Paisaje cultural patrimonializado: el caso del Parque General Ortega, Maipú, Mendoza

Clarisa Ayelén Suden*

Resumen

El patrimonio se presenta como un concepto complejo y polisémico, abordado como objeto de estudio multidisciplinar y rescatado desde diversos sectores sociales. Esto se traduce en la práctica a través de perspectivas de abordaje y análisis. Una de ellas, la integral, entiende al patrimonio en su dimensión territorial, en la cual el paisaje cultural se presenta como concepto representativo. El objetivo de este artículo, enmarcado en una tesis doctoral en curso, es aplicar esta mirada al caso del Parque General Ortega, Maipú, Mendoza, un espacio verde legitimado como patrimonio provincial desde la esfera gubernamental en 2012, pero que actualmente aún se presenta como propiedad privada. Esto ha resultado en la implicancia de otros actores sociales en busca de su rescate y utilidad pública. El diseño metodológico combina aspectos cualitativos y cuantitativos encadenando los resultados de cada etapa. Del análisis de la información obtenida surgen aportes de carácter teórico, entre ellos la consideración del Parque Ortega como un paisaje cultural patrimonializado. Por otra parte, aparecen componentes explícitos y otros presentes en el imaginario científico y sociocultural que, si bien están representados en la información oficial, en la realidad no se cumplen. Finalmente, se plantean ideas y reflexiones a considerar en futuras investigaciones.

Palabras clave: Patrimonio, Paisaje cultural patrimonializado, Comunidad local.

Heritage cultural landscape: the case of Parque General Ortega, Maipu, Mendoza

Abstract

Heritage is presented as a complex and polysemic concept, approached as a multidisciplinary object of study and rescued from different social sectors. This is translated into practice through different perspectives of approach and analysis. One of them, the integral one, considers heritage in its territorial dimension, in which the cultural landscape is shown as a representative concept. The purpose of this article, framed in a doctoral thesis in progress, is to apply this perspective to the case of General Ortega Park, Maipu, Mendoza, a green space legitimized as a provincial heritage site by the government in 2012, but currently still considered as private property. This has resulted in the involvement of other social actors in search of its rescue and public utility. The methodological design combines qualitative and quantitative aspects linking the results of each stage. From the analysis of the information obtained, theoretical contributions emerge, including the consideration of Parque Ortega as a heritage cultural landscape. On the other hand, there are explicit components and others present in the scientific and socio-cultural imaginary that, although they are represented in the official information, they are not actually fulfilled. Finally, ideas and reflections to be addressed in further research are put forward.

Key words: Heritage, Cultural landscape heritage, Local community.

Introducción

El patrimonio se presenta como un concepto complejo y polisémico, abordado como objeto de estudio multidisciplinar y rescatado desde diversas esferas y/o sectores sociales. Esto conduce a diferentes perspectivas de conceptualización, lo cual se traduce en variadas formas de abordaje y análisis de este.

Es así como se llevan a cabo iniciativas que inducen procesos de valorización de componentes culturales y naturales, en relación con ciertas construcciones sociales y representaciones identitarias. Existen tres perspectivas de conceptualización patrimonial: una mirada etimológica, una crítica y una integral (Pinassi, 2016, 2017), las cuales difieren principalmente en los actores sociales involucrados, la temporalidad y la escala geográfica.

El presente trabajo expone las tres visiones y se focaliza principalmente en la crítica e integral. De esta última se desprende el concepto de paisaje cultural patrimonializado (Suden, 2022) que se aplica y/o ejemplifica con el caso de estudio: Parque General Ortega, Maipú, Mendoza, declarado como patrimonio provincial en el año 2011 por parte de la Dirección de Patrimonio y Museos de Mendoza.

Sobre esta base, surgen algunos interrogantes que guían la investigación:

• ¿Qué se entiende por patrimonio?
• ¿Quiénes definen al patrimonio?
• ¿Sobre la base de qué componentes?
• ¿Qué rol tienen las comunidades locales?

En primer lugar, se exponen aspectos teóricos vinculados con el patrimonio y sus modos de abordaje. A continuación, se describe la metodología para, posteriormente, presentar el caso de estudio y plantear las reflexiones finales.

Aspectos teóricos: conceptualizando el patrimonio

El patrimonio se presenta como un vocablo debatido tanto en la esfera científica como en el ámbito de la gestión (Manero y García, 2016). Esto conduce a perspectivas heterogéneas de conceptualización y análisis, y, por lo tanto, a diferentes formas de abordaje. Por lo cual se llevan a cabo iniciativas que inducen múltiples procesos de valorización y valoración1 de componentes culturales y naturales, en relación con ciertas construcciones sociales y representaciones identitarias.

En este contexto, como punto de partida cabe cuestionarse ¿qué se entiende por patrimonio? ¿qué perspectivas de conceptualización y análisis se pueden identificar? ¿quién/quiénes definen al patrimonio? ¿sobre la base de qué componentes? ¿qué rol desarrolla la comunidad local?

Para responder estos interrogantes, en cuanto a perspectivas de conceptualización patrimonial se puede decir que existe una mirada etimológica, una crítica y una integral (Pinassi, 2016, 2017). La primera es la que se instituye con mayor fuerza, es la visión más clásica y dominante en la actualidad. Desde esta mirada, el patrimonio es sinónimo de herencia. Etimológicamente la palabra patrimonio proviene del latín patri (padre) y monium (recibido), que significa: lo recibido por línea paterna. En un sentido colectivo, se remite a la idea de propiedad, legado o acervo histórico-cultural y/o natural, que la sociedad recibe del pasado y tiene la responsabilidad de salvaguardar para su disfrute y el de las generaciones venideras. En este contexto, el patrimonio se comporta aquí como un “mensajero de cultura” (Ballart Hernández y Treserras, 2007). Para Bozzano (2017, p.55), “el patrimonio constituye la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados y que nosotros tenemos la responsabilidad moral de legarlo a las generaciones que nos siguen”.

Dentro de esta visión patrimonial se encuentran los organismos internacionales vinculados con la preservación, quienes hacen mención y descripción de diferentes componentes susceptibles de legitimación patrimonial. Es el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).

Figura 1. Clasificación de patrimonio según UNESCO (2003).
Fuente: elaboración propia

En los últimos años se ha producido una evolución de las categorías del patrimonio; incorporando nuevos elementos y sitios con características disímiles. A grandes rasgos, la tradicional clasificación que establece la UNESCO distingue entre patrimonio natural y patrimonio cultural, con subcategorías que, cabe destacar, han sido ampliadas durante las últimas décadas (Fig. 1). Este organismo presenta una clasificación estricta del patrimonio, cuyas categorías se presentan como compartimentos estancos y descontextualizadas. Es decir, sin especificar en qué marco espacial y/o bajo qué situación sociocultural aparecen. En este sentido, cabe preguntarse: ¿patrimonio para quién/es? ¿quién patrimonializa y lo gestiona? ¿qué rol ocupa la sociedad civil? ¿el patrimonio es representativo del grupo social?

De manera alternativa a la versión dominante del patrimonio, emergen otras perspectivas de abordaje. Una de ellas es la crítica, desde la cual el patrimonio no es el elemento u objeto propiamente dicho (un edificio, un museo, un monumento) sino que son los procesos o mecanismos que se elaboran socialmente en torno a estos. En contraposición a la conceptualización etimológica, ésta define al patrimonio como una construcción social dinámica (Prats, 1997; Troncoso y Almirón, 2005; Bertoncello, 2010, 2018; Smith, 2011; Zusman y Pérez Winter, 2018; Pinassi, 2018), como una invención del presente (Prats, 1998). Es decir que existe un proceso social a través del cual criterios de base romántica, como la naturaleza virgen, la historia y la genialidad, llevan a que determinados elementos (materiales e inmateriales) adquieran cierto carácter de sacralidad (Prats, 2005). En concordancia con Zusman y Pérez Winter (2018):

No se refiere a patrimonio a secas, sino más bien a procesos de patrimonialización. La idea de proceso supone que un conjunto de actores impulsa, promueve, promociona, negocia con otros, a veces situados a otras escalas, y legitiman el reconocimiento del carácter sacro de algunos objetos, conjuntos o manifestaciones culturales (p. 232).

En este contexto, Pinassi (2018) destaca:

Desde una perspectiva crítica, el patrimonio cultural es entendido como una construcción social, resultado de procesos o mecanismos mediante los cuales un bien histórico-cultural [y/o natural] se sacraliza, considerándolo como aquello representativo de una determinada sociedad y que debe preservarse como tal (p. 91).

Es decir, el patrimonio se va creando e instituyendo con el tiempo, de allí la idea de procesos de patrimonialización, en los cuales intervienen distintos actores sociales cuyas acciones pujantes coadyuvan en la definición e institución del patrimonio como tal. Aunado a ello, Almirón, Bertoncello y Troncoso (2005), destacan los valores identitarios o culturales que están presentes en los procesos de activación patrimonial.

Como complemento, Bustos Cara (2004) argumenta que:

La patrimonialización es un proceso fundamental, sociocultural, y como tal es la incorporación voluntaria de valores ecológica y socialmente construidos, contenidos en el espacio-tiempo de una sociedad particular y que forman parte de los procesos de territorialización que están en la base de la relación entre territorio y cultura (p. 11).

Prats (1998), en relación con los procesos de activación patrimonial, expresa que son llevados a cabo principalmente por el poder político. En este proceso tienen también un rol importante los científicos y los expertos, en tanto cuentan con la capacidad de proponer interpretaciones y significados para establecer nuevos repertorios patrimoniales. En otras palabras, son los actores dominantes los que intervienen en su formación, definición, argumentación y cuyos discursos patrimoniales adquieren la connotación de autorizados por la hegemonía que representan (Smith, 2011). En este marco, resurgen como interrogantes: ¿qué voces son escuchadas? ¿qué rol tienen las comunidades locales? ¿se les consulta/incluye en este proceso y en la toma de decisiones?

Siguiendo esta última interpretación, emerge una tercera mirada de conceptualización del patrimonio, que puede denominarse integral (Pinassi, 2016, 2017). Es una postura holística respecto de la temporalidad, de los actores sociales implicados y del territorio en el que se insertan los componentes culturales y naturales. Se entiende al patrimonio en relación con la sociedad, con los lazos que la unen a los bienes y que conforman su identidad. Este vínculo nace y adquiere relevancia en el pasado y se gestiona y valora en el presente para su disfrute en el futuro.

Respecto de los actores sociales, esta perspectiva focaliza también en la mirada de la sociedad civil. Propugna que sin habitantes/residentes que se identifiquen o se sientan representados, no existe patrimonio. En palabras de Gutiérrez (2017): “…el patrimonio lo definen los habitantes, si no hay habitantes que estén referenciados a ese patrimonio, el patrimonio resulta que no es patrimonio” (p. 13). Por ello, es que el patrimonio desde este enfoque es la relación de ciertos elementos culturales y/o naturales con la sociedad, lo que implica una apropiación, una valoración social que se expresa en acciones concretas que permiten construir referencias identitarias durables (Bustos Cara, 2004). Sumado a lo expuesto, Pinassi (2017) manifiesta:

El patrimonio cultural no es el componente recibido del pasado (objeto o manifestación) en sí mismo, sino el vínculo que une a ese bien o expresión con la sociedad (sujeto) … Estos bienes cobran relevancia cuando realmente son apreciados como tales, manifestando el vínculo de valoración, una relación que determina consecuencias deseadas, producto del proceso de patrimonialización manifestado (p. 58).

En esta visión dinámica del patrimonio, se manifiesta que el mismo se estructura y se vive sobre la base de las sensaciones, sentimientos y apego que se generan en torno a él. Se valora la historia y la cultura local subyacente. Al respecto, Pinassi (2016, 2019) expresa que un espacio vivido puede devenir en espacio vivido patrimonial, a partir de su configuración sobre la base de la identidad común, compartida por los habitantes de un determinado territorio. Se lo entiende como articulador del pasado, el presente y el futuro, como una construcción dinámica principalmente por y para la sociedad local. En este contexto, Moreno (2019) expone:

El valor del patrimonio, lo es en función de la gente, su derecho es poder comprenderlo, como parte de su calidad de vida como ciudadano. El objetivo del rescate del patrimonio es la gente, los expertos son un medio para hacerlo posible (p. 81).

Este postulado evidencia la integración de actores, y toma a los expertos como medio para tal fin, colocando a los pobladores locales como centrales en el proceso de puesta en valor y también como receptores primarios. Lo expresado lleva a pensar que existe otro patrimonio fuera de lo que oficialmente figura en las normativas.

El patrimonio en su dimensión territorial: el paisaje cultural patrimonializado

La evolución del concepto territorio, desde distintas disciplinas abocadas a su estudio, principalmente la Geografía, ha devenido en su comprensión como producto social. En este proceso de construcción del territorio a través del tiempo y de los vínculos entre los grupos humanos con el medio, intervienen relaciones de poder. Estas son ejercidas entre actores cuyas ideologías, valores, objetivos, prioridades y/o intereses difieren. La convergencia de estas heterogeneidades genera luchas, tensiones y desencuentros, determinando la estructuración de territorios complejos.

Entender el territorio como patrimonio, implica una evolución en la concepción y escala de este, así como también de la reelaboración teórica de este término. Desde la perspectiva de los procesos de construcción patrimonial, desde finales del siglo XX, influenciada por el giro cultural en las ciencias sociales y la adopción de nuevas categorías patrimoniales por parte de organismos internacionales clave (UNESCO, ICOMOS) comienza a hacerse una valoración espacial, temporal y social distinta. Se excede el mero componente cultural y/o natural como hito o nodo (Martínez Yáñez, 2008). Es decir, se produce un cambio de escala de observación y análisis, lo que refiere a un alejamiento del objeto puntual, que permite apreciar el todo y entenderlo más acabadamente y en conjunto con su entorno. En otras palabras, se amplía el patrimonio al paisaje que lo contiene. De la Cruz Modino (2004), en relación específica a la naturaleza, comparte:

La concepción del patrimonio natural […] no se limita a cosificar los módulos naturales como se realiza desde la visión biologicista, bajo la cual se protegen y conservan determinados elementos como bienes intocados e intocables. Muy al contrario, incluye a la naturaleza, pero entendida como paisaje cultural […], el cual contiene tanto los valores ecológicos como los humanos y las huellas de sus relaciones sobre un territorio en el que proyectan los intereses, las ideas y los usos desarrollados por una población determinada (p. 18).

La idea deja constancia de que todo se plasma en el territorio y, por lo tanto, se confiere valor a la totalidad. Se consuma una valoración de su dimensión histórico-cultural mucho más profunda que de la artística o de la potencialidad natural, como atributos ponderados en la versión dominante del patrimonio según sus categorías específicas. Con lo cual adquieren especial importancia los vínculos (muchas veces conflictivos) que se establecen entre los actores sociales (principalmente los pobladores locales) y los elementos y actividades; todos ellos insertos y/o desplegados en un espacio antropizado, el territorio.

La diversidad de formas y expresiones en este territorio lleva a pensar que pueden existir otros patrimonios fuera de la historia oficial y que, además, trascienden el objeto puntual a preservar. En este sentido, conceptualizaciones recientes enmarcadas en esta última perspectiva refieren al concepto de patrimonio territorial (Ortega Valcárcel, 1999; Martínez Yáñez, 2008; Feria Toribio, 2010; Albarrán Periáñez, 2016). Ortega (1999) manifiesta que esta categoría expresa “…una identificación que permite hablar de patrimonio territorial, cualificando, de este modo, no sólo el objeto edificado, sino la construcción del espacio, más allá del edificio” (p. 33). Asimismo, Albarrán Periáñez (2016) comparte que quizás la primera aproximación al término patrimonio territorial sea el concepto de paisaje cultural acuñado en 1925 por Carl Sauer. Para este geógrafo el paisaje alude a las formas de la superficie terrestre constituidas a partir de elementos tanto físicos como culturales. Es decir que se lo comprende en un sentido más vasto, en su dimensión territorial y como conjunto de elementos naturales y culturales interrelacionados, que configuran una realidad física en permanente trasformación, que necesita ser percibida para su existencia como paisaje.

Como se señaló, en la consideración del territorio como patrimonio tienen gran importancia los valores históricos y culturales, pero también sus posibilidades de gestión como recurso económico. Para ejemplificar, una pintura que desde la visión dominante del patrimonio es considerada un objeto digno de preservar por su belleza y singularidad, desde esta perspectiva comienza a ser valorada holísticamente, es decir en conjunto con el pintor, el edificio en el que se halla, el contexto (cultural, social, político y económico) en el cual se realizó, la sociedad que lo vive o siente en determinados momentos (incluido el presente) y el espacio circundante. Se aprecia el señalado cambio de escala, al centrarse no sólo en el objeto (pintura) propiamente dicho, sino que también se contempla la integralidad del territorio (paisaje), es decir, tanto los componentes materiales e inmateriales, como las relaciones de poder que lo construyen como tal.

Anteriormente se refirió al paisaje cultural como un primer acercamiento al concepto de patrimonio territorial, y entendido como el conjunto de elementos naturales y culturales en permanente interacción, evolución y transformación, y en relación con la sociedad. Lo cultural comprende sociedades, historias, costumbres, comportamientos, accionares, valores, sentimientos, todo ello asociado a una temporalidad.

Esta dimensión temporal en el paisaje es clave, dado que las formas del espacio geográfico que se perciben en la actualidad no son idénticas a las de otros momentos pasados, sino que se han creado y recreado, a partir de filtros y valores empleados por las diversas sociedades y sus representantes políticos, económicos, científicos, etc. A estos procesos, cabe añadirle la carga afectiva, estimaciones, anécdotas y experiencias vividas por los sujetos; en consecuencia, valoradas o justipreciadas. Con lo cual se alude al paisaje cultural patrimonializado, entendido como el cúmulo de componentes (materiales, inmateriales y/o simbólicos), actores sociales (sociedad civil y las organizaciones que la representan, sectores público y privado, ámbito científico, etc.) y las dimensiones físicas y subjetivas del espacio (natural, cultural, histórica, política y económica), yuxtapuestas en/con el tiempo, todo ello en interacción y con una valoración social dada (Suden, 2022).

En éste adquiere relevancia la integralidad de esa realidad física que es el paisaje que, constituida a través del tiempo, es también una realidad intangible, con significados y símbolos culturales. Sumado a esto, el paisaje cultural patrimonializado es reflejo de numerosos conflictos y tensiones sociales que, debido a la diversidad de agentes, se generan en el proceso de (re)construcción material y simbólica. La noción aquí propuesta se encuentra íntimamente relacionada con el patrimonio territorial. En ellos varía la escala de observación: el patrimonio territorial posee una menor escala de análisis, es decir que el nivel de detalle que puede observarse es menor que en los paisajes culturales patrimonializados. Dicho de otro modo, en el territorio pueden encontrarse una multiplicidad de paisajes culturales patrimonializados, con características disímiles, que en conjunto conforman el patrimonio territorial.

A su vez, los paisajes culturales patrimonializados contienen paleopaisajes, es decir, paisajes antiguos, relictos o remanentes, que se encuentran superpuestos, expresión que alude a la transformación que han sufrido a lo largo del tiempo, configurando los paisajes de la actualidad (Fig. 2). Para su comprensión es necesario contextualizarlos en tiempo y espacio y así poder entender su evolución y valor patrimonial otorgado. No obstante, cabe destacar que todo paisaje cultural contiene paleopaisajes, pero solamente cuando son valorados socialmente, adquieren la connotación de paisajes culturales patrimonializados.

Figura 2. Paisaje cultural patrimonializado. Fuente: elaboración propia

Metodología

El presente artículo forma parte de un proyecto de investigación (tesis doctoral) en curso2. Por lo que el recorrido metodológico, en su etapa exploratoria, consiste en un esquema inductivo/deductivo, en un zigzag que permite combinar aspectos cualitativos y cuantitativos encadenando los resultados de cada etapa (Fig. 3). Partiendo de algunos conceptos básicos que representan el estado de la visión científica, se realizó una aproximación al caso observado por medio de información objetiva general, donde se recurre a datos y trabajos ya desarrollados. Junto a ello, se aplicó un muestreo en cadena o por redes, también llamado bola de nieve3, y se realizaron cinco entrevistas a referentes locales. Estas permitieron acotar el tema y direccionar la siguiente etapa, con incorporación de información específica como son los registros y oficinas del Estado, aunado a la participación activa de la comunidad local.

De este modo, la confrontación entre los aspectos teóricos vinculados con el patrimonio en su dimensión territorial y el paisaje cultural, y la realidad social y espacial, permitió reflexionar acerca de la importancia y calificación del caso de estudio (el Parque Ortega) como un paisaje cultural patrimonializado.

Figura 3. Recorrido metodológico de la investigación. Fuente: elaboración propia

Caso de estudio: Parque General Ortega, Rodeo del Medio, Maipú

El Parque General Ortega se ubica en el distrito de Rodeo del Medio, departamento de Maipú, Mendoza, Argentina (Fig. 4). Su superficie actual es de 4 ha, que albergan una gran diversidad de especies animales y vegetales. En su interior, el espacio contiene una piscina, baños y otras instalaciones que rememoran el camping y sitio de esparcimiento y sociabilización que fuera antiguamente.

El parque fue fundado en el período de 1890 a 1898 por el Gral. Rufino Ortega, militar argentino y gobernador de la Provincia de Mendoza4, lo cual demuestra también la importancia extralocal del predio. Su diseño se encomendó a Felipe Rutini como parte de las prácticas comunes de la aristocracia argentina de este período histórico, y sufrió, durante más de cien años, diversas transformaciones físicas vinculadas a las modificaciones en su uso y a su paso por las manos de diferentes propietarios (De Simón, 2014). Si bien era propiedad privada, se creó y fue mantenido durante años como un espacio de sociabilización, ya que ofrecía la accesibilidad a todo el pueblo para los festejos en noche buena y su objetivo era la recreación de las familias de la zona (De Simón, 2014). Con el paso del tiempo, la situación de este espacio verde ha ido mutando y en la actualidad se encuentra frente a un proceso de degradación y abandono, lo cual, en conjunto con otros factores e inconsistencias ha producido, con más énfasis en los últimos años, el involucramiento y participación de la comunidad local, el sector académico-científico y el Estado a fin de rescatar este patrimonio. A continuación, se procede a explicar la historia del Parque Ortega.

Figura 4. Localización del Parque Ortega. Fuente: elaboración propia sobre la base de Google Earth (2020).

Breve recorrido histórico y situación actual

Desde principios de 1900 se convirtió en un espacio donde hubo actos religiosos, de encuentro, ocio y recreación. Se configuró como colonia de vacaciones, área de picnic y esparcimiento de las familias, sitio de visitas educativas, escenario de competencias deportivas y pista de baile, entre otros fines. El parque amalgamó a la población de diferentes posiciones económicas, estableció nuevas relaciones entre inmigrantes y criollos, se transformó en una maquina educativa para la vida civilizada y simultáneamente en un dispositivo para la salubridad (Fresia, 2012).

A partir de la adquisición del predio en 1940 por parte del Centro de Almaceneros Minoristas y Anexos de Mendoza, se fue entregando la concesión del parque a particulares, y a partir de la década de 1980 comienza a evidenciarse un importante deterioro que se fue agravando con el paso del tiempo: sequía, instalaciones destruidas, árboles centenarios talados, basurales, etc. Tal es el caso que, en 1994, los alumnos de 4to. año del Instituto Rodeo del Medio participaron de un concurso organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Mendoza. Presentaron un proyecto para revalorizar el parque, dando cuenta de la tala de numerosos árboles centenarios. Hacia 1996, integrantes del Grupo de Rescate Histórico (GRHis) expusieron sobre el impacto histórico y ambiental del Parque Ortega ante el Concejo Deliberante de Maipú.

A partir de la década del 2000, con mayor ímpetu, los vecinos de la zona iniciaron una activa lucha por la recuperación del espacio para la comunidad de Rodeo del medio y para toda la sociedad mendocina. Así, por ejemplo, referentes como la Sra. Irma Dobrosky, quien se desempeña en la Biblioteca Popular Lucila Bombal de Rodeo del Medio, expresa:

cuando el Centro de Almaceneros dejó de tener recursos y socios para mantener el lugar, comenzó el abandono. Hace unos años (1997) los vecinos nos pusimos en alerta porque comenzaron a escucharse motosierras y algunas personas comenzaron a talar el bosque para alimentar los hornos de ladrillos. Hubo toda una movida para evitar eso (Dobrosky, comunicación personal, 2020).

Por lo que es considerable la antigüedad de los reclamos de la comunidad, que viene luchando y participando en actividades en pos de la recuperación del parque. Lo defiende y valora como símbolo de su identidad e historia, y por el significado que tuvo en su momento como sitio de encuentro social y recreación. Así, entre sus accionares, los vecinos de Rodeo del Medio se han manifestado desde el año 2008 hasta la actualidad (a través de la presentación de notas escritas y encuentros presenciales y virtuales) en el Municipio de Maipú y la Legislatura Provincial. La activa participación colectiva ha tenido como resultado, por un lado, la declaración de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de Maipú en el año 2011, y posteriormente su legitimación como Patrimonio Histórico, Ambiental, Religioso, Educativo y Cultural por parte del Poder Legislativo Provincial mediante la Ley 8404/12 y bajo los términos de la Ley Provincial 6034/93 de protección de bienes que conforman el patrimonio cultural. Su autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza.

Asimismo, cabe destacar que el municipio de Maipú en el año 2002 creó el Consejo Departamental de Preservación del Patrimonio Histórico- Cultural- Ambiental y Turístico, mediante la Ordenanza Nº 3324/02 del Honorable Concejo Deliberante, lo cual constituye un antecedente normativo que complementa las declaraciones y creaciones subsiguientes. Además, desde su declaración como patrimonio de la provincia en el año 2012 el parque comenzó a tener mayor visibilidad en los medios de comunicación (Fig. 5).

Figura 5. Difusión en periódicos digitales. Fuente: a- Diario Los Andes (2016); b- Diario Uno (2018)

Con lo cual se observa que la comunidad de Rodeo del Medio, desde sus orígenes, ha buscado incorporar el Parque Ortega dentro de los espacios a disfrutar públicamente y con el cual se siente representada. Se destaca su apego al lugar y su actitud proactiva reflejada en variadas acciones que han realizado durante más de dos décadas, brindando su tiempo, capacidades, trabajo y hasta recursos económicos. El último producto de estas acciones se obtuvo el 20 de junio de 2019, día en el que se creó la Comisión Pro-recuperación del Parque Ortega, con presencia de una escribana pública y miembros de la comunidad (figura 6). Con ellos se dejó constancia del estado de abandono de este. Además, en esa acta comparecieron actores en representación de la Biblioteca Popular Lucila Bombal, de Rodeo del Medio.

Figura 6. Creación de la Comisión Pro-recuperación.
Fuente: documentos de la autora

A partir de la creación de esta Comisión, sus miembros desarrollan diferentes tareas, propuestas para la administración y gestión, y participan activamente en reuniones periódicas (Fig. 7) con diferentes organismos, funcionarios, científicos, vecinos, comerciantes, y otros, para lograr de una u otra forma que el Parque Ortega, colmado de componentes sociohistóricos y ambientales-paisajísticos, y símbolo de su identidad pero, paradójicamente, en avanzado estado de abandono, pueda ser recuperado para su disfrute y preservación. Asimismo, es importante destacar que se ha iniciado un proceso de Declaración de Utilidad Pública5 que actualmente se encuentra paralizado.

Figura 7. Asamblea de vecinos de Rodeo del Medio.
Fuente: http://bibliotecalucila.blogspot.com/

Sin embargo, hasta el momento no se han llevado a cabo acciones tendientes a su real puesta en valor patrimonial. Con esto último se alude a la recuperación o rescate; dicho de otro modo, la restauración de sus componentes y accesibilidad pública al espacio, luego de ser legitimado por parte de los actores gubernamentales. Esto sucede, principalmente, debido a que es propiedad privada (desde 1940 está en manos del Centro de Almaceneros Minoristas y Anexos de Mendoza), hecho paradójico dado que, en los registros públicos, figura como un patrimonio provincial junto con la normativa correspondiente.

El parque presenta signos de deterioro avanzado, que pueden apreciarse en sus árboles, equipamiento e infraestructura y basurales (figura 8). Además, se han asentado en él ocupantes ilegales y construcciones clandestinas, y no está permitido el ingreso de la comunidad al sitio. Con lo cual surgen interrogantes: ¿dónde está el significado y valor del patrimonio? El Parque Ortega, ¿es patrimonio para quién/es?

Figura 8. Estado del Parque Ortega: ramas caídas, basura y portón de ingreso derribado. Fuente: fotografías de la autora (2019).

Marco normativo del proceso de recuperación patrimonial

Respecto de las normativas vinculadas y/o que respaldan el proceso de puesta en valor patrimonial del Parque Ortega, pueden destacarse, por un lado, la Ley Provincial 5961/92 de Preservación del Medio Ambiente. En ella se manifiesta que su implementación “tiene por objeto la preservación del ambiente en todo el territorio de la provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público” (Art. 1). Del mismo modo, esta ley propone declarar “de interés provincial, las acciones y actividades destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y todos sus elementos constitutivos” (Art. 2). Asimismo, el artículo 3 expresa que la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, a los efectos de esta ley, comprende, entre otros aspectos:

a) El ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización, poblamiento, industrialización, explotación minera y agrícola ganadera y expansión de fronteras productivas, en función de los valores del ambiente;

b) La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser sujeto a un régimen de especial gestión y administración;

c) La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación ciudadana en las cuestiones relacionadas con el ambiente;

d) La coordinación de las obras y acciones de la administración pública y de los particulares en cuanto tengan vinculación con el ambiente;

e) La orientación, fomento y desarrollo de procesos educativos y culturales a fin de promover la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente;

Por último, los artículos 23 y 24 otorgan derecho a las personas físicas a “denunciar los hechos, actos u omisiones que lesionen su derecho a la preservación del ambiente por ante la Fiscalía de Estado…”. Esta última interpondrá las acciones pertinentes, si correspondieren, dentro de los diez (10) días de realizada la denuncia (Art. 24).

Por otra parte, cabe mencionar la Ordenanza Nº 3324/02 del Honorable Concejo Deliberante de Maipú, que aborda la creación del Consejo Departamental de Preservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Ambiental y Turístico, en la cual se destaca como una de las funciones del Concejo, el control de gestión de conservación y preservación de los bienes declarados patrimonio, y la ejecución y puesta en marcha de programas cuyos objetivos sean revalorizar bienes reconocidos como patrimonio. Junto a ella, la Declaración 253/11 del Consejo Deliberante de Maipú insta a la Legislatura Provincial a declarar al Parque General Ortega Patrimonio Histórico, Ambiental, Religioso, Educativo y Cultural del Departamento de Maipú.

A su vez, mediante la Ley Provincial 8404/12 se declara Patrimonio Histórico, Ambiental, Religioso, Educativo y Cultural al Parque General Ortega del Distrito Rodeo del Medio, Departamento Maipú. Dicha declaración se encuadra en el Artículo 3 de la Ley 6034/93 sobre protección de bienes que conforman el patrimonio cultural, que expresa:

A los efectos de la presente ley se consideran integrantes del patrimonio cultural de la provincia, todos aquellos bienes trascendentes que material y/o culturalmente reportan un interés antropológico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y tecnológico, que significan o pueden significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de Mendoza, que se encuentren en el territorio de la provincia, o ingresen a él, cualquiera fuere su propietario, luego de su declaración como tales por la autoridad de aplicación (Ley 6034/93, Art. 3c).

Por último, el Artículo 4 de la Ley 6034/93, comparte que estarán sujetos a la calificación establecida en el artículo 3 de la presente ley, entre otros, los siguientes bienes: “bienes inmuebles de valor arquitectónico, artístico o de importancia cultural, que posean más de cincuenta (50) años de antigüedad, monumentos, sepulcros y lugares históricos provinciales declarados.”

Actores sociales involucrados

El proceso de recuperación y valorización del parque necesita de una activa participación de los diferentes actores/sectores sociales implicados, de manera que funcione realmente como un patrimonio y sea gestionado integralmente. Por lo cual se requiere la articulación entre los actores públicos o gubernamentales y los actores privados o no gubernamentales (Real Dato, 2006). Los primeros se vinculan a la estructura política-administrativa del Estado, mientras que los segundos pertenecen a las esferas socioeconómica y sociocultural. El autor expresa que el primer grupo está compuesto por: el gobierno, que representa el poder ejecutivo en los diferentes niveles de competencia; la burocracia y la administración pública, que ejecuta las decisiones gubernamentales; y el parlamento y los tribunales de justicia, que constituyen el poder legislativo y judicial. A los actores no gubernamentales, los clasifica en: partidos políticos, que construyen opinión pública; organizaciones defensoras de algún interés público, que pugnan por demandas colectivas; empresas y corporaciones empresariales, que disponen de una posición privilegiada en el debate público; organizaciones del tercer sector, que quedan excluidas de los dos anteriores grupos; expertos, que constituyen el aporte técnico-científico; medios de comunicación de masas, que tienen una función destacada en el proceso de inclusión en la agenda pública; individuos influyentes, que suelen tener posiciones institucionales destacadas; y finalmente, opinión pública, que constituye una variable contextual fundamental.

Figura 9. Actores sociales implicados. Fuente: elaboración sobre la base de Real Dato (2006).

Sobre la base de esta clasificación, se presenta el entramado de actores vinculados al proceso de patrimonialización del parque (Fig. 9). Como puede observarse, como actores gubernamentales o públicos se destacan los gobiernos de gestión municipal y provincial a través de sus distintos poderes. Y dentro de los actores no gubernamentales o privados, se hallan la comunidad local y sus diversas organizaciones y asociaciones que pujan por la demanda colectiva, el actual propietario del parque (Centro de Almaceneros Minoristas y Anexos de Mendoza), los ocupantes ilegales y los expertos, en este caso investigadores del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), como promotores del conocimiento y acompañantes en el proceso de efectiva patrimonialización y refuncionalización del parque. Finalmente, los medios de comunicación (prensa local, redes sociales) acompañan, potencian y difunden la situación.

Como puede observarse, son numerosos los actores sociales que están involucrados en el caso de estudio y cuya participación, directa e indirectamente, complejiza, potencia y también obstaculiza su patrimonialización real. Dado que poseen roles, funciones e intereses contrapuestos, su influencia y poder de decisión también varían. Con lo cual, continúa difiriéndose la resolución de la situación del Parque Ortega.

Reflexiones finales: el Parque Ortega como paisaje cultural patrimonializado

Luego de una confrontación entre resultados teórico-conceptuales y cuantitativos, se puede identificar que hay aspectos explícitos (representados en la información concreta) y otros presentes en el imaginario científico y sociocultural y que, si bien están representados o declarados en la información oficial, en la realidad no se cumplen, o no funcionan como debiera ser. El Parque General Ortega constituye un ejemplo de un espacio que desde el ámbito público ha sido legitimado como patrimonio según variadas normativas y niveles (local y provincial). Sin embargo, en la realidad es un espacio privado y símbolo de la desidia política frente a una demanda colectiva que tiene sus orígenes durante fines del siglo pasado y cuyas acciones sociales y resultados evidencian la importancia de este parque en términos ambientales, identitarios y socioculturales.

Por su parte, si se retoman las perspectivas de conceptualización y análisis patrimonial señaladas inicialmente (etimológica, crítica e integral), se observa que el caso de estudio responde a dos: la visión crítica y la integral. Esto se debe a que se alude a un proceso de patrimonialización, gestado y sostenido en el tiempo mediante una activa participación social, y en el cual, si bien interviene fuertemente la comunidad local, las decisiones han sido tomadas por actores gubernamentales, tanto el reconocimiento de interés municipal en 2011, como su legitimación como patrimonio en el 2012 por parte de autoridades provinciales. Junto a ello, cabe destacar que entre las normativas que sustentan su declaratoria, las Leyes 5961/92 y 6034/93 manifiestan el derecho a denuncias por parte de personas físicas frente a omisiones o infracciones que atenten contra su preservación, tanto como la pronta respuesta por parte del Estado, y la consideración de la antigüedad (más de 50 años) de los bienes que se patrimonializan y que pueden significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de Mendoza. Dichos aspectos en este caso no se están cumpliendo, ya que, como se refirió anteriormente, a pesar de las declaratorias, el parque continúa en manos privadas y no se ha llevado a la cabo la expropiación y efectiva puesta en valor (es decir, su recuperación y utilidad pública) por parte de los actores gubernamentales. Por lo cual, en este caso, se ha demostrado una falta de regulación y control estatal hacia el sector privado que, al adquirir el parque, procedió a restringir su acceso público y, con el paso del tiempo, comenzaron a observarse signos de desidia y abandono. Todo esto ha conducido a la compleja realidad actual del Parque Ortega. Frente a ello, cabe preguntarse ¿qué componentes influyen en este desinterés e invisibilización? ¿Por qué prevalece esta debilidad gubernamental?

Con relación a la visión integral del patrimonio, se está en presencia de una gran fuerza comunitaria que se siente identificada y representada con el parque, mantiene lazos afectivos, lo valora y lo defiende colectivamente. Por ello ha luchado durante muchos años (y continúa haciéndolo) a fin de conseguir la patrimonialización real y gestión adecuada del mismo para su disfrute social. En palabras de Cabrales Barajas (2019) existe un proceso de ciudadanización que constituye una vía que puede operar positivamente tanto en la auténtica definición de bienes patrimoniales como en su conservación.

Entre los principales logros de la comunidad local, se destaca la legitimación patrimonial provincial en el año 2012 (Dirección de Patrimonio y Museos, 2019) y previamente la declaración de interés municipal por parte del Honorable Concejo Deliberante de Maipú. Del mismo modo, la creación de la Comisión Pro-recuperación en el año 2019 y el involucramiento de distintos actores influyentes en la causa constituyen un hito clave del proceso de recuperación patrimonial.

Respecto de esta última perspectiva y considerando los aspectos teóricos desplegados, puede valorarse al Parque Ortega como patrimonio territorial, devenido en paisaje cultural patrimonializado debido a la variedad de componentes tangibles e intangibles asociados a este, la escala de análisis, la complejidad y articulación de actores sociales con intereses y objetivos disímiles y entre los cuales se establecen relaciones de poder, y la temporalidad, ya que el pasado, el presente y el futuro se encuentran presentes en dicho espacio y contemplados al momento de analizar la situación del parque y valorarlo conjuntamente.

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Fecha de recepción: 16/11/21

Fecha de aceptación: 15/08/22

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