Finanzas Solidarias y políticas públicas: entre las demandas y expectativas de la participación social (San Martín, 2014-2020)°

Fernando S. Fontanet*

Aldana García Tarsia**

Ariel O. García***

Resumen

Esta indagación aborda el caso del Fondo de Financiamiento Solidario (FFS) del Municipio de San Martín (Provincia de Buenos Aires, Argentina), para el lapso 2014-2020. En particular, se enfoca en sus componentes producción y servicios y mejoramiento habitacional y se propone describir y analizar las estrategias de intervención estatal ligadas al financiamiento a iniciativas individuales y asociativas, considerando los tipos de crédito, su distribución geográfica, el sujeto social que lo compone y el rol de los/las técnicos/as en tanto mediadores/as. La investigación se desarrolla a partir de un enfoque de triangulación metodológica que recurre tanto a fuentes de información primarias y secundarias. Del análisis expuesto, surge el interrogante sobre la emergencia de nuevos actores. Los/las mediadores/as intervienen en dirección a atender los problemas de inserción sociolaboral de segmentos vulnerables de la población. Sin embargo, su accionar confronta con los límites para construir formas alternativas de alcanzar la reproducción de la vida mediante las finanzas solidarias, noción que como aquí se observa se encuentra en disputa.

Palabras clave: Finanzas Solidarias; Mediadores; Burocracia de nivel callejero; Participación Social; Políticas Públicas

Solidarity finance and public policies: between the demands and expectations of social participation (San Martín, 2014-2020)

Abstract

This study addresses the case of the Fondo de Financiamiento Solidario (FSS) of the Municipality of San Martín (Province of Buenos Aires, Argentina), for the period 2014-2020. In particular, it focuses on its components “Production and Services” and “Housing Improvement” and aims to describe and analyses the state intervention strategies linked to the financing of individual and associative initiatives, considering the types of credit, their geographical distribution, the social subjects involved, and the role of technicians as mediators. The research is based on a methodological triangulation approach using both primary and secondary sources of information. The above analysis raises the question of the emergence of new actors. The mediators intervene to address the problems of socio-labour insertion of vulnerable segments of the population. However, their actions confront the limits to create alternative ways of achieving the reproduction of life through solidarity finance, a notion that, as observed here, is in dispute.

Keywords: Solidarity finance; Mediators; Street Level Bureaucracy; Social Participation; Public policies

Introducción

Esta investigación1 tiene como objeto a las finanzas solidarias organizadas desde un dispositivo estatal: el Fondo de Financiamiento Solidario (FFS) del Municipio de San Martín (Provincia de Buenos Aires, Argentina), para el lapso 2014-2020.

A partir de avances parciales realizados durante 2017, 2018 y 2020, esta indagación aborda el caso del FFS y sus componentes “Producción y Servicios” y “Mejoramiento Habitacional” y se propone describir y analizar las estrategias de intervención estatal ligadas al financiamiento a iniciativas individuales y asociativas, considerando los tipos de crédito, su distribución geográfica, el sujeto social que lo compone y el rol de los/las técnicos/as en tanto mediadores. Específicamente, considera como dimensiones de análisis: el contexto socio comunitario; la situación socioeconómica particular; las expectativas frente al Estado; los componentes valorados del FFS; la sustentabilidad y la continuidad de los emprendimientos; la interacción regular entre los mediadores/as y los/as tomadores/as de créditos; la participación social de forma pragmática; las estrategias individuales y colectivas de acceso a los recursos y las estrategias de los/as mediadores/as de gestión.

La investigación parte del supuesto de que las formas de implementación de las herramientas financieras entre los/as funcionarios/as municipales y los/as tomadores/as de crédito poseen dificultades para construir un esquema vincular que exceda la reproducción del esquema asistencial de las políticas sociales, aún a pesar del enfoque integral con el que se propugnan estas herramientas debido a las propias fronteras porosas del Estado. Específicamente, las formas de vinculación jerárquicas cristalizadas entre los/las funcionarios y los/las solicitantes de crédito se desarrollan en un contexto de desigualdad entre quienes reciben y quienes otorgan, poniendo en cuestión las formas y límites de la reciprocidad que promueven los/las mediadores/as.

En relación al objetivo de la investigación, las hipótesis de trabajo son: a) las modalidades de financiamiento propugnado desde el FFS buscan atender una demanda de segmentos de población vulnerable sin posibilidad de acceder al crédito bancario, demanda que la burocracia municipal de nivel callejero (aquí refiere al Equipo Técnico del FFS) ha comprendido y canalizado institucionalmente de manera temprana; b) las estrategias de intervención estatal en las experiencias asociativas condicionan de manera significativa el financiamiento y capacitación brindados en el marco del FFS, por lo que pueden pensarse como respuestas circunstanciales a los problemas emergentes de inserción sociolaboral de segmentos vulnerables de la población más que como iniciativas públicas tendientes a expandir formas alternativas de alcanzar la reproducción de la vida mediante las finanzas solidarias.

La investigación se desarrolla a partir de un enfoque de triangulación metodológica que recurre tanto a fuentes de información primarias (quince entrevistas semiestructuradas -diez a emprendimientos individuales autogestivos y cinco a cooperativas de trabajo- y observación directa en campo) y secundarias (documentos y estadísticas oficiales y bibliografía académica). La revisión bibliográfica se ha realizado a partir de la técnica conocida como “bola de nieve”, con la que se han ido articulando los interrogantes conceptuales expuestos. En tanto, la búsqueda y selección de informantes calificados se ha seguido considerando tomadores/as de microcrédito según la antigüedad de su inserción en el marco del FFS, el tipo de microcrédito (individual o asociativo), el rubro específico de la actividad productiva y su integración en distintos dispositivos municipales en la DGESyS.

El recorte temporal abordado es el lapso 2014-2020. La definición del recorte incluye la totalidad de la trayectoria del FFS, lo que posibilita observar el despliegue y alcance de las políticas públicas de Economía Social y Solidaria (ESS) en el contexto socioeconómico de la reemergencia y crisis del régimen de acumulación de valorización financiera. Asimismo, se trata de un sexenio significativo para estudiar las políticas públicas de orden municipal. En este sentido, desde la escala local pueden reconocerse formas alternativas de intervención frente -y a partir de- los dispositivos estatales nacionales2 para atender las demandas laborales de sectores vulnerables, en un marco de redefinición constante de la trayectoria y alcance de las políticas sociales (ver, por caso, Stang, 2018 y Torres, 2018).

En relación al abordaje espacial, este se halla circunscripto al ámbito de intervención que definen los/as funcionarios/as municipales para el FFS, fundamentalmente centrado en la escala local, aunque reconociendo desde la misma la interfaz regional y nacional a partir de los vínculos que permiten las dimensiones de análisis inscriptas en las hipótesis de la investigación.

El artículo se organiza en cinco apartados. Tras la introducción, se desarrolla un sucinto marco conceptual en torno a burocracia de nivel callejero, hechura de las políticas públicas, fronteras porosas del Estado, así como reciprocidad y mediadores (Mauss, 1979). En el tercer apartado, se exponen distintos esquemas, definiciones y alcances de los microcréditos. En el cuarto, se describe y analiza el surgimiento y características del FFS de la Municipalidad de San Martín (Provincia de Buenos Aires), tanto en su estructura, como en las estrategias de funcionamiento. Por último, se presentan las reflexiones finales.

Antecedentes

En este apartado, se propone el abordaje del objeto de estudio a partir de las siguientes nociones: burocracia de nivel callejero (Lipsky, 1980); hechura de las políticas públicas (Aguilar Villanueva, 1992), fronteras porosas del Estado (Gradin, 2018), así como reciprocidad y mediadores (Mauss, 1979) y participación social (Engel Aduan, 2004; Rosenfeld, 2005).

En las relaciones establecidas entre quienes acceden a los dispositivos y quienes detentan su gobierno resultan centrales para el abordaje aquí propuesto. En efecto, aquí interesa relevar la tensión identificable entre el verticalismo que conlleva la construcción del poder estatal en el territorio en donde se dirimen las formas de intervención y las fronteras porosas del Estado en la construcción de ciudadanía y reconocimiento de derechos legítimos de los perceptores de derechos.

La particularidad de los gobiernos locales, al ser primera ventanilla de cercanía con la ciudadanía, consiste en la proximidad física entre los dispositivos municipales y quienes requieren los recursos, de esta forma se ejerce el dominio del poder territorial, aunque bajo ciertas normas de reciprocidad (Auyero y Benzecry, 2016), en la que la población objeto es un actor significante a la hora de planificar y ejecutar instrumentos estatales.

En este esquema, la participación social de los actores en el devenir del FFS interviene en las dificultades que implica construir un derecho particular como el acceso al crédito. Esta co-construcción de un derecho implica abordar tensiones más que resolverlas. En todo caso, postergarlas, suspenderlas, gestionarlas. Del lado de los/as tomadores/as de crédito también se observa un cálculo no meramente racional. Esto es coherente con la propia definición de acción económica de Laville (2009), para quien esta:

“no compete únicamente a la acción formalmente racional con arreglo a fines (…) los actores hacen intervenir valores (de orden político, ético y religioso) para iniciar acciones materialmente racionales con arreglo a fines o actividades con una orientación económica, en principio orientada a otros fines pero que toman en cuenta hechos económicos en su desarrollo.” Laville (2009: 58-59).

Asimismo, la construcción de subjetividad pretendida por el diseño de la herramienta se encuentra supeditada al doble rol que desarrolla la burocracia de nivel callejero, en tanto mediadores de las relaciones constitucionales entre la ciudadanía y el Estado (Lipsky, 1980).

La burocracia desempeña una función crucial regulando el grado de conflicto social, en este caso, por las desigualdades reflejadas en el acceso al mercado de trabajo. Al ser la intermediaria entre las necesidades de la población y los recursos, intentan interceder en los procesos problemáticos que otorgan densidad a la agenda de gobierno. Usualmente, ante la carencia de una planificación previa, la burocracia de nivel callejero desarrolla un doble papel en donde busca construir ciudadanía en el ejercicio al garantizar un derecho como el acceso al crédito y a su vez diseñan estrategias de contención en los márgenes del Estado, a partir de recursos y herramientas que se desarrollan en su seno (capacitación, fortalecimiento, financiamiento, etc.).

En suma, las políticas públicas se desenvuelven en la tensión identificada entre las decisiones u omisiones del Estado, las organizaciones sociales y los/as mediadores/as: a) el Estado a partir de sus decisiones estratégicas a la hora de definir la hechura de las políticas públicas (Aguilar Villanueva, 1992), b) las organizaciones sociales y trabajadores/as autogestivos/as disputando las fronteras porosas del Estado (Gradin, 2018), y c) los/las mediadores/as (técnicos/as, funcionarios/as, allegados/as o “burócratas callejeros/as”) operando sobre las normas de reciprocidad dirigidas a garantizar lo que Mauss (1979) definió como “cadenas de intercambio” y a la construcción/estabilización de un hábitus clientelar (Auyero, 2002).

En esas “cadenas de intercambio” cabe considerar la noción de participación social definida por Engel Aduan (2004). Según esta autora, las políticas integrales implican el empleo de metodologías que fomenten cambios subjetivos en la forma como los actores se representan a sí mismos y al contexto, considerando especialmente un “Principio de Participación Social”. De esta manera, para Engel Aduan (2004: 21) una política integral combina programas de generación de trabajo e ingreso, desarrollo humano y social y protección social y es implementada, monitoreada y evaluada de forma intersectorial, descentralizada, participativa y focalizada. En esta dirección, se puede pensar la participación social en el sentido de establecer una relación de prácticas y producción social entre diferentes actores (Rosenfeld, 2005).

Entonces, resulta factible concebir a la participación social “despasivizando” a los sectores vulnerables. La racionalidad del neoliberalismo se extiende “desde arriba”, a través de políticas públicas. Aunque también se extiende desde abajo como modo de apropiación, rechazo y/o negociación de beneficios entre los/as gobernados/as en una dinámica contractual que puede alternar formas de servidumbre y de conflictividad (Gago, 2014: 11). De tal modo, esta autora propone pensar el neoliberalismo desde abajo como un conjunto de circunstancias que trascienden la voluntad de un gobierno y su legitimidad, de condiciones sobre las que opera una red de prácticas y saberes que asume el cálculo como matriz subjetiva primordial (Presta, 2016). Matriz a través de la cual se organizan las relaciones sociales de producción y consumo. El propio concepto del cálculo, sobre el que aquí no se profundizará, trasciende la mera contabilidad (económica y no económica realizada constantemente por los actores, indistintamente su ubicación estructural) y se puede apreciar en la extracción de plusvalía sobre la cual interviene la financierización de la vida cotidiana. Este proceso se corporiza en las tasas de interés y en los costos financieros, sobre los que se organiza el dominio del capital, trascendiendo y complejizando la atención en torno a la tasa de ganancia en el sector productivo (Chena y Roig, 2017).  En el contexto de la fragmentación sociolaboral de la cual es causa y reflejo la estructura económica periférica en América Latina, este conjunto de circunstancias torna factibles subsistemas económicos que combinan saberes comunitarios autogestivos con el saber-hacer como tecnología de una auto-empresarialidad de masas (Gago, 2014: 12 y 22).

Por último, el debate en torno a los contornos de la inclusión o exclusión financiera de amplios segmentos de la sociedad ha cobrado interés reciente en la agenda de investigación (Rosa y García, 2019). En esta agenda, resulta posible encontrar un núcleo temático que problematiza los márgenes dinámicos de las regulaciones financieras. En estos márgenes, la organización del consumo y de las condiciones socio-laborales mediante plataformas (aplicaciones para celulares) son elementos distintivos que emergen tras la crisis económica de 2008 (Srnicec, 2018). En estos márgenes difusos, resulta posible rastrear desde las condiciones materiales y subjetivas que cimentan la discriminación histórica de tales segmentos, hasta la problemática de la financierización del consumo en sectores populares (Cabrera y Vío, 2019; Hornes, 2019).

En suma, en esta investigación se concibe a las finanzas solidarias como un dispositivo estatal que propone democratizar los recursos financieros al servicio sectores excluidos de las finanzas bancarias en respuesta a la “discriminación histórica del sistema financiero como catalizador del desarrollo de los sectores postergados” (Muñoz, 2014) y como reconocimiento de un derecho ligado a la especificidad del sector de la ESS.

Microcréditos: esquemas, definiciones y alcances

La difusión del esquema inicialmente desarrollado en Bangladesh3 se sostuvo al haber demostrado empíricamente que cuanto más se atomice una cartera de créditos y estos se sostengan en base a la confianza y a los lazos solidarios, menos riesgo representa para las entidades financieras. La réplica latinoamericana registra múltiples expresiones, sobre todo en países andinos donde las economías poseen una significativa propensión a organizarse de manera comunitaria. Allí las expresiones micro crediticias se manifiestan tanto a través de organizaciones sociales, como también a través de la participación estatal desde bancos oficiales. En Bolivia, se destacan los Fondos Financieros Privados (FFP, Decreto 24000/95) para regular la intermediación financiera especializada en brindar servicios a micro y pequeños prestatarios (Arriola Bonjour, 2005). En tanto, a principios de la década de 2000, Perú registró una diversificación notable en las alternativas microcrediticias, entre las que se hallan las cajas de ahorro, así como el sistema de Cooperación Internacional y su eventual vinculación con el universo de las Pymes (Camacho Beas, 2007)4. Por último, en Brasil se destaca el Programa de Microcrédito Productivo Orientado, del Banco Do Nordeste Do Brasil. Se trata del mayor programa de microcrédito que ofrece un banco público de primer piso en Brasil, con tasas de crecimiento que han sido significativamente superiores a iniciativas similares en Occidente. Su objetivo consiste en facilitar el acceso al crédito a millares de emprendedores/as que desarrollan actividades relacionadas a la producción y comercialización de bienes y servicios, buscando fortalecer la ciudadanía a partir del acceso al crédito (Secretaría General de ALIDE, 2008).

Al observar estas experiencias, cabe plantearse por el universo de sentidos que encierra la propia noción de microcréditos. En el caso específico de Argentina, se han identificado modos diferentes de definirlo, por lo general ajustados al origen de los fondos prestables y sostenidas desde los lineamientos estratégicos de los posibles fondeadores (PNUD, Oikos, CAF, Miserior, etc.), o definidas según la naturaleza de la institución que ejecute los programas territoriales. En relación al objeto aquí abordado, interesa destacar la delimitación institucionalizada a partir de la Ley Nacional de Microcrédito 26117/06, que define a los microcréditos como pequeños préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la ESS, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los doce salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). En este esquema, la Comisión Nacional de Microcrédito gestiona los recursos producidos en el marco de dicha Ley, que define al microcrédito como una herramienta de la economía social y para ello caracteriza al sujeto de dicha economía. A partir de ese momento, los actores excluidos del mercado de trabajo registrado son reconocidos en su multiplicidad de estrategias de reproducción social y son equiparados en el marco de derechos para acceder a fuentes de financiamiento para potenciar su crecimiento.

Por otro lado, la Ley 26117/06 resulta innovadora en cuanto a las estrategias de gestión, contando para ello con las organizaciones locales territoriales, aunque con otras que se fueran sumando en la expansión territorial5. El esquema del crédito impone un límite a la tasa de interés anual del 6 % CFT, estableciendo para su ejecución una partida presupuestaria, por organización, del 30 % del capital prestable para los gastos de implementación de los programas. Es decir, el Estado asume los costos del financiamiento y a la vez incide en la oferta de créditos no bancarios (otorgados en financieras usualmente localizadas en áreas de alto tránsito y/o a través de aplicaciones de celular) que frecuentemente se ofrecen con tasas de interés superiores al 100 %, al borde de la usura.

Por último, en el marco de gestiones locales de Argentina, se registran una multiplicidad de experiencias municipales en la Provincia de Buenos Aires que han administrado fondos de microcrédito. A mediados de la década de 2000 y usualmente articuladas a partir de los programas “El Trabajo Dignifica” y “Banca Social” del entonces Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, se financiaban con aportes no reembolsables a los municipios provinciales y se asista técnica y financieramente en la implementación y desarrollo de herramientas. Ambos programas contaron con la adhesión de 61 de los 134 municipios que registraba la provincia -antes de la municipalización de Lezama- (Minteguía, 2007)6.

Asimismo, entre los esquemas municipales, cabe destacar la del Banco Social de Moreno debido a su capacidad de intervenir en sectores con dificultad de acceso al crédito bancario. Sus acciones han incluido instrumentos como capacitaciones, asistencia técnica, asesoramiento, ferias, locales específicos, marca asociativa propia, mesas locales, formalización de registros, habilitaciones, provisión de insumos para el autoconsumo, etc. El esquema de financiamiento responde esquemas múltiples entre créditos individuales y a grupos solidarios7.

En suma, al observar estas experiencias nacionales, provinciales y municipales, se puede comprender que los programas de microcréditos requieren de estrategias diferenciales a las de la banca convencional. Entre ellas, el acompañamiento que implica la asistencia técnica periódica, que requiere una expertise propia de los asesores de crédito, expresada en el conocimiento de dispositivos de intervención adaptado a las circunstancias territoriales. Usualmente, estos métodos se codifican, se estandarizan y se sintetizan en las formas de administración y estructura organizativa de la gestión de microcréditos según el destino y los actores que revisten como tomadores de crédito. En tal sentido, distintas metodologías coinciden en destacar que los microcréditos requieren una organización continua, escalonada, creciente, con plazos cortos de devolución y garantías no tradicionales. Sin embargo, también implican una herramienta de entrenamiento para el acceso, disposición y uso activo de los fondos aplicados a la producción de bienes y servicios, como insumo permanente de la unidad económica de baja escala (Minteguía, Torrano y Gojzman, 2018: 32).

En definitiva, se puede apreciar que la propia noción de microcrédito supone esquemas, definiciones y alcances disímiles, trayectorias divergentes y formas de implementación usualmente asociadas a las alternativas sociales efectivas y estatales imperantes.

Surgimiento y características del Fondo de Financiamiento Solidario (FFS)

El inicio de la gestión municipal de San Martín acontecida en diciembre de 2011 promovió una transición en tanto estrategias de políticas públicas territoriales, en lo que representa la búsqueda por un cambio de paradigma de gestión local con respecto a la intendencia anterior de corte radical. La administración del gobierno local (2011-2019), propone una nueva estructura municipal con presencia territorial, sobre todo en zonas históricamente marginadas y con alta presencia de vulnerabilidad social como las del Río Reconquista, ubicada entre la Avenida Márquez (Ruta Provincial N°4) y el Camino Parque del Buen Ayre (Figura 1). En términos esquemáticos, durante el ciclo 2015-2020 la inversión en desarrollo social ha oscilado cerca de un 20 % en el presupuesto municipal (Tabla I).

Ejercicio	Desarrollo Social (1)	Agencia de Empleo (2)	Total (3)	(1/3)	(2/3)
2015	141		2036	6,9
2016	137	118	2005	6,8	5,9
2017	160	8	2441	6,5	0,3
2018	120	6	1929	6,2	0,3
2019	117	4	2091	5,6	0,2
2020 (*)	201	6	2862	7	0,2
Nota: los precios exhibidos fueron deflactados considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), base año 1993, periodo de referencia diciembre 2015=100. (*) precios deflactados a agosto de 2020, último índice disponible al momento de la elaboración de la tabla.

Tabla I. Presupuesto municipal según áreas (en millones de $ constantes). Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de San Martín (2020).

Lo que subyace a esta inversión municipal es la presencia de funcionarios/as que provienen y participan de diferentes dispositivos en multiplicidad de expresiones enmarcadas en el campo de la ESS. Esta situación ha posibilitado la creación de la Dirección General de Economía Social y Solidaria (DGESyS), con el objeto de atender, transversalmente, cuestiones vinculadas a los aspectos productivos en la generación de trabajo. En este dispositivo de gobierno se concibe al trabajo desde la reproducción ampliada de la vida, como variable multidimensional de intervención cobrando un rol significativo a la hora de ligar demandas insatisfechas del mercado laboral.

Ejercicio	Créditos otorgados	Monto (en millones de $ constantes)
2015	104	0,7
2016	169	1,2
2017	163	1,2
2018	136	0,9
2019	152	1,3
2020 (*)	70	2,1
Nota: los precios exhibidos fueron deflactados considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), base año 1993, periodo de referencia diciembre 2015=100. (*) Créditos y monto al 31/8/2020.

Tabla II. Fondo de Financiamiento Solidario. Créditos y montos otorgados. Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de San Martín (2020).

El FFS se constituye formalmente en 2012, a través de la Ordenanza Municipal 11327/12 promulgada por Decreto 2366/12. Esta disposición acompaña la adhesión provincial (Ley 13613) a la Ley Nacional de Microcrédito 26117, leyes sancionadas en 2006. La Municipalidad de San Martín adhiere a la Ley Nacional de Microcréditos, aunque inicialmente prescinde de los fondos de la misma y establece un mecanismo alternativo e innovador con fondos propios del erario municipal a través de cuentas inmovilizadas de inversiones. Esta decisión devino en el diseño de esquemas innovadores para la utilización de esos recursos, e instrumentos específicos para la gestión: tanto para la rendición interna municipal, como para garantizar la transparencia ante la ciudadanía y una administración orientada a reproducir y sostener la herramienta en el tiempo.

El equipo técnico está conformado por cuatro integrantes, que provienen de contextos y formaciones diferentes. Más allá de la formación profesional, su conformación está condicionada por sus experiencias previas con iniciativas sociales de participación. El grupo se organiza en dos áreas: las técnico-administrativas -que implica seguimiento de carteras, imputación de pagos, registro, confección de expedientes, envío de estos a la sede central del municipio, contratos, seguimiento telefónico semanal, etc.- y las territoriales -difusión, evaluaciones, seguimiento presencial, reevaluaciones-. Ambas áreas son distribuidas entre sus cuatro integrantes, alternando en función de los tiempos y actividades disponibles, dinámica que permite transversalizar el desempeño individual.

Los recursos prestables provienen del capital de giro que se invierte en el desarrollo de estrategias de trabajo autogestionado. El diseño de la estructura contable interna, el diseño de las operatorias a través de Manuales de Créditos creados para tal fin, la capacitación de los recursos técnicos, así como las consultas y autorizaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, implicaron una demora considerable para la ejecución de la herramienta, cuyas primeras propuestas comenzaron a evaluarse dos años después, a finales de 2014.

El FFS consiste en un fondo de financiamiento con estrategias de microcrédito y capacitación, enmarcado en el anteriormente expuesto campo de las finanzas solidarias (Muñoz, 2014). Esto implica concebir y construir respuestas para aquellos actores que no poseen acceso a la banca formal. Aunque también, como puede verse en el testimonio de un/a funcionario/a municipal se busca que sean finanzas solidarias para:

“Acumular y disponer de recursos estratégicos que permitan estructurar al sector (de la ESS), darle visibilidad y construir comunidad solidaria. Experiencias económicas que construyan con su forma de hacer, un paradigma nuevo y diferenciado al paradigma de la escasez: el paradigma de la abundancia” González8 (comunicación personal, 11/08/2020)

Por lo tanto, al considerar la reproducción de los actores enmarcados en este dispositivo estatal, el microcrédito se organiza administrativamente de modo de trascender la mera transferencia de fondos. Se trata de un instrumento para abordar los emprendimientos productivos desde sus múltiples procesos y momentos. Desde este esquema de trabajo, la difusión del FFS es focalizada y en momentos específicos, a partir del conocimiento interpersonal en la que se sugiere la herramienta entre conocidos/as o al concluir cursos de formación para el trabajo Así, se articula el FFS con otras políticas del municipio, buscando construir políticas integrales.

A su vez, se trata de una herramienta destinada a la formación, que permite a quien la recibe potenciar la actividad económica de producción o de servicio, contando con la liquidez necesaria para poder proyectar la dinámica productiva, tanto en lo que respecta al capital de giro como para realizar pequeñas inversiones. Como condición necesaria para acceder a estas instancias, los/as postulantes deben participar de instancias de capacitaciones previas a la toma de créditos. Es decir, comprometerse a asistir a la DGESyS a un ciclo de tres encuentros, los cuales poseen un doble propósito: a) brindar herramientas de gestión y de administración en emprendimientos, y b) vincularse con esta y otras herramientas de la DGESyS, a los fines de lograr fidelización con el fondo en el marco de la co-responsabilidad en la administración de los fondos públicos9.

En este esquema, el compromiso asumido por los/as tomadores/as de crédito puede apreciarse desde dos dimensiones diferenciadas, en cuanto a la participación promovida -y en cierta medida impuesta- desde los/as mediadores/as de las políticas públicas, por un lado, y desde la construcción de una conducta (esperable y evaluable) de los actores al momento de tomar decisiones en sus emprendimientos productivos. Desde luego, esto no implica desconocer que en los dispositivos donde se ponen en juego recursos estatales, la propia lógica del interés y el cálculo trasciende (y es parte de) la solidaridad que debiera prevalecer en los esquemas asociativos (Presta, 2016).

El instrumento de crédito del FFS se ha diseñado para atender las características propias de los actores de la ESS: se trata de créditos de bajo monto -por lo menos al inicio del ciclo de créditos que pueden ir sucediéndose en el tiempo-, que garantizan su continuidad y crecimiento a medida que se consoliden en el proceso productivo y cumplan pequeños objetivos, mensurables. Es decir, se trata de un instrumento que responde a una estructura dinámica, el cual se va transformando y adaptando a las necesidades de quien toma el crédito, contemplando su situación específica y el contexto en el que se encuentra la actividad productiva o de servicios que despliega.

De esta forma se apela al compromiso de los/as tomadores/as de crédito al estar “administrando su propio ahorro” según palabras de un/a funcionario/a municipal (Martínez, comunicación personal, 08/08/2020 y 22/08/2020). Desde luego, esa autoadministración, también posee como contrapartida, la autopercepción en tanto cuentapropistas (Gago, 2014: 12; Presta, 2016). Con lo cual, el anverso de los esquemas de finanzas solidarias también implica considerar la auto-empresarialidad de masas y las estrategias individuales de reproducción en esquemas estatales que procuran marcar el camino hacia formas asociativas de gestión del trabajo.

Asimismo, la transmisión de esta particularidad del sujeto social que accede a los créditos implica el desafío de poner en tensión la verticalidad de quién posee el recurso y quién lo solicita. La noción de participación social definido por Engel Aduan (2004) se expresa de esta forma aumentando el capital social de los actores, comprendidos desde la interacción e interrelación con otros actores, en este caso, el mismo Estado municipal.

Por otro lado, una de las particularidades que presenta la herramienta, es que cuenta con una tasa de recupero (tasa de interés) sensiblemente inferior a la que se ofrece en los mercados formales de crédito, lo que permite poner en tensión el papel del interés en la reproducción del trabajo (Chena y Roig, 2017).

Es necesario mencionar también que la solicitud de garantías reales es reemplazada por un esquema de avales solidarios, entendidos estos como el compromiso de otro/a ciudadano/a residente en el municipio, que no sea familiar directo ni participe del emprendimiento, de responder solidariamente en la firma de los compromisos de pagos. No se trata de un/a co-deudor/a en el sentido estricto de la figura legal, sino de un/a mediador/a que responda frente a la falta de comunicación con el/la tomador/a de crédito frente a alguna dificultad que pudiera surgir. En este esquema, si bien no se trata de construir un/a garante para ejecutar una deuda, el factor simbólico que implica responder ante la burocracia de nivel callejero (promotor/a del crédito) y ante quien se empeña la palabra forma parte de un control social de relativa efectividad para asegurar moras relativamente bajas.

Como se ha mencionado, la contraprestación para poder acceder a los microcréditos es participar, en el sentido de establecer una relación de prácticas y producción social entre diferentes actores (Rosenfeld, 2005). Una primera instancia de conocimiento y sensibilización es acercarse a las instancias participativas que se organizan dos veces a la semana. En dichos encuentros se introducen elementos esenciales de la herramienta y se encuadra al microcrédito dentro de una política integral, lo cual permite tomar dimensión de la articulación con otras áreas y procesos de la DGESyS. Este esquema de inserción a la herramienta implica reconocer que en el Estado, por su propia naturaleza, propicia la participación de forma restringida, dirigida y/o circunstanciada para monopolizar la fuerza y asegurar el ejercicio de la representación (Rosenfeld, 2005).

El objetivo central de las instancias participativas para los/las mediadores/as es generar y mantener un clima de confianza, vínculo que consideran central para un seguimiento personalizado de cada uno de los casos. Asimismo, se propone un trabajo de evaluación articulado con los/as técnicos/as para que quienes postulan a un crédito comprendan que una eventual negativa fundamentada para acceder a uno puede servir como impulso al emprendimiento. Más allá de las desavenencias que pueden implicar una negativa, el equipo técnico (según Montes, comunicación personal, 12/11/2020) reconoce que un crédito debe ser concedido en condiciones que hagan factible su devolución.

Una vez aceptados como integrantes del FFS, el programa se divide en dos instancias diferenciadas y complementarias: evaluación y capacitación. Se involucra a los actores en ambos procesos, buscando por parte de la burocracia de nivel callejero evitar la verticalidad que ofrece el ser quien gestiona el recurso versus quien lo recibe, buscando la construcción conjunta de las herramientas. Esta construcción conjunta no puede pensarse como igualitaria, debido a que los/as técnicos/as también poseen en su haber un saber experto, que resulta no solo de su formación, sino también de su experiencia.

Por ende, la evaluación no es patrimonial ni sobre la sustentabilidad de los proyectos, sino como una instancia formativa más. Se realiza en el domicilio del productor/de la productora en forma conjunta. Ambos, promotor/a de crédito y tomador/a, evalúan el mejor momento y el proceso productivo más eficiente para maximizar el impacto del financiamiento y construyen un plan de trabajo, concebido preferentemente en etapas.

Las evaluaciones domiciliarias se caracterizan por la elaboración conjunta entre el/la técnico/a y el/la tomador/a del crédito, trasciende las usuales evaluaciones realizadas unilateralmente por el equipo técnico. Estas visitas poseen una duración de entre dos y tres horas, se realizan luego de una instancia de evaluación previa de los proyectos de inversión, generalmente dos semanas antes del cierre del expediente10. Se efectúan preferentemente de manera individual (un/a solo/a técnico/a) aunque en casos excepcionales pueden presentarse dos técnicos/as. Generalmente, evitan utilizar transporte municipal para las evaluaciones (excepto en casos de barrios “peligrosos” o barrios sin accesibilidad de transporte público) sino para el seguimiento de las propuestas que se encuentran en mora o en procesos de reprogramación o refinanciamiento. El esquema de seguimiento implica una personalización del cobro y los plazos. En estos procesos, los acuerdos se construyen considerando las posibilidades de los/las tomadores de crédito y el estado de sus emprendimientos, según Montes, integrante del equipo técnico (comunicación personal, 12/11/2020).

El equipo técnico suministra un formulario dividido en ejes principales a través de los cuales realiza la evaluación del proyecto presentado y se relevan ejes de gestión (análisis de costos, construcción de precios, proyección de negocio, etc.). Ambas partes efectúan el análisis del costo, la formulación del precio y la proyección económica y de ingresos, considerando tanto la economía del emprendimiento como la de las unidades domésticas de forma complementaria.

Asimismo, resulta usual que, tras la evaluación, el proyecto de inversión original se reformule. Los casos donde el destino del crédito se modificó luego de la evaluación resultaron ser las experiencias con mayor potencial, debido a la formación en materia económico-productiva inducida por el intercambio. A partir del mismo y sus experiencias en la gestión de sus emprendimientos, los/as tomadores se apropian de la herramienta, aprenden a administrar aquellos y a considerar las ventajas que permiten créditos pequeños, de devolución rápida, que sean escalonados y continuos11 (Montes, comunicación personal, 12/11/2020).

En la continuidad del acompañamiento con créditos, el re-fondeo es directo: sólo con el cumplimiento de las obligaciones de las cuotas pautadas ingresan en un ciclo de financiamiento continuo, en donde reciben visitas de seguimiento por parte del equipo de asesores de créditos. A diferencia de los créditos convencionales de la banca formal, la herramienta del microcrédito conlleva un seguimiento de la burocracia de nivel callejero sobre los procesos productivos a mediano y largo plazo con flujo de crédito constante. De allí la importancia que los mismos sean continuos, crecientes y escalonados y, en principio, por pequeños montos.

Al ser el Estado Municipal quien asume la responsabilidad de gestión del fondo, el diferencial es la tasa de interés con la que llega el crédito al/la tomador/a: siendo esta del 16 % anual12 por todo concepto y con sistema de amortización francés. No posee gastos de otorgamiento, ni gastos administrativos. Se trata de una tasa de interés sensiblemente inferior a las tasas de referencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el período analizado, en donde oscilaron entre el 50 % y el 65 % y en donde los bancos estatales ofrecieron constituir plazos fijos con tasas superiores al 43 %.

La tasa de recupero del 16% anual (CFT) resulta deficitaria para el FFS, más en escenarios coyunturales inflacionarios como el que registra la Argentina, en donde según datos oficiales, la inflación del período 2018 alcanzó los 47,6 %13, en 2019 superó el 55 % anual, mientras que, hasta septiembre de 2020, se registraba 20,2 % en los primeros nueve meses de dicho año. En investigaciones anteriores, se encontró que:

“El esquema presentado permite consolidar un esquema de finanzas solidarias alternativo, en el cual se debate el uso del dinero en los sectores populares y la utilización del “ahorro”, de esta forma quien está tomando un crédito lo que está haciendo es administrar su capacidad de ahorro de forma asistida, y en este caso el Estado municipal acompaña esa propuesta democratizando el acceso al crédito. Lo que está en disputa es un cambio al paradigma de la “financiarización de la economía” de los sectores populares propuesto por el neoliberalismo (Financiar vs. Financiarizar). Financiarse con esquemas solidarios lleva a que los sectores populares, al administrar sus recursos monetarios, su capacidad de ahorro, pueden tomar mejores decisiones de cuándo y cómo invertir.” (Fontanet y Torrano, 2019: 214-215).

Por caso, con una tasa de interés por debajo de la inflación anual, un/a posible tomador/a de créditos encuentra ampliada sus posibilidades de financiamiento en una propuesta que contempla su situación particular. Situación en la que no posee acceso al crédito bancario, debido a que no reúne las condiciones de elegibilidad del mismo, por carencia de solvencia patrimonial o de garantías reales. En estas situaciones, sus posibilidades de acceso al crédito se reducen a canales alternativos de financieras (no siempre formales) incluso mediados por plataformas que despersonalizan/desmaterializan el vínculo acreencia/deuda e impulsan la valorización de datos personales y financieros que se construyen en torno a la deuda (Srnicec, 2018). En estos canales, las tasas de interés tienden a alcanzar niveles de usura que impactan tanto en su reproducción (Chena y Roig, 2017) como en la construcción de su subjetividad (Gago, 2014). Estas experiencias de la cotidianeidad de los/as trabajadores/as autogestivos, suponen la argamasa por donde se construye el cálculo que los/as acercan al FFS en busca de respuesta a sus demandas. Como se observa, en el apartado siguiente, esta respuesta implica diversidad de situaciones.

FFS según componente, tipo de crédito y distribución geográfica

En la Tabla 3, se presentan los principales resultados económicos, estrategias e indicadores del FFS durante el período 2014-2020.

En términos absolutos, la distribución parece priorizar los créditos individuales, aunque los créditos asociativos14 detentan mayor volumen por crédito otorgado. Por ende, estos representan un impacto relevante en la cartera histórica de créditos, redundando en una distribución más equitativa. Entre los tomadores de créditos asociativos, se observan cooperativas de trabajo vinculadas a la producción, dos cooperativas de servicios, una de vivienda y un sindicato de trabajadores municipales.

	Créditos	Monto (millones de $)	Participación
			Créditos totales	Montos
Créditos individuales	726	11,7	88	61
Créditos asociativos	97	6,6	12	39
Total	774	17	100	100
Nota: los precios exhibidos son corrientes a agosto de 2020

Tabla III. Fondo de Financiamiento Solidario. Distribución de cartera histórica de créditos según destino a individuos y cooperativas (a precios corrientes, 2014-agosto 2020). Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de San Martín (2020).

Más allá del destino individual y asociativo, los créditos son clasificados por la administración del FFS según el sector al cual se destina (producción y servicios, así como mejoramiento habitacional). En cuanto a los indicadores de cartera histórica (contemplando los recréditos, es decir, los créditos que se renuevan tras su vencimiento) y la cartera activa, la distribución según los componentes producción y servicios y mejoramiento habitacional, se refleja en la siguiente tabla:

Componente	Créditos (histórico)	Monto (millones de $)	Créditos (cartera activa)	Monto (millones de $)	Monto promedio (en miles)
					Histórico	Activo
FFS Producción y Servicios (¹)	839	21,9	139	7	26	50
FFS Mejoramiento Habitacional	186	3,8	54	0,9	21	16
Total	1025	25,7	193	7,9	25	41
(¹) El subcomponente “producción” contempla a quienes a través de su trabajo autogestivo elaboran un producto para su comercialización y otorgan valor agregado a su trabajo, indistintamente el rubro al que se dediquen. Por otro lado, el subcomponente “Servicios” incluye a quienes brindan algún tipo de servicio. Nota: los precios exhibidos son corrientes a agosto de 2020

Tabla IV. Fondo de Financiamiento Solidario. Créditos individuales: montos de la cartera histórica y activa (2014 - agosto de 2020). Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de San Martín (2020).

Del análisis de la tabla anterior se deprende que en el componente producción y servicios la cartera histórica y activa representa 82 % y 72 %, respectivamente. Como complemento, el componente mejoramiento habitacional representa 18 % y 28 % en dichas carteras, respectivamente. Por último, se observa que mientras el monto promedio es semejante para ambos componentes en la cartera histórica, es tres veces mayor para el componente de producción y servicios en la cartera activa. A continuación, se discrimina esta cartera a partir de estos dos subcomponentes:

	Créditos	Monto (millones de $)	Monto promedio (miles de $)	Participación (%)
				Créditos totales	Montos
Producción	690	14	20,3	82	64
Servicios	149	7,9	53,3	18	36
Total	839	22	36,8	100	100
Nota: los precios exhibidos son corrientes a agosto de 2020

Tabla V. Fondo de Financiamiento Solidario. Créditos y montos según subcomponente producción y servicios (2014-agosto 2020). Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de San Martín (2020).

Como puede observarse, la participación del subcomponente producción resulta mayoritaria, tanto en cantidad de créditos como en participación en el monto devengado. Esta situación evidencia la orientación del FFS, dirigida hacia la generación de valor en base a bienes, conforme a la estructura productiva sobra la que interviene el municipio.

Por último, respecto al componente mejoramiento habitacional, cabe considerar que su surgimiento ha sido factible debido a la consolidación de las líneas de trabajo del FFS, la participación del funcionariado responsable de la gestión de los mismos y la diversificación de los/as fondeadores/as con nuevas propuestas de trabajo.

De esta forma, una vez que se consolidó la línea de trabajo orientada al componente producción y servicios con recursos municipales propios, se avanzó en acuerdos interjurisdiccionales entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de San Martín, a través de la suscripción de un convenio específico (Nº 3198976) en 2016. El convenio permitió la gestión de nuevos fondeos, desde la misma estructura municipal y siguiendo los mismos lineamientos en cuanto a la población objetivo mediante créditos individuales, con tres destinos posibles: a) mejoramiento progresivo del hábitat, b) conexiones internas domiciliarias a servicios públicos, y c) regulación dominial.

Desde su implementación en los primeros meses de 2017 y hasta febrero de 2020 (último mes en donde se entregaron créditos al momento de la redacción de esta investigación, considerando la suspensión de actividades que ha implicado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado en marzo de dicho año), se observa una preeminencia de créditos bajo titularidad individual. No obstante, los montos de los créditos bajo modalidad asociativa representan cerca de un tercio del total.

Destino	Créditos	Monto (millones de $)	Participación según destino (%)
			Créditos	Montos
Individual	167	2,7	90	71
Asociativo	19	1,1	10	29
Total	186	3,8	100	100
Nota: los precios exhibidos son corrientes a agosto de 2020.

Tabla VI. Fondo de Financiamiento Solidario: componente habitacional. Créditos y montos según subcomponente mejoramiento habitacional y destino individual y asociativo (2014-agosto 2020). Fuente: elaboración propia en base a Municipalidad de San Martín (2020).

Por último, al observar ambos componentes, puede notarse que el crecimiento de los créditos de mejoramiento habitacional en relación a bienes y servicios resulta sensiblemente inferior. Según uno de los/as mediadores/as entrevistados/as, esta dinámica responde a que: “en los comienzos costó mucho la implementación de la línea, porque aspiramos a una herramienta con diferentes instancias de evaluación: el proyecto económico financiero que nos presentan” (González, comunicación personal, 15/08/2020).

En esta afirmación, se observa la importancia que reviste el conocimiento del sector a la cual está dirigida la propuesta crediticia, aspecto que evidencia la complejidad que encierra la construcción de herramientas de finanzas solidarias en tanto estrategias alternativas a las finanzas convencionales, que trasciendan la mera transferencia monetaria con créditos a bajo costo (Muñoz, 2006).

Por último, al observar el FFS según componente producción y servicios y mejoramiento habitacional y destino a grupos asociativos con formato jurídico reconocido (principalmente cooperativas de trabajo), cabe finalizar esta caracterización reconociendo la distribución geográfica de los/as tomadores/as de crédito. La figura 1 muestra la distribución espacial de éstos/as, donde puede verse además la cantidad aproximada de créditos que han tomado a lo largo de su historial crediticio con el FFS:

Figura 1. Distribución geográfica de créditos Fondo de Financiamiento Solidario (FFS) (Partido de San Martín, Buenos Aires, 2014-2020). Fuente: autoría en base a datos del FFS

En cuanto al despliegue territorial del FFS en el lapso 2014-2020, resulta significativa su presencia distribuida en el territorio municipal, considerando especialmente: a) los créditos y recréditos otorgados para ambos componentes en el sector norte, entre la Avenida Márquez y el Camino Parque del Buen Ayre (Área Reconquista); b) la distribución de los créditos destinados a grupos asociativos también sobre áreas donde se ha asentado la industrialización (Villa Bosch y Villa Maipú) y; c) la preeminencia de créditos sin re-fondeo en el área industrial y central del municipio.

El sujeto social del FFS y el rol de los/as mediadores/as

Una vez conocidas las dinámicas estructurales del FFS, cabe preguntarse por el sujeto social que compone su población objeto. Entre las quince entrevistas realizadas para esta investigación, se encontró que el 80 % de los/as informantes nunca tomó créditos en la banca formal; el 26,66 % lo hizo por medios alternativos (por caso, otras organizaciones sociales); y el 13,33 % lo hizo en financieras con tasas de interés onerosas. Asimismo, un solo informante declara haber desistido a acceder a créditos por considerarse fuera de las posibilidades de recibirlos. Por ende, las escasas o nulas alternativas de crédito formal podrían alentar el acceso al FFS, debido que más que una opción es el único canal de financiamiento posible.

En relación al contexto socio comunitario, algunas de las personas entrevistadas que trabajan en emprendimientos autogestivos describen de forma elocuente la situación en las que se desenvuelven:

“Es un barrio muy humilde de trabajadores. Ahora la gente la está pasando muy mal por la pandemia. No hay un mango, algo hay que hacer” Chávez (comunicación personal, 31/08/2020).

“Me preocupan los pibes que no tienen contención. Hay mucha falopa. Ahí hay que anticiparse al quilombo, porque después caen en cana y los perdiste” Sotelo (comunicación personal, 03/09/2020).

“…Es un barrio de mucha pobreza, de muchas necesidades.” Jiménez (comunicación personal, 13/08/2020).

“Es un barrio de trabajadores. Todos de alguna manera se la rebuscan. Cuando la cosa viene mal, viene mal para todos, porque quien más o quien menos todos hacemos una changa para nosotros mismos. Si no hay plata, no van a venir a la peluquería, y si yo no tengo plata no voy a comprar en el kiosco que está a media cuadra, ni en la panadería ni nada. Es así de simple” Silva (comunicación personal, 01/09/2020).

En cuanto a la situación socioeconómica particular en la que se encontraban al momento de acceder a los primeros financiamientos, resulta significativo destacar el consenso en cuanto a la necesidad de generar sus propios ingresos. Usualmente, los mismos han comenzado a partir del acceso a herramientas ofrecidas desde la DGESyS:

“Cuando arranqué con la municipalidad estaba prácticamente muerta, sola y desesperada. Luego de varios encuentros con las asistentes sociales llegué a Economía Social y me cambió la vida. Ahí empecé mi emprendimiento, me ayudaron mucho, me hicieron un lugar en la feria y también pude sacar los primeros créditos que eran muy chiquitos” Chávez (comunicación personal, 31/08/2020).

“Cuando me quedé sin trabajo me puse a pensar qué podía hacer. Unos vecinos me sugirieron preguntar en la municipalidad. Así llegué a la incubadora de empresas en donde me explicaron cómo armar mi propio emprendimiento. En ese momento me dejaron participar en ese espacio. No tenía que pagar nada. Me enseñaron todo lo que sé, y pude dar los primeros pasos para conseguir clientes. Además, me hablaron de los créditos baratos para que no me falte nada. Hoy sigo trabajando en eso, que, si bien no me está yendo muy bien, como a todos, la voy peleando” Sotelo (comunicación personal, 03/09/2020).

El diagnóstico que los/as tomadores/as de créditos realizan sobre su comunidad de pertenencia, encuentra puntos de acuerdo en respecto de lo que “esperan” del Estado para afrontar estas problemáticas:

“Los pibes necesitan estar ocupados, hacer cosas, sentirse escuchados, respetados. Esa es la clave para que piensen y sientan que pueden tener un futuro. Cuando los ignoras desde pendejo después ya es tarde, los termina matando la policía como perros y nadie los extraña” Aguirre (comunicación personal, 08/08/2020).

“Lo que se haga para el barrio es importante. Porque es multiplicador” Silva (comunicación personal, 01/09/2020).

En cuanto a las contrapartes que exige el dispositivo y en donde se expresa parte significativa de la participación, se ha consultado a los/las informantes sobre asesoramientos y capacitaciones. Al respecto, se han obtenido respuestas disímiles que se corresponden con el momento en el cual se encuentra cada emprendimiento, indistintamente se trate de individuales o asociativos. En general, en las experiencias individuales, se ponderan las capacitaciones y el seguimiento, mientras que en las iniciativas asociativas se estiman fundamentalmente los conocimientos propios o de algún/a socio/a de la cooperativa por sobre los aportes de los/las técnicos/as municipales. Según los/as emprendedores/as entrevistados/as:

“Fuimos con mi novio a las capacitaciones que nos dieron antes del primer crédito, y después fui yo al curso de gestión que se da en la incubadora, duró como dos meses y me vino re bien” Aguirre (comunicación personal, 15/08/2020).

“¡Mucho!, yo no sabía nada. Nunca había hecho nada sola. Sólo sabía que me gustaba cocinar y que era buena en eso. Acá aprendí a pensar como una empresaria y a construir mi emprendimiento paso a paso” Chávez (comunicación personal, 31/08/2020).

“En la incubadora teníamos capacitaciones en grupos y un tutor que nos acompañaba siempre. Ellos nos enseñaron qué hacer con el dinero para aprovecharlo de la mejor manera” Sotelo (comunicación personal, 03/09/2020).

La sustentabilidad y la continuidad de los emprendimientos, evaluada por los/las trabajadores/as autogestivos/as, se encuentra ligada con participación social en los diferentes dispositivos de la DGESyS y desde la contraparte de los esquemas de capacitación y acompañamiento. En palabras de algunos/as de ellos/as:

“El taller nació junto con el acompañamiento y con los créditos. Cuando arranqué era yo sólo y me ayudaba mi señora, hoy somos 9 personas y que la mayoría vienen del mismo lugar que yo. Gracias a que tuvimos el dinero pudimos vender nuestro producto en supermercados grandes o locales de Buenos Aires” Sotelo (comunicación personal, 03/09/2020).

“Fue fundamental, porque me permitió ordenarme y pensar cada momento. Saber que tengo la plata tal día me organiza para saber cuándo comprar” Torres (comunicación personal, 03/08/2020)

“Absolutamente. Arranqué de cero. Me enseñaron a trabajar. Los primeros tiempos cortaba el pelo a mis vecinas en la cocina de mi casa. Con los créditos fui armando un espacio independiente con entrada propia y acondicionándolo todo. Antes era una cocina, ahora es una peluquería como Dios manda” Silva (comunicación personal, 01/09/2020).

“Muchísimo. Cuando arrancamos éramos re hippies. Ahora vendemos en Palermo (no ahora con la pandemia, pero esperamos volver). Además, nos recomendaron dónde comprar insumos buen precio y mejorar el diseño” Aguirre (comunicación personal, 15/08/2020).

En el dispositivo del FFS integrado a otras herramientas municipales, la participación social se expresa en la relación de prácticas y producción social entre actores, en donde acceden con expectativas, deseos, intereses (Rosenfeld, 2005). Según esta autora, dicha opción no necesariamente es una decisión racional con base a un cálculo de costos-beneficio. La decisión de integrarse como participante, entonces, a una política pública estatal como el FFS, está también moldeada por su posición social y por un conjunto de expectativas no meramente materiales.

Del análisis de la información primaria, resulta ostensible la construcción de un hábitus clientelar (Auyero, 2002) que se manifiesta en la interacción regular entre los/as mediadores/as y los/as tomadores/as de créditos, comprendiendo a la política pública como la forma de estabilizar demandas cotidianas mediada desde los márgenes y frente a la respuesta despasivisada (Gago, 2014) de los/as tomadores/as de crédito que actúan por voluntad propia. En este sentido, los actores del FFS definen sus estrategias de participación evaluando costos y beneficios de manera racional. En estas decisiones no aparece la búsqueda de un crédito barato como aspecto determinante, sino que resulta útil en el contexto del aprovechamiento de oportunidades y la red constituida en torno a los dispositivos estatales municipales que les brinda para la maximización de la reproducción ampliada de la vida (Presta, 2016).

En esta dirección, pensar las relaciones de poder desde los actores del FFS invita a situarlos lejos de una subordinación pasiva a los instrumentos estatales, debido a que organizan sus estrategias de participación social de forma pragmática. Se trata, de lo que refiere Scott (1990) con infrapolítica, como el atractivo de los dominados, aun a costa de perpetuar esa relación. En este sentido, se puede observar una reciprocidad (Auyero y Benzecry, 2016) que se reproduce entre los mediadores de las políticas públicas y los/as tomadores/as de crédito, en donde el límite entre quienes las piensan y las ejecutan resulta difuso y móvil, en donde la cercanía y la responsabilidad compartida posibilitan que los extremos entre el sujeto generador de los recursos y los/as beneficiarios/as, se yuxtapongan.

Así lo expresan integrantes de algunas cooperativas cuando refieren a la conveniencia de sostener relaciones con el Estado, en este caso a partir del vínculo con la DGESyS en tanto acuerdos contractuales:

“para nosotros, conservar los vínculos es importante, porque cuando estamos en la mala siempre nos escucharon y nos hacen el contacto para vender en algún lado o nos compran directamente” Vázquez (comunicación personal, 26/08/2020).

La conveniencia recién aludida aquí se refleja en un cálculo racional para la toma de decisiones y a la cadena de intercambios que conduce a la acción recíproca (Mauss, 1979). En este esquema, según un/a referente de cooperativa, el acceso a los recursos:

“No nos salva, pero cuando agarramos un trabajo sabemos que contamos con toda la guita para laburar, es más, hasta la guita que nos queda a nosotros la cobramos antes, eso nos da mucha seguridad” Estévez (comunicación personal, 10/07/2020).

De esta forma, el FFS como herramienta se construye a partir de la interacción entre diferentes actores. De este modo, mientras la DGESyS ofrece canales de comunicación para el diseño de las estrategias de abordaje, las cooperativas, emplean esta y otras herramientas fortaleciendo el diálogo entre las partes. Según un/a referente de cooperativa:

“Nosotros formamos parte de la Mesa de Fábricas Recuperadas desde el inicio, somos fundadores. Cuando armaron los microcréditos en Economía Social [del FFS] nos contaron en una reunión cómo era, y entramos enseguida” Vázquez (comunicación personal, 26/08/2020).

La pertenencia a los espacios colectivos traducida en vínculos estratégicos facilita el acceso a los recursos y permite dinamizarlos y adaptarlos a consideración de las partes. En este sentido, la organización popular puede concebirse como un canal mediador entre las estrategias municipales y la sociedad civil. En este caso, la preexistencia de un espacio colectivo como la Mesa de Fábrica Recuperadas, ha permitido la generación de herramientas específicas para el sector, como el acceso a mejores condiciones para licitaciones locales o el cobro diferencial de impuestos municipales. Además, ha posibilitado el acceso a las herramientas del FFS en condiciones que los emprendimientos/cooperativas demandan para sostener las actividades productivas. En palabras de referentes cooperativos/as:

“Gracias a la Mesa pudimos organizarnos el laburo y entrar a la muni [Municipalidad de San Martín]. Tienen una consideración muy grande para el sector cooperativo. Siempre están pensando herramientas para nosotros, pero siempre nos convocan para discutirlas y para escucharnos. Nos hemos peleado, pero siempre fue para mejor. Buscando lo mejor para cada uno pero con el respeto que nos tenemos” Centurión (comunicación personal, 17/07/2020).

“Los últimos créditos [del FFS] fueron más cortitos, pero está bueno porque lo descuentan directamente de las ordenes de trabajo. Para nosotros es una seguridad, te olvidas.” Vázquez (comunicación personal, 26/08/2020).

Aun así, estas estrategias se encuentran mediatizadas por actores claves que vinculan a los actores en el territorio, mediadores (Auyero y Benzecry, 2016) que dinamizan el campo material y simbólico de la política popular, se trate de funcionarios públicos o referentes locales del Movimiento de Fábricas Recuperadas. La mediación permite considerar la tradicional estigmatización en torno al clientelismo político y ubicar aquella en tanto atracción positiva (Auyero, 2002), considerando el punto de vista de los/as participantes, en donde la necesidad de generación de ingresos o recursos, puede ser resuelta/producida por el vínculo y cercanía con dichos actores o mediadores/as.

Por otro lado, y en cuanto a los/as trabajadores/as autogestivos/as individuales, se hallan respuestas similares aun cuando los procesos asociativos se manifiesten a partir de compartir algunos de los procesos de gestión, como ser la comercialización. Por caso, dispositivos de vinculación asociativa como la Feria Manos de San Martín, o el Centro de Desarrollo San Martín Emprende, fueron considerados esenciales por los/as entrevistados/as para acceder al FFS, facilitando la cercanía y el alcance de la herramienta:

“En las reuniones de las ferias nos dijeron que teníamos créditos “chiquitos” (sic) a disposición si los necesitábamos” Chávez (comunicación personal, 31/08/2020).

“Hace un tiempito hice el curso de Gestión de Emprendimientos y ahí contaron que existía la posibilidad de tomar créditos con la municipalidad. Cuando terminó el curso fui corriendo, y al poco tiempo ya me lo dieron” Cabrera (comunicación personal, 28/08/2020).

“Hice el curso de peluquería en el CFP, y [Director de Capacitaciones en Oficios] me comentó la posibilidad de armar el proyecto con algo de capital, y que averigüe en la Dirección si me podían ayudar” Silva (comunicación personal, 01/09/2020).

Al igual que en el universo de cooperativas, con los/as trabajadores/as autogestivos/as individuales también se presentan relaciones con mediadores entre los recursos y los beneficiarios. Con la salvedad que, en estos casos, usualmente es el propio Estado a través de otros dispositivos y su burocracia de nivel callejero el que acerca estrategias. Por caso, la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos en cuestiones de violencia de género o de inclusión socio laboral para ex presidiarios, también otros dispositivos de la DGESyS, tales como el Centro de Desarrollo San Martín Emprende o los Cursos de Formación Laboral.

La participación social de los/as tomadores/as de créditos en los diferentes componentes redunda en una articulación de los recursos y recorta la distancia en el conocimiento de fuentes alternativas de financiamiento. De esta manera, operan como estrategias despasivisadas de los actores frente al cálculo racional para procurar un crédito (Gago, 2014).

La cercanía de los gobiernos locales se expresa en la presencia territorial en donde los dispositivos y la burocracia de nivel callejero (por caso los/las integrantes del equipo técnico) se acercan a sectores previamente identificados a partir de diagnósticos situacionales de la propia DGESyS, con el fin de maximizar el alcance territorial. Al respecto, integrante del equipo técnico del FFS desde el inicio del mismo:

“Cuando todavía teníamos pocos tomadores de créditos lo que hacíamos era ir a los lugares de encuentros comunitarios. Ya sabemos quiénes son y dónde están, y hay, generalmente, buena relación con la municipalidad. Por ejemplo, íbamos a las parroquias o a los centros de formación profesional y dábamos charlas explicando qué queríamos hacer. Cuando estás ahí y te escuchan en sus propios lugares, es diferente, porque te creen y confían en vos” Rolón (comunicación personal, 15/08/2020).

Sobre la misma experiencia, una de las personas entrevistadas – trabajador/a autogestivo/a- conoció el FFS de la siguiente manera:

“Por la iglesia. En una de las reuniones nos dijeron si nos podíamos quedar un ratito que iban a venir de la municipalidad a contarnos algo, y era lo de los microcréditos. Parecía una locura, porque no pedimos nada, porque nunca nos dieron nada en ningún lado y de repente nos vinieron a decir que nos querían acompañar. Muchas chicas armaron sus negocios gracias a eso” Jiménez (comunicación personal, 13/08/2020).

El FFS implica para los/as trabajadores/as autogestivo/as sentirse parte y demandar por igualdad de oportunidades:

“Lo que a mí me gustaría, es poder dar clases en los cursos. Enseñar a cortar el pelo como me enseñaron a mí. Sé que varios alumnos luego se sumaron como profesores. Me encantaría hacer lo mismo” Silva (comunicación personal, 01/09/2020).

“Hay que involucrar a los pibes. Buscar espacios para hacer acciones conjuntas con las organizaciones sociales. San Martin tiene un hermoso entramado social (…) eso hay que explotarlo y que quede la semilla”. López (comunicación personal, 08/09/2020).

“Se tiene que difundir más, porque está muy bueno. Jamás me hubiera imaginado que la municipalidad haga estas cosas. Yo llegué de casualidad, pero hay mucha gente como yo que necesita lo mismo y no se enteran” Pereira (comunicación personal, 06/09/2020).

“Todos tienen que saber lo que hacen. A mí me ayudaron mucho estaría bueno que más gente se entere” Sotelo (comunicación personal, 03/09/2020).

“A la municipalidad la gente sólo va a hacer algún trámite. Muchos no conocen la dirección, y mucho menos escucharon hablar de economía social. Pero yo hablo con muchos, les cuento, y sé que algunos se acercaron y tomaron créditos para arreglar la casa” Sotelo (comunicación personal, 03/09/2020).

Por último, indistintamente se trate de créditos individuales o asociativos, en estas relaciones establecidas entre los actores que integran el FFS y quienes detentan el poder del acceso/definición sobre sus recursos, se observa una tensión entre el verticalismo que conlleva la construcción del poder estatal en el territorio en donde se dirimen las formas de intervención y las fronteras porosas del Estado en la construcción de ciudadanía y reconocimiento de derechos legítimos de los perceptores de derechos. La participación social de los actores en el transitar del FFS, evidencia esa tensión, aunque no la resuelve. La construcción de subjetividad pretendida por el diseño de la herramienta se encuentra supeditada al doble papel que desarrolla la burocracia de nivel callejero en tanto mediadora de relaciones entre ciudadanía y Estado. En esta dirección, los/as burócratas desempeñan una función crucial regulando la conflictividad social, en este caso, reflejadas en las desigualdades condiciones para acceder al mercado de trabajo. Al ser los/las mediadores/as entre las demandas de la población y los recursos, desarrollan un doble papel en donde mientras promueven la construcción de ciudadanía buscando garantizar derechos como el acceso al crédito, también aseguran un control social frente a las desigualdades que imprime la lógica de mercado.

Reflexiones finales

En esta investigación se han abordado las estrategias de intervención estatal ligadas al financiamiento a iniciativas individuales y asociativas del FFS para el lapso 2014-2020, considerando los tipos de crédito, su distribución geográfica, el sujeto social que lo compone y el rol de los/las técnicos/as en tanto mediadores/as.

Del análisis aquí expuesto, surge el interrogante sobre la emergencia de nuevos actores, modelados a partir de una participación social en la que el/la tomador/a de crédito reclama una mayor presencia de los dispositivos municipales. Esta demanda se liga con la capacidad de motorizar temas desde la sociedad civil y se encuentra condicionada por el nivel de organización (Gradin, 2018). La relación establecida por quienes toman créditos -sean individuales o asociativos- con el equipo técnico del FFS implica la construcción de dispositivos de intervención diferenciados, debido a que el tipo de demandas resulta particular en cada caso. Por ende, los/las mediadores/as que conforman el equipo técnico adaptan sus saberes y experiencias según la población objeto sobre la cual intervienen. Estos saberes y experiencias parten de reconocer el contexto socio comunitario, la situación socioeconómica particular; las expectativas frente al Estado; la posibilidad de acceder a dispositivos de capacitación y de contar con asesoramiento y seguimiento con la cual elaborar análisis de costos, construcción de precios, proyección de negocio, etc.

A su vez, las formas de participación social pragmáticas y despasivisadas que se observan junto a la interacción regular entre los/as mediadores/as y los/as tomadores/as de créditos; permiten inferir una dinámica en cierta medida virtuosa. Pues, desde el equipo del FFS se busca atender una demanda de segmentos de población vulnerable sin posibilidad de acceder al crédito bancario, demanda que la burocracia de nivel callejero (el equipo técnico del FFS) ha comprendido y canalizado institucionalmente de manera temprana. Dicho esto, también se han observado límites a las estrategias de intervención estatal. En el caso de las experiencias asociativas, las estrategias del FFS condicionan de manera significativa el financiamiento y capacitación brindados. En este aspecto, los/las mediadores/as intervienen en dirección a atender los problemas emergentes de inserción sociolaboral de segmentos vulnerables de la población. Sin embargo, su accionar confronta con los límites para construir formas alternativas de alcanzar la reproducción de la vida mediante las finanzas solidarias, noción que como aquí se observa se encuentra en disputa. En este marco estructurante, la posibilidad de surgimiento de un nuevo actor, que se construya a partir de la mediación de las finanzas solidarias corre paralelo a la capacidad de transformar sus condiciones de reproducción materiales y subjetivas, aún en contextos de escasez crónica.

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Fecha de recepción: 3 de noviembre de 2020

Fecha de aceptación: 6 de octubre de 2021

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