en atractivo, o integrarse a un atractivo ya constituido.

La creación del Parque y la visión sobre el territorio que se puede leer en el Plan de Manejo del año 2014 demuestran que el embellecimiento de la región, su apropiación simbólica en términos estéticos regida por la concepción del paisaje utilizada en este trabajo, es un vector para su apropiación material y su mercantilización. El resultado de ese movimiento de apropiación no es mecánico, sino que está dado por las disputas que se dan en el territorio. Las estrategias de resistencia y adaptación de las familias campesinas incorporan una reflexión sobre las posibilidades y amenazas del desarrollo en tanto promesa de bienestar lineal. Esto se relaciona directamente con la problemática de la tierra y su tenencia precaria, pero pone sobre el tapete las disyuntivas sobre las transformaciones que implica el desarrollo turístico.

Así se abre la posibilidad para una reflexión sobre la idea de turismo campesino, definido así no por el objeto de su interés como modalidad turística, sino por la lógica de su creación y gestión de los atractivos. Desde esta experiencia se puede pensar al turismo como una actividad económica que se incorpora a las estrategias de reproducción de las familias campesinas en su integralidad. El turismo no debe ser algo que “saque” a la comunidad para afuera, cada vez más lejos de su lógica productiva, ya sea mediante la “modernización” cultural o a través de la expulsión de su territorio, como han planteado los planes de desarrollo tradicionales. Tampoco debe incurrir en el error de convertir la cultura comunitaria en un hecho folclórico y estático, óptica que acaba permeando los programas de desarrollo territorial que incluyen el turismo rural. Por el contrario, debe ser un instrumento que refuerce el modo de vida campesino, defendiendo su producción económica, avanzando en mayores niveles de organización política. En definitiva, enriqueciendo su territorialidad.

Desde ya, la clave pasa por las relaciones de producción y de poder territorializadas, por el poder de decisión de la comunidad sobre su propio territorio, cuestión en la que se vuelven fundamentales la organización política, la formación ideológica y la práctica militante, así como los escenarios de negociación y disputa con el Estado. Desde el punto de vista de la formulación de políticas públicas, implica superar concepciones del territorio y del desarrollo económico que resultan contraproducentes por su omisión de las relaciones de poder y de los marcos de acción que define un contexto económico. Y desde el rol de los turistas, supone fomentar un tipo de turista comprometido y abierto al intercambio de experiencias y al diálogo genuino, lo más alejado posible de la lógica alienada del consumo espectacular de signos, objetos y paisajes.

El desafío que se presenta entonces, sobre el cual el conflicto del Bajo de Véliz ofrece pistas más que interesantes, es el de diseñar políticas que permitan desplegar un turismo que atienda, antes que nada, a las necesidades de las familias involucradas, abandonando una visión tautológica del desarrollo económico, que tiende a generar impactos negativos a nivel social. No se trata de una tarea sencilla, pero es una posibilidad por explorar para escapar tanto de la recepción acrítica del turismo como “tabla de salvación” para las comunidades rurales, como de la demonización del mismo que coarta las chances de encontrar alternativas económicas para las familias del campo argentino.

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Fecha de recepción: 23 de abril de 2018

Fecha de aceptación: 10 de octubre de 2018

© 2019 por los autores; licencia otorgada a la Revista Universitaria de Geografía. Este artículo es de acceso abierto y distribuido bajo los términos y condiciones de una licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/deed.es_AR

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